¿Redistribución o hipocresía?

El gobierno presentó el proyecto de ley de Renta Inesperada. Un impuesto del 15% a las empresas que obtuvieron ganancias extraordinarias por la guerra en Ucrania.

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El gobierno anunció la presentación en el Congreso el proyecto de ley de Renta Inesperada propuesto por Guzmán. Se trata de un incremento temporal de 15 puntos a la alícuota del impuesto a las ganancias (cuyo máximo actual es 35%) de las empresas que hayan logrado un beneficio extraordinario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

El proyecto fue anunciado en una conferencia de prensa el pasado lunes 6 dictada por el presidente Alberto Fernández junto a su Ministro de Economía. Dos días después era enviado al Congreso por mesa de entrada.

Atajándose de las críticas por derecha, el presidente se justificó afirmando que “países que no son de izquierda” como Gran Bretaña e Italia han aplicado medidas similares. En ambas naciones se impulsaron retenciones extraordinarias a empresas del rubro de la energía durante la pandemia.

Parte de la campaña oficial argumenta que incluso el propio FMI apoya el incremento temporal de impuestos en tiempos de pandemia o de guerra. Así lo manifestó en un informe técnico del organismo internacional que difundió en nuestro país la agencia de noticias oficial Télam.

Ganancias extraordinarias

Debido al carácter de productor de granos de Ucrania (considerándolo junto a Rusia representa bloque de mayores proveedores mundiales de trigo) la invasión a su territorio está provocando una escasez de oferta en el mercado internacional. Esto ha derivado en un aumento histórico del precio de los granos. La situación amenaza con generar hambrunas en algunas regiones del globo y favorece a los empresarios de países agroexportadores como Argentina.

Las materias primas que exporta nuestro país transitan un incremento extraordinario en sus cotizaciones. Sus precios se ubican un 50% por encima del promedio de los últimos diez años. El cobre y los derivados de la soja son los que más subieron. En el caso de la soja, su tonelada cotiza internacionalmente en el sideral precio de US$ 650. Su tendencia alcista plantea la expansión de sus cultivos y un incremento muy significativo de las ganancias del sector.

Es sobre estas jugosas ganancias sobre las que el gobierno quiere echar mano. Si bien la campaña oficial apunta a que los fondos se utilizarán para una redistribución más equitativa, es real que el propio gobierno está impulsando un ajuste vía inflación que viene erosionando fuertemente el poder adquisitivo de millones de trabajadores.

Los detalles del proyecto

La medida afectará a las empresas que hayan registrado una Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a los mil millones de pesos y que además cumplan con algunas de estas condiciones:

  • Que el margen de ganancia en 2022 sea superior al 10%
  • Que la suba del margen de ganancia en 2022 respecto de 2021 sea del 20% o más.

La alícuota representará un 15% extra. El destino de esos fondos será el Fondo Rentas Generales de recursos coparticipables. Es decir que, a pesar del discurso oficial de “redistribución”, los fondos podrán ser usados para cualquier finalidad, incluso pagarle al FMI.

El proyecto desató la furia de ciertos sectores de los capitalistas argentinos. Juntos por el Cambio ya anticipó que votará en contra. También se han levantado voces disidentes entre sectores de empresarios como la Unión Industrial Argentina y el conjunto de las patronales agrarias. No quieren saber nada con repartir la torta.

Hipocresía

El gobierno deja correr un ajuste inflacionario que alimenta con tarifazos y ajuste fiscal. Las previsiones inflacionarias no bajan del 70%. Mientras, los dirigentes sindicales peronistas se encargan de mantener las negociaciones paritarias por debajo de esa cifra y en cuotas. El discurso de redistribución tiene su hipócrita contracara en los millones de trabajadores que batallan para llegar a fin de mes ante el deterioro permanente de su poder adquisitivo.

El ajuste que el gobierno aplica de la mano con el FMI es la garantía, en última instancia, de la ganancia extraordinaria que se embolsan los capitalistas a costa de cada vez más explotación y precarización laboral. El impulso de una ley como la de la Renta Inesperada se explica por la presión del desencanto que el ajuste del Frente de Todos está causando entre millones de trabajadores. Una medida «progre» en un mar de ajuste.

Por su puesto que es progresiva una medida que apunte a redistribuir las ganancias millonarias que se están embolsando las patronales, en tanto y en cuanto la redistribución de ese ingreso sea efectiva y no termine usándose el dinero para pagar la deuda con el FMI, fin de cada uno de los recortes fiscales que el gobierno planea llevar adelante.

La medida es, sin embargo, insuficiente. Afectaría a una pequeñísima parte de las empresas. El propio Guzmán comentó que “en 2021, tan solo el 3,2% alcanzó una ganancia superior a mil millones». ¿Qué pasa con las empresas que se embolsan ganancias siderales de 500, 600 o 700 millones? ¿No sería justo que también aporten algo a la «redistribución»?

Hacen falta medidas anticapitalistas

Además de esta alícuota por única vez, habría que aplicar una suba al 50% en las retenciones a sectores alimenticios clave como la soja, el trigo y el maíz. Por otra parte, sin un control estatal férreo del comercio exterior van a seguir fugándose de manera ilegal miles de millones de dólares. Las empresas argentinas evaden impuestos, triangulan exportaciones y operan con mil maniobras para fugar su dinero al exterior, como salió a la luz con el affaire de Vicentín. Frente a la evidencia palmaria de fraude al Estado, Fernández no fue capaz de avanzar con la estatización.

Es necesaria la aplicación de un programa anticapitalista que apunte a frenar la inflación y mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores. Suspensión inmediata del pago de la deuda externa, aumento significativo de las retenciones al agro, estatización de la banca, férreo control del comercio exterior, aumento del salario mínimo a 160 mil pesos, fin de la precarización laboral, apercebimiento penal y estatización de las empresas que remarquen precios desmedidamente. Éstos serían algunas medidas para un programa consecuente de redistribución del ingreso.

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