El año político comenzará con el tratamiento de la contrarreforma laboral en el Congreso, con fecha estimativa del 10 de febrero. Una enorme batalla cuya dimensión y profundidad exceden la relación estrictamente laboral entre trabajadores y patrones. No es un simple ataque más que lanza el gobierno de Milei en su guerra contra los trabajadores. Por el contrario, en su contenido profundo esboza una forma de relación laboral que se corresponde con un modelo económico agroexportador, extractivista, de producción de servicios energéticos, y un paraíso para los capitales financieros. Es decir, de reprimarización de la economía. Para lo cual, las conquistas de los trabajadores logradas en el periodo de relativa industrialización conocido como industrialización por sustitución de importaciones, con sus distintas etapas entre 1930 a 1976, conquistas que sobrevivieron a la dictadura y los ataques neoliberales hasta el día de hoy, sobran.

En la cabeza podrida del gobierno de extrema derecha podría decirse: “demasiados derechos para un país que tiene que dedicarse a producir y vender plantas, animales y minerales”. Demasiada cultura, demasiadas universidades y ciencia, un país demasiado urbano y “moderno”, aún a pesar del derrumbe acumulado a lo largo de décadas, al que hemos hecho referencia en varias oportunidades.[1] De allí la característica “esclavista” de la “contrarrevolución laboral” planteada.

Visto en perspectiva, resulta vergonzosa la caracterización de quienes comparaban a este gobierno con Menem o Macri, un gatito mimoso, u otro gobierno neoliberal, pero más ajustador. Peor aún, dan mayor claridad sobre la entrega histórica del peronismo que le regaló la elección de octubre a Milei.

Si el año político comenzará las primeras semanas de febrero, la preparación de la pelea contra este ataque global tuvo su inicio el 18 de diciembre pasado con una convocatoria formal de la CGT a un acto flaco en Plaza de Mayo, y con la movilización independiente de un sector de sindicatos combativos, centros de estudiantes y la izquierda. Preparación que continúa de cara a la sesión en el Congreso y que debe tener como centro la exigencia a la CGT y las centrales de un paro activo para derrotar el plan de Milei.

Fricciones por arriba

A mediados de noviembre el gobierno implementó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos sobre algunos rubros que dan cuenta de lo anterior. En lo grueso, habilita al país imperialista a exportar productos farmacéuticos, automóviles, maquinaria, tecnología de información, además de productos agrícolas y carne bovina y avícola. Como contraparte, Argentina exportará sin barreras aduaneras recursos naturales no disponibles en el país del Norte (minerales fundamentalmente) y artículos no patentados para uso farmacéutico, además de algunos productos agropecuarios que ya eran parte de las exportaciones.

En concreto, un acuerdo absolutamente beneficioso para Estados Unidos, mientras que muchos de los productos que se importen a Argentina perjudican la industria local, como la farmacéutica, con cierto desarrollo local, la automotriz, además de habilitar el comercio libre de protección respecto de carnes que también se producen en el país.

En el mismo sentido, el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, suspendido tras la judicialización del Parlamento Europeo impulsada por Francia, entre otros países con peso agrario y que lo rechazan porque perjudicaría su economía al habilitar la importación de productos agrarios, tiene en el plano económico la misma lógica de reprimarización. Esto, más allá del elemento político contradictorio de ser un acuerdo (ahora suspendido) que va a contramano de la lógica trumpista de considerar al continente su esfera exclusiva de influencia, y del enfrentamiento entre EEUU y la UE que se consolidó con la intervención de Trump en Venezuela y con las amenazas sobre Groenlandia que fueron el principal tema de debate en Davos.

La orientación aperturista de la economía que impulsa el gobierno; es decir, la eliminación de impuestos a la importación de bienes que entran en competencia con producción local, desde productos textiles, hasta tecnología, bienes metalúrgicos y automotores, han provocado el alerta en sectores de la burguesía local. El propio Paolo Rocca, de los capitalistas industriales más importantes del país, advierte la pérdida de terreno de la industria metalúrgica y siderúrgica, que cayó a su punto más bajo desde la pandemia a causa de la importación cada vez mayor de bienes chinos, y reclama que “además de nivelar la cancha (en referencia a la contrarreforma laboral), hay que defender profundamente la estructura industrial” (La Nación).

En contraste, el RIGI, una de los puntos más importante de la Ley Bases, orientada a inversiones extranjeras a cambio de la exención de impuestos y posibilidades de repatriar ganancias a los países de origen, sin dejar un centavo en el país. El resultado es que, al momento, el 97% de las inversiones bajo este régimen de entrega total ha sido de empresas mineras y de energía, cuyo impacto en la generación de empleo es ínfimo, además de la destrucción ambiental y la contaminación que generan los métodos de extracción utilizados (Liotti, La Nación).

La depresión sostenida bajo los últimos gobiernos de una economía que no crece, entre otras razones por falta de inversiones y por una clase dominante incapaz de plantear un programa para desarrollo independiente del país respecto de las potencias imperialistas, para lo cual se requieren medidas anticapitalistas, se combinan ahora con un gobierno retrógrado que pretende reducir la estructura social del país a poco más que sus ventajas comparativas (productividad de la tierra, minerales, petróleo, gas) y algunas industrias asociadas. Un intento “ruralizador” que choca con los intereses de sectores de la burguesía, y con la realidad de un país en que 9 de cada 10 personas viven en zonas urbanas (uno de los promedios más altos del mundo) producto de la atracción que generaron las ciudades y su industria, comercio y construcción durante parte del siglo XX.

Si en relación a la contrarreforma laboral hay un interés general común en la burguesía respecto del ataque a los trabajadores, la orientación que intenta imprimirle Milei al país genera cortocircuitos. Su gobierno de extrema derecha no es representante directo de los empresarios, como sí lo era Macri, sino un gobierno reaccionario y oscurantista que pretende reducir a Argentina a una semicolonia, lo cual abre posibilidades de divisiones entre sectores de la burguesía autóctona. Divisiones que, de ocurrir de manera más abierta, pueden ser de absoluta importancia para facilitar la irrupción de la lucha independiente de las y los trabajadores.

Tampoco respecto de la propia ley de contrarreforma hay acuerdo cerrado con la presentación del gobierno. Días atrás la CAME, Cámara de “medianas” empresas, alertó respecto de algunos puntos de la ley que, de aplicarse, podrían generar un aumento de la conflictividad laboral, e inestabilidad jurídica por chocarse con derechos constitucionales. Una alerta que reconoce relaciones de fuerzas que podrían expresarse con contundencia ante sectores patronales con “menos” espalda.

Por su parte, los gobernadores aliados y “opositores” también reclaman aspectos impositivos que abarca la contrarreforma, como la eliminación de impuestos a las empresas que son actualmente coparticipables, que significarían un recorte de más de 1 billón de pesos para las provincias y CABA,  entre los que Buenos Aires asumiría el recorte mayor, con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones)… una millonada que, en el marco en que el gobierno desinvierte en las rutas nacionales e infraestructura, son sensibles en extremo para los caudillos locales.

La ley esclavista no puede pasar

El proyecto de contrarreforma es tan integral que no deja en pie ninguno de los aspectos progresivos de defensa de las condiciones laborales y derechos de los trabajadores. Desde los convenios colectivos hasta el derecho a huelga, desde la extensión de la jornada laboral hasta la práctica liquidación de las indemnizaciones, llegando incluso a habilitar el pago en cualquier moneda extranjera e, incluso, en alimentos, lo cual significa incluso la alteración de la relación asalariada que supone la libertad del trabajador para disponer “libremente” (en el marco de la relación de explotación capitalista, claro está) de qué hacer con su salario.[2]

La brutalidad del ataque deja al desnudo el rol traidor de la CGT que se ha dedicado a recorrer las provincias para explicarles a los gobernadores porqué no tienen que votar el proyecto reaccionario. La renovación de la cúpula cegetista no ha traído grandes novedades, son la misma calaña que venía al frente de la Central. Pero tampoco tienen atado el plan conciliador con el gobierno. Sectores como la UOM de Furlán se han expresado tímidamente por la necesidad de un paro general, pero sin formular una exigencia o llevar adelante medidas de presión reales más que declaraciones y pedidos de reflexión al triunvirato sindical. Aún así, expresan las dificultades para garantizar, mediante la pasividad, que la contra reforma pase sin más. Otros sectores, como el Sindicato de Aceiteros, ha anunciado un paro y movilización al Congreso.

Por su parte, el SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación), ha cumplido el rol de vocero del conjunto de los trabajadores en los principales medios de comunicación, denunciando el contenido retrógrado del proyecto de ley, y exigiendo a la CGT el paro general, además del capítulo específico que refiere a legalizar el no reconocimiento a los repartidores como trabajadores. Es decir, pasar de un desconocimiento de la relación laboral de hecho (que en el marco del vacío legal permite en contados casos pelear judicialmente situaciones de despidos o accidentes, o incluso el reconocimiento del sindicato, a pesar de la absoluta precarización y la ausencia de derechos) a un desconocimiento de derecho. Un rol de absoluta importancia por parte de un sindicato de base, que se destaca por su rol prácticamente único respecto de la denuncia sindical contra el ataque de Milei.

Desde el Nuevo MAS hacemos un llamado a los sectores que participaron de la columna independiente del 18 de diciembre en la movilización de rechazo a la contrarreforma, y a las organizaciones sindicales, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, feministas y diversidades y ambientalistas a impulsar una convocatoria para el día en que se trate el proyecto de ley en el Congreso, cuya premisa principal debe ser el rechazo absoluto a todo el proyecto esclavista y cada uno de sus capítulos, así como la exigencia a la CGT de un paro general y plan de lucha hasta que caiga la ley y todo el plan de Milei. Quienes afirman que la ley ya pasó, como dice el peronismo por abajo mientras toman café en el Congreso, le hacen el juego a Milei. La contrarreforma no puede pasar y es tarea de los anticapitalistas impulsar la máxima movilización para derrotarla.

[1]Al respecto de una evaluación profunda de la crisis orgánica del país, hemos votado en nuestra Convención Nacional la elaboración de un documento nacional que se publicará próximamente.

[2]Ver al respecto las notas sobre el contenido de la contrarreforma en la presente edición.