Desde el inicio de la política de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, unos 270 migrantes fueron enviadas hacia El Salvador, bajo la acusación -sin pruebas- de que son miembros de la organización criminal venezolana “El Tren de Aragua” o pandilleros de la MS-13. Asimismo, a Costa Rica enviaron otras 200 personas migrantes, y a Panamá cerca de 300. 

Este éxodo ya es una crisis humanitaria que sufren las personas deportadas y sus familias, en su mayoría pertenecientes a la clase trabajadora.

Aunque el objetivo declarado por el gobierno trumpista es la deportación de 1 millón de migrantes en el primer año (una cifra bastante mayor que los 400 mil récord que expulsó Obama), es una política tan caótica que algunos sectores de la burguesía norteamericana presionaron a la Casa Blanca para que eximiera a sus trabajadores de las deportaciones. 

Es el caso de las industrias agrícola y hotelera. La primera tiene una clara dependencia de los trabajadores migrantes para garantizar la recolección de las cosechas y, de esta forma, lograr que los alimentos del agronegocio lleguen a los mercados de todo el mundo. 

La importancia que tiene el sector migrante trabajador es tal que, aproximadamente, “la mitad de los dos millones de trabajadores de granjas en el país carecen de estatus migratorio legal, según estadísticas de los Departamentos de Trabajo y de Agricultura citadas por la agencia. La agricultura y otras industrias relacionadas contribuyen además 1.5 billones de dólares al producto interior bruto (el 5.6%), según cifras de 2023 del Gobierno”. 

El obrero salvadoreño deportado “por error”

En semanas recientes, trascendió en las noticias la deportación “por error” de un inmigrante salvadoreño, trabajador y padre de tres hijos, el cual fue enviado desde los Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el Salvador. El motivo de la deportación de Kilmar Armando Ábrego García fue su supuesto vínculo con la pandilla MS-13, lo que desmiente la familia y su abogada.

Por el contrario, Kilmar era un obrero metalúrgico en una fábrica en Maryland y miembro del sindicato “Asociación Internacional de Trabajadores del Metal, Aéreo, Ferrocarril y Transporte”. Desde hace 14 años estaba radicado en los Estados Unidos y, en el año 2019, un juez de inmigración emitió un fallo para protegerlo de una posible deportación, debido a la amenazas de muerte en su contra por parte de una pandilla que quería extorsionar el negocio de pupusas (comida típica salvadoreña) de su familia.  

A pesar de que el gobierno de Trump reconoció el error, el vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, defendió la deportación alegando que era miembro de la mencionada pandilla, sin aportar una sola prueba.

Mientras tanto, Kilmar se encuentra encarcelado en un centro cuestionado por las constantes violaciones a los derechos humanos, donde está expuesto a ser torturado y no puede siquiera comunicarse con su familia. La esposa de Kilmar, Jennifer Vásquez, mencionó que no se comunica con él desde el 15 de marzo, el mismo día que fue deportado. “Estamos muy dolidos. Mis hijos preguntan todos los días ¿cuándo va a volver a casa papá?. Se equivocan porque mi esposo no es un pandillero, en realidad es un padre increíble y un esposo maravilloso”, declaró a los medios de prensa internacional.

Una jueza federal, ordenó al gobierno de Trump que devuelva a los EEUU al obrero salvadoreño deportado “por error”. Sin embargo, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a la jueza como una “marxista” y alegó que no tiene autoridad o jurisdicción sobre El Salvador, por lo cual no puede hacer nada al respecto.

Lo anterior es un absurdo. El mismo gobierno que declaró una guerra comercial a prácticamente todo el planeta y pretende doblegar a China, que hace de mediador para alcanzar un cese al fuego en Ucrania y amenaza con controlar el Canal de Panamá y Groenlandia por la vía militar, sostiene que no puede pedirle a un pequeño Estado centroamericano, dependiente de los Estados Unidos, que retorne a un migrante deportado «por error». 

Sumado a esto, el pasado lunes (14-04-2025), la visita de Bukele a la Casa Blanca sirvió como un refuerzo a la alianza de este gobierno cipayo centroamericano con el imperialismo norteamericano. Ambos gobernantes “se dieron las manos” como colaboradores en la política de deportaciones masivas de Trump, la cual se realiza por fuera del marco legal y contrario a los derechos humanos. 

Esto quedó en evidencia cuando Bukele afirmó, con relación al caso de Kilmar, “¿Cómo puedo enviarlo de vuelta a Estados Unidos? ¿Como si lo hiciera entrar clandestinamente en Estados Unidos? (…) No tengo el poder de enviarlo de vuelta a Estados Unidos”.

El colaboracionismo es tan despreciable que los halagos mutuos entre Trump y Bukele siguieron: “Nos están ayudando. Se lo agradecemos” (Trump). – “Estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de ayudar”, (Bukele). No han aportado una sola prueba de que las personas deportadas y que se encuentran detenidas en la cárcel salvadoreña, sean realmente miembros de pandillas, como pasa en el caso de Kilmar. 

Aún así, la política de deportaciones masivas continúa amenazando las condiciones de vida de miles de migrantes y sus familias en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, los discursos del gobierno trumpista buscan atacar a la izquierda, alegando que la jueza es “marxista” y golpeando a una organización sindical como en la que participaba Kilmar.

Deportaciones masivas tercerizan el problema

Inicialmente, el acuerdo del gobierno trumpista con tres países centroamericanos (El Salvador, Costa Rica y Panamá), estipulaba que servirían como “países puente” para trasladar a migrantes (en su mayoría asiáticos) hacia sus respectivos países. 

Sin embargo, al no haber acuerdos públicos ni regularidad en las deportaciones, se genera un limbo legal para las personas detenidas. En realidad, los Estados Unidos están tercerizando un problema que el mismo capitalismo imperialista ha generado: la crisis migratoria. 

De esta manera, aunque la intención de los gobiernos de Costa Rica y Panamá era mantener a las personas deportadas durante un mes en centros de refugio, lo cierto es que, en muchos de los casos, no los pueden retornar a sus países de origen, sea por amenazas contra su vida e integridad, por razones políticas o religiosas, entre otras.

Para el caso de Costa Rica, se han deportado 200 personas en dos vuelos; uno el 20 de febrero con 165 personas y otro el 24 de febrero con otras 65. De estas 200 personas, 84 han regresado a sus países de origen, 6 salieron voluntariamente del Catem, 94 continúan en el albergue y 16 personas de origen chino solicitaron asilo en Costa Rica. Después de 40 días, casi la mitad no saben a dónde van a parar. 

La única responsabilidad que asume el gobierno estadounidense con estas personas es la alimentación y atención en los centros de refugio, pero toda la gestión para reubicarlos recae en las instituciones de los países centroamericanos.

Recordemos, además, que el gobierno de Rodrigo Chaves había dicho que “estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan – que no creo que lo vayan a hacer – y además, amor con amor se paga”. 

A pesar del supuesto “amor” dado por el gobierno tico al norteamericano, en días recientes Trump anunció la imposición de aranceles para la mayoría de países del mundo, dentro de lo cual entró también Costa Rica, con aranceles del 10% a los bienes y servicios exportados hacia el país del norte. El temor de Chaves para que no le pusieran impuestos a las zonas francas (centros de empresas exportadoras con un régimen fiscal privilegiado) terminó siendo aplicado a cualquier bien o servicio exportado. 

También, a Panamá deportaron 299 personas asiáticas y africanas. Una de ellas, iraní, declaró a la BBC que «en 2022, decidí cambiar mi religión y ser cristiana. En Irán, el castigo por eso es la muerte». Ella huyó de Irán después de que el gobierno descubriera una iglesia cristiana clandestina y arrestó a 2 de sus amigos. Salió con destino a México y de ahí cruzó la frontera de forma irregular para pedir asilo en EEUU. En San Diego, California,  fue detenida y, después de unos días, le dijeron que sería trasladada a Texas, pero la terminaron enviando a Panamá.

Aunque las autoridades panameñas intenten maquillar las deportaciones, afirmando que estas personas no estaban detenidas sino “bajo la custodia temporal para su protección”, uno de los migrantes afgano afirmó que “en el hotel estuvimos como prisioneros, en la puerta había guardias de seguridad, policías y agentes de migración”, en incluso se les impidió comunicación con el exterior y acceso a abogados.

Asimismo, las condiciones en el albergue del Darién, donde envían a las personas deportadas en Panamá, son pésimas y han sido maltratados por las autoridades. «Tengo diabetes y no me dieron mi medicina. Mis niveles de azúcar están muy altos y nadie me ayuda aquí. Me tratan como un criminal, un asesino», describió Arsalan, quien también es iraní. «La comida que nos daban no parecía comida. Los campamentos estaban sucios y había hongos y gérmenes por todas partes», añadió. «En general, no nos trataron de manera humanitaria».

Temporalmente, Panamá le otorgó un permiso para mantenerse en el país canalero a estas personas durante 30 días, con posibilidad de extenderlo a 60 días. Sin embargo, el gobierno panameño ha declarado que estas personas no podrían solicitar asilo en el país, pues solo está funcionando como puente para que sean trasladados a otros terceros países. Al igual que en Costa Rica, las personas migrantes deportadas se mantienen en un limbo legal y humanitario.

La crisis migratoria: un mundo más convulso y en crisis

En otros artículos de Izquierda Web (ver “Liberation day” (¿o el día del “derrumbe” del viejo orden?) se exponen los rasgos de la nueva etapa de la lucha de clases a nivel internacional. Ingresamos a un mundo más polarizado, donde los actos de barbarie son cada vez más cotidianos. Pero también donde crece la resistencia desde abajo, como demuestran los procesos de movilización en Turquía, Serbia o en los mismos Estados Unidos. 

La crisis humanitaria migratoria es un ejemplo más de lo anterior, la cual se acrecentó con las medidas xenófobas adoptadas por los gobiernos de extrema derecha. 

El gobierno de Trump 2.0 vino a patear el tablero de todo el orden anterior, con políticas que obligan a terceros países a asumir responsabilidades que no les competen, con amenazas e imposiciones. Para ello, cuenta con la colaboración de los gobiernos centroamericanos que, haciendo gala de su histórico servilismo ante el imperialismo, aceptaron hacer parte del trabajo sucio que envuelve la política migratoria xenófoba de la Casa Blanca.