Con una economía acechada por la recesión internacional, el salvavidas de plomo del FMI y la miseria social, Milei insiste con la decadente fórmula de nula inversión en la obra pública. No se trata de un simple trámite fiscal: el recorte sostenido en este área significa enterrar cualquier posibilidad de recuperación real de la economía argentina, que ya cruje, y destruir sus posibilidades de salir de su crónico atraso y estancamiento.

Para el 2025, la inversión del Estado nacional sobre obra pública será del 0,6% del PBI. Una magnitud similar a la del año pasado y que implica un recorte de hecho teniendo en cuenta la inflación, la caída del producto y la devaluación de la moneda, ambas tendencias que probablemente continúen durante el transcurso del año.

La línea de Milei y sus secuaces es que la inversión en obra pública dependerá «de la inversión privada y las iniciativas de las provincias«. Traducido a la realidad, esto significa que el Estado nacional no sólo no pondrá un peso para desarrollar la infraestructura productiva del país sino que además abrirá las puertas al saqueo de dicha infraestructura por parte de capitalistas privados.

Un ejemplo claro es lo que sucederá en Vialidad. Con la puesta en marcha de la «Red Federal de Concesiones», el gobierno le permitirá a empresas privadas gestionar casi 10.000 kilómetros de rutas que representan el 80% del tránsito del país. No hace falta aclarar cuáles son los estándares de «gestión» de las privatizadas. La experiencia de los años ’90 lo dejó claro: es puro saqueo. En concreto, las empresas que reciban estas concesiones no pagarán canon alguno y podrán imponer peajes de forma discrecional para «autofinanciarse». Resumiendo: las rutas estarán cada vez peor y serán más caras para los usuarios.

En otros sectores clave el gobierno espera avanzar con privatizaciones con todas las letras. Es el caso de AySA, una de las pocas empresas estatales que no son formalmente «deficitarias». Contradictoriamente, el gobierno asignará unos 300.000 millones de pesos a la empresa. Así se demuestra que la fórmula «obra pública con inversiones privadas» es más bien al revés: Milei pondrá dinero en AySA para hacerla más atractiva a ser privatizada. Es una privatización de saqueo financiada por el Estado.

En otro ámbito clave como los ferrocarriles, el gobierno espera avanzar en la privatización del Belgrano Cargas. Y en áreas verdaderamente estratégicas sobresale el caso de la Hidrovía Paraná. Milei quiere privatizar el sistema de dragado y valizamiento del Río Paraná, la vía de transporte de la inmensa mayoría de las agroexportaciones del país.

Es sabido que la Argentina no posee el desarrollo de capital necesario para operativizar la Hidrovía nacionalmente, una debilidad estructural inmensa teniendo en cuenta que por allí pasan miles de millones de dólares (esos que al país no le sobran). De hecho, las concesiones privadas venían permitiendo (en connivencia con los distintos gobiernos) un fraude constante de los exportadores hacia el Estado, con una subdeclaración sistemática de la producción. Privatizar el dragado y balizamiento de la Hidrovía significa entregarle recursos económicos estratégicos del país a capitalistas particulares. No sólo regala de hechos miles de millones, sino que hace peligrar la operatividad más elemental del sistema productivo local.

Todas estas medidas van unidas por el mismo espíritu tercermundizador del no-proyecto de país de Milei. Una realidad que desnuda las mentiras del discurso oficialista. Con este tipo de medidas, no hay ninguna señal ni posibilidad de la tan mentada «recuperación de la economía» argentina. El bastardeo sistemático de la obra pública impone, en el corto y mediano plazo, una caída a pique de la productividad general de la economía. No se trata de un bache más o menos, sino de la destrucción de una infraestructura que lleva décadas de retraso en comparación con el mundo para enriquecer a un puñado de lumpen – burgueses. La lógica es bien simple: saqueo, saqueo y más saqueo.