El pasado sábado 15 de marzo, Trump hizo uso de la “Ley de Enemigos Extranjeros” para acelerar su política de deportaciones racista, anti inmigrante y de extrema derecha. De esta forma, envió a cientos de personas hacia los tres países centroamericanos, para lo cual contó con la colaboración de sus respectivos gobiernos, acordada durante la visita de Marco Rubio (Secretario de Estado) a la región en febrero.

Desde su ascenso a la presidencia en enero, Trump y su administración arremeten brutalmente contra la población migrante. Con una política de deportaciones completamente hostil y reaccionaria, persiguen, detienen y amedrentan contra uno de los sectores de la clase trabajadora más vulnerables y explotados por su condición de irregularidad. 

Una vieja ley contra los extranjeros

La ofensiva trumpista se profundizó con la aplicación de la “Ley de Enemigos Extranjeros” (Alien Enemies Act), una ley de hace 227 años. Fue aprobada en 1798, cuando los Estados Unidos estaba al borde de entrar en guerra con Francia y pretendía “prevenir el espionaje extranjero”. Sin embargo, solo ha sido aplicada en tres ocasiones; la primera, en 1812, cuando EEUU estaba en guerra con el Reino Unido y, las otras dos, durante la primera y segunda guerras mundiales.

En la primera guerra se detuvieron a 6.300 alemanes como si fueran “enemigos extranjeros”. Dichas detenciones transcurrieron en un plazo de año y medio, pues EEUU ingresó a la guerra en abril de 1917 y el armisticio se firmó en noviembre de 1918. Para la segunda guerra encarcelaron a más de 30.000 personas alemanas, italianas y, sobre todo, japonesas, a quienes consideraban como potenciales peligros. Muchas de estas personas en realidad eran ciudadanos estadounidenses de origen japonés.

Esta ley faculta al gobierno a detener y expulsar a las personas extranjeras sin necesidad de un debido proceso legal, por lo cual no se puedan defender, aportar pruebas o apelar ante otras instancias judiciales. Claramente, lo que busca el gobierno de Trump es agilizar las deportaciones masivas de inmigrantes latinoamericanos alegando que todos son “delincuentes”, una política que, además de racista y xenofóbica, deja a los sectores trabajadores más vulnerables sin posibilidad de defenderse, aunque sean deportados sin pruebas que sustenten las acusaciones del gobierno estadounidense. 

Centroamérica como puente de las deportaciones

En días recientes, 238 venezolanos fueron deportados a El Salvador, los cuales se mantendrán encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega-cárcel de Bukele. Como expusimos previamente, la deportación y encarcelamiento de las personas detenidas se realizó sin mediar ningún juicio ni presentación de pruebas en contra, pues Trump declaró como organización terrorista al “Tren de Aragua”, una pandilla venezolana que utiliza como “chivo expiatorio” para justificar esta nueva avanzada de deportaciones al amparo de la “Ley de Enemigos Extranjeros”. 

Tampoco el gobierno salvadoreño les ofrecerá ningún tipo de garantía legal o posibilidad de realizar un proceso judicial contra su deportación y confinamiento. Al gobierno autoritario de Bukele, lo único que le interesa es aprovechar la capacidad de su mega-cárcel y llenarla con personas migrantes deportadas, pues los EEUU le pagarán USD $6 millones por mantenerlas detenidas al menos por un año en dicho complejo carcelario, conocido internacionalmente por el uso de métodos represivos y múltiples violaciones de los derechos humanos. 

Sumado a esto, a Costa Rica fueron enviados 230 personas migrantes (más de 50 niños) de diferentes países de Asia central, como Afganistán, Irán, China, Rusia, Georgia, Uzbekistán, Vietnam y otros. Hay que tomar en cuenta que, algunas de estas personas, posiblemente salieron de sus países por persecución política o amenazas a su integridad de parte de sus respectivos gobiernos o grupos armados, por lo que, enviarlos a la fuerza a sus países de origen, pondría en peligro su integridad física e incluso sus vidas. 

El canciller de la República de Costa Rica, Arnoldo André, dijo que “en el marco de la relación de amistad y cooperación con Estados Unidos”, el gobierno costarricense aceptó ser un “país puente” para la deportación de terceros hacia sus respectivos países. Además, el presidente Rodrigo Chaves, declaró que “Estados Unidos nos está tratando muy bien y nosotros a ellos también, porque somos colaboradores cercanos […]. Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan, –que no creo que lo vayan a hacer– y además amor con amor se paga”. 

Sumado a esto, a Panamá también fueron enviadas 300 personas deportadas de países como China, India, Irán, Vietnam, Uzbekistán, Nepal, Pakistán, Turquía, Sri Lanka y Afganistán. 

Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de Panamá, de las 300 personas hay 128 que no desean retornar a sus países, sean porque se encuentran en guerra, con regímenes autoritarios que les podrían perseguir, o incluso, fundamentalistas islámicos que persiguen gente que no sigue esa religión como en los casos de Irán y Afganistán. El gobierno panameño declaró que no va a dar asilo a estas personas, y mientras tanto se mantienen en un limbo sus vidas, una tragedia humana del capitalismo en crisis del siglo XXI.

El nivel de subordinación del gobierno panameño es tal que colabora dócilmente con la política de deportaciones masivas de Trump, a pesar de las amenazas del imperialismo por retomar el control del Canal de Panamá, una amenaza que podría materializarse pronto y afectar gravemente la soberanía del país centroamericano. 

En otra palabras, el gobierno panameño agacha la cabeza para ver si el “amigo del norte” no lo molesta demasiado, lo cual no está garantizado de ninguna manera, pues el conflicto real del imperialismo norteamericano es contra el imperialismo en construcción de China, y, si para frenar a este último consideran estratégico invadir Panamá para “recuperar” el Canal, lo van a hacer, colaboren o no los políticos locales con las deportaciones.

Por último, el panorama es complejo para los países centroamericanos, pues como lo migrantes son deportados a la fuerza por Estados Unidos y, por tanto, en los hechos deja de tener responsabilidad sobre esas personas, más allá que digan que se harán cargo de los costos de hospedaje, alimentación, transporte y tiquetes aéreos de las personas deportadas.

A los gobiernos colaboracionistas hay que derrotarlos en las calles

Hay muchas críticas contra el gobierno estadounidense por aplicar una ley de guerra en “tiempos de paz”. La llegada de Trump al poder es en sí misma una “declaración de guerra contra los explotados y oprimidos del mundo”, no contra alguna supuesta «amenaza extranjera», lo cual queda en evidencia con políticas como esta. 

Trump está en guerra contra los de abajo, es decir, la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, diversidades y los sectores sociales oprimidos. Por ello, debemos prepararnos para pelear contra la política migratoria racista y xenófoba de su administración y, al mismo tiempo, contra el vergonzoso colaboracionismo de los gobiernos de El Salvador, Costa Rica y Panamá. 

En este momento, se hace más necesario que nunca retomar las banderas de lucha anti-imperialista y anti-capitalista en Latinoamérica. Es preciso transformar el miedo en organización por abajo para enfrentar al trumpismo y sus colaboradores, coordinando con el activismo en los Estados Unidos que resiste la persecución, la represión y el amedrentamiento de la extrema derecha. 

Para erosionar el apoyo hacia Trump y cortar el “puente” que utiliza para realizar las deportaciones a Centroamérica, es necesario impulsar una campaña de denuncia y movilizaciones internacionales para exigir el fin del colaboracionismo de los gobiernos de Nayib Bukele, Rodrigo Chaves y Raúl Mulino. 

Junto con esto, hay que exigir a esos gobiernos que respeten los derechos humanos de las personas migrantes que ya fueron deportadas, incluyendo la posibilidad de retorno hacia los Estados Unidos de manera regularizada. 

Por último, la resistencia contra la política migratoria racista y xenófoba da Trump debe estar ligada a la defensa de la soberanía de Panamá sobre el Canal.