El presidente panameño, José Raúl Mulino, fue el testigo de “honor” de la firma del documento que representa una nueva forma de injerencia imperialista en Panamá.

Bajo el pretexto de fortalecer la seguridad y combatir amenazas como el crimen organizado y los flujos migratorios, el acuerdo legitima la presencia militar de Estados Unidos en Panamá, reeditando viejos esquemas de subordinación y dependencia.

La Zona del Canal 2.0

La Zona del Canal fue un territorio controlado por Estados Unidos desde 1903 hasta 1999, ubicado a lo largo del Canal de Panamá. Era una franja de tierra de aproximadamente 8 kilómetros de ancho que no formaba parte de Panamá de facto, sino que funcionaba como una colonia estadounidense dentro del país, con su propia administración, leyes, policía, escuelas, hospitales, correos y moneda.

Es decir, fue una franja colonial en el corazón del país durante casi un siglo; un territorio estratégico militar y comercial que simbolizó la injerencia imperialista norteamericana en América Latina.

El “memorando” firmado recientemente, representa un paso en la aspiración estadounidense de resucitar ese enclave y hacerse con el control del Canal. El acuerdo permite la instalación de bases militares y el despliegue de personal del Ejército de Estados Unidos en territorio canalero.

Contempla la presencia de personal militar y contratistas estadounidenses, así como la posibilidad de construir instalaciones, almacenar armamento, realizar ejercicios militares, operaciones en el Darién, y establecer centros de entrenamiento similares a los de la antigua Escuela de las Américas (un centro de formación de militares golpistas y represores reconocido por instruir en técnicas de tortura), tales como la reactivación de la Escuela de Operaciones en Fort Sherman y el establecimiento de tropas rotarias en las bases Rodman y Howard.

También, se incluye la reactivación del ejercicio Panamax Alfa a partir del 2026, lo que convierte al istmo en un teatro de operaciones militares a favor del imperialismo. Este es un operativo del Comando Sur del Ejército estadounidense que contempla tres fases.

La Fase I involucra a diferentes fuerzas policiales nacionales en la planificación operacional de acciones de respuesta interna en escenarios urbanos y rurales. La Fase II destina entre 50 y 70 unidades del Ejército estadounidense a ejercicios para contrarrestar posibles amenazas. Finalmente, la Fase III incorpora efectivos de terceros países y se centra en acciones para neutralizar por completo amenazas al Canal con unidades aéreas y navales.

A pesar de las críticas, el gobierno panameño insiste en que no se lesiona su soberanía, alegando un criterio formal: el tratado habla de acciones bilaterales que requieren el consenso entre las partes y establece que tendrán una duración de tres años (prorrogables indefinidamente por períodos iguales).

Lo cierto del caso es que se brindan una serie de privilegios y concesiones al gobierno estadounidense para que utilicen las instalaciones y el territorio panameño en actividades militares.

Lo dice la historia

Estas acciones se enmarcan en la ofensiva de Trump para hacerse con el control del Canal de Panamá en medio de la disputa con China. Asimismo, denotan el resurgimiento de los rasgos del imperialismo de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el cual tenía en la conquista y control territorial su principal forma de expansión y fortalecimiento.

En ese marco, el presidente estadounidense ha dejado claro que no respeta los «consensos» de la segunda posguerra y, por el contrario, se rige bajo la idea de que se imponen las relaciones de fuerza (el llamado “hard power”). Las convenciones y tratados son desplazados por las amenazas militares y los aranceles.

Para clarificar las intenciones norteamericanas, vale enterarse de cómo abordan esta firma. Hegseth, en una reunión de gabinete, caracterizó el acuerdo como uno en que se está “recuperando el Canal” y, en la versión en inglés del documento, se omite el reconocimiento a la soberanía panameña. Además, en declaraciones a la cadena Fox News, declaró que China no puede controlar “nuestro propio patio trasero, especialmente una vía fluvial crítica, un terreno clave como el canal de Panamá”.

Más allá de que Trump se caracteriza por ser muy hablador, queda claro que su propósito táctico no es tan apacible como lo pintan. Para entenderlo mejor, solo hay que ojear el historial injerencista en el país.

En 1846, Colombia (país del cual era parte entonces el territorio de Panamá) firmó el tratado Mallarino-Bidlack con Estados Unidos, al cual le otorgó libre tránsito por Panamá a cambio de garantizar su soberanía. Esto fue tomado como una legalización de las intervenciones militares para asegurar la circulación de personas y mercancías según sus intereses.

Posteriormente, Estados Unidos propuso la construcción del canal interoceánico con la condición de que se le asegurará la operación durante 100 años, lo cual fue rechazado por el Senado colombiano.

Ante esa negativa y en pos de asentar sus intereses, Estados Unidos apadrinó el reclamo independentista panameño enviando tropas y barcos que bloquearan a las fuerzas colombianas. Una vez separados, en 1903, firmaron con el nuevo gobierno el tratado Hay-Bunau-Varilla, que le cedió a Estados Unidos el control perpetuo de lo que posteriormente sería la Zona del Canal.

Con el paso del tiempo y, ante lo absurdo de soportar una zona de exclusión en medio del país, fueron creciendo las exigencias para terminar ese dominio con protestas de diversa índole. En 1977, los presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos acordaron la devolución paulatina del Canal y el enclave hasta 1999.

Sin embargo, Estados Unidos siguió considerando al país parte de su patio trasero e interviniendo en sus asuntos internos. Así, en 1989, lanzaron la Operación Causa Justa, una invasión militar para derrocar a Manuel Noriega con la finalidad de colocar un gobierno más afín a los intereses norteamericanos, un episodio que dejó múltiples muertes y que hoy se mantiene muy presente en la sociedad panameña.

El entreguista Mulino

El gobierno de Mulino solo necesitó una mala mirada de Trump para entregar todo lo que le pidieron y más. Primero, rescindió todos los acuerdos relacionados con la Ruta de la Seda impulsada con China (un mega plan de inversiones globales de ese país para consolidar y expandir su influencia) y se instauraron auditorías especiales a la empresa hongkonesa que administra los puertos de Balboa y Cristobal. Además, se anunciaron nuevas inversiones de empresas estadounidenses en los puertos canaleros, dejándose guiar por los dictados trumpistas.

Luego, aceptó ser un país puente para la política reaccionaria de deportaciones de Estados Unidos. Junto con México, se convirtió en el guardafronteras de Trump al llevar adelante una ofensiva contra las personas migrantes que cruzan el país en camino hacia el norte. Colocó cientos de kilómetros de alambres de púas en los pasos frecuentes de migrantes a través de la selva, obstaculizando una travesía que ya de por sí es extremadamente peligrosa y cerró los centros migratorios que servían de asistencia.

En 2024, según el Servicio Nacional de Migración, 302 mil personas cruzaron el tapón del Darién y, en la actualidad, el gobierno estima que esa cifra disminuyó en un 98%.

Ahora, firmó este “memorando” que no es un acuerdo “neutral”. Es un pacto completamente desbalanceado y cuya moneda de cambio es la soberanía panameña a cambio de una “seguridad” que pone en peligro al país de ser invadido. ¿Cómo se puede hablar de soberanía y, al mismo tiempo, permitir la entrada y establecimiento de tropas extranjeras imperialistas, las mismas que hace 30 años derrocaron un gobierno y mataron a cientos de personas?

Por si esto fuera poco, el gobierno panameño aceptó trabajar “en un mecanismo que permita compensar servicios prestados en materia de seguridad por peajes de buques de guerra y buques auxiliares, buscando un esquema de costo neutral”. Es una de las exigencias de Trump para mejorar su posición militar geoestratégica, la cual rompe con la declaración del Canal como un paso abierto a todas las naciones con el pago de tarifas independientemente del país de origen o destino.

Y es que Trump ha sido claro en que su intención es retomar el control del Canal, lo que está abierto es la forma en que lo planea hacer. Desde el inicio de su gestión, instruyó al Comando Sur para que diseñara estrategias al respecto.

Por el momento, se han hecho públicas varias opciones, las cuales van desde la cooperación panameña hasta la intervención por la fuerza, pasando por el reforzamiento de la seguridad en los puertos, la construcción de nueva infraestructura defensiva, o el entrenamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la operación de las esclusas (esto deja abierta la posibilidad para desplazar las operaciones civiles por las militares).

Frente a esta coyuntura de amenazas e imposiciones, el pueblo panameño ha comenzado a levantar la voz. La resistencia popular cobró fuerza en los últimos meses.

En febrero, por ejemplo, trabajadores, estudiantes y movimientos sociales salieron a las calles para rechazar las amenazas del gobierno de Trump y la visita del secretario de Estado, Marco Rubio. Esas movilizaciones antiimperialistas, que fueron reprimidas por el gobierno de Mulino, marcaron el inicio de lo que podría ser un nuevo ciclo de protesta social en defensa de la soberanía nacional.

Tras la firma del acuerdo, las manifestaciones se han intensificado. El Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ha encabezado protestas masivas denunciando el entreguismo del gobierno y la ocupación silenciosa del país. A esta lucha se han sumado distintos gremios, grupos juveniles, organizaciones indígenas y movimientos ambientalistas, en lo que podría convertirse en una movilización de carácter nacional.

En el plano legal, ya se denunció el acuerdo por inconstitucional. De acuerdo con la legislación panameña “los tratados o convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal, así como la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo y, luego de su aprobación, serán sometidos a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa”. Este procedimiento legal claramente no se cumplió, ya que el gobierno señala que no se está ante un tratado o convenio internacional, sino de un “memorándum”, un acto administrativo.

Más allá de los elementos legales formales, lo cierto es que ese acuerdo marca un precedente en la injerencia de Estados Unidos en el país. Este memorando no es un simple documento técnico. Representa un retroceso histórico en la lucha por la soberanía panameña, reinstala la lógica del patio trasero, y confirma la sumisión del gobierno de Mulino ante la agenda imperialista de Washington.

Ante este escenario, la pregunta es ¿cómo organizar la resistencia popular? La lucha por la soberanía panameña está viva en las calles, en las universidades, en los sindicatos y en las comunidades. Hay que disputar porque se procese con una perspectiva anticapitalista y antiimperialista. Es allí donde se gesta la posibilidad de revertir este acuerdo.

Panamá no debe ser una plataforma militar ni una ficha en los juegos geopolíticos de las potencias. La dignidad de los pueblos no se negocia. El pueblo panameño y latinoamericano merece respeto, autodeterminación y libertad.