El 23 de abril los apoderados del FITU presentaron ante el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una acción de amparo insólita. Objetan el fallo del 19 de abril del mismo Tribunal Electoral, en el que se buscó revertir parcialmente la desigual distribución de fondos públicos ordenada por el Instituto de Gestión Electoral del Gobierno de Jorge Macri. Lo único que le importa al FITU es quedarse con la mayor cantidad de fondos públicos posibles, junto con el PJ y el PRO, sin importar cualquier criterio de principios o democrático.

Vamos a los hechos

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el financiamiento público se define de acuerdo a los artículos 9 y 10 de la Ley 268. En el artículo 10 se establece:

“El monto, al que se hace referencia en el artículo anterior, se distribuye entre los partidos, alianzas y confederaciones que oficialicen candidaturas del siguiente modo:

1.Para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno y Legisladores/as:

1. De 1,70 Unidades Fijas (U.F.) para cada categoría por cada voto obtenido en la última elección de legisladores/as. Si la lista hubiese sido presentada por una alianza, el importe correspondiente se distribuirá entre los partidos o confederaciones que la integran, conforme al convenio celebrado entre éstos.
2. Las agrupaciones políticas que carezcan de referencia electoral recibirán el mismo aporte que perciba aquel partido, alianza o confederación que haya registrado el menor caudal electoral en la elección de Legisladores/as de la última elección.
3. El remanente será distribuido en forma igualitaria entre todos los partidos que participen en la elección.”

La Ley es muy clara. Aquellos partidos que no tengan “referencia electoral”, es decir, que no se hayan presentado en las elecciones generales del 2023, por ejemplo por haber sido proscriptos por las PASO como es el caso de La Izquierda en la Ciudad, recibirán aportes públicos en función de los votos que haya sacado la última lista, partido o alianza de la elección anterior. En el caso que nos compete, en las elecciones generales legislativas de 2023 la lista que sacó menos votos fue la del FITU, que salió cuarta con 93.759 votos. De acuerdo a la Ley vigente, corresponde que los partidos proscriptos por las PASO tengamos fondos públicos asignados de acuerdo a esa cantidad de votos.

Sin embargo, el Instituto de Gestión Electoral (IGE) macrista decidió interpretar la ley a su manera, de manera tal de distribuir los fondos de la forma más antidemocrática posible, y además de ajustar lo más posible el gasto electoral, en sintonía con el ajuste de Jorge Macri en la Ciudad y de Milei a nivel nacional.

El 11 de abril, a partir de la Resolución N° 28/IGE/2025, nos enteramos que el Gobierno no había respetado la letra de la Ley 628, sino que se les había ocurrido una maniobra antidemocrática para hacer aún más desigual la distribución de fondos públicos y de paso ahorrarse unos pesos. Según su interpretación -ridícula por cierto- lo que corresponde es calcular, dentro de cada alianza que se presentó en 2023, cuántos votos le correspondería a cada partido que fue parte de una alianza, individualmente. Es un cálculo ridículo, porque ninguno de esos partidos participó de la elección como tal, sino que en las elecciones generales de 2023 se presentaron 4 alianzas.

El IGE tomó de referencia a algunos partidos integrantes de la Alianza Juntos por el Cambio, GEN, Demócrata Cristiano, UCeDe, UNIR y el Partido de las Ciudades en Acción, que habían firmado un acuerdo con el PRO donde aceptaban recibir el 0,5% de los fondos relacionados con la cantidad de votos obtenidos por la Alianza.

Entonces, según el IGE, el cálculo del inciso b) del artículo 10 de la Ley 268 debía calcularse a partir del 0,5% de los votos de Juntos por el Cambio en 2023, es decir  4.455 votos en lugar de 93.759, un ajuste del 95% en relación a los aportes del inciso b). Un sinsentido absoluto, porque la ley es clara: “recibirán el mismo aporte que perciba aquel partido, alianza o confederación que haya registrado el menor caudal electoral en la elección de Legisladores/as de la última elección”. Ni el GEN ni la UCeDe se presentaron en 2023, se presentó la Alianza Juntos por el Cambio. Ni los Demócratas Cristianos ni Unir salieron últimos en 2023, salió último el FITU. Esos partidos no sacaron ningún voto en las elecciones de 2023, no son ninguna referencia para lo indicado en la Ley 268, los votos los sacó la Alianza Juntos por el Cambio. Los acuerdos de aparato de esas fuerzas burguesas que aceptan una distribución de fondos del 0,5% no tiene absolutamente nada que ver con la letra de la Ley 268, ni debería comprometer los ingresos correspondientes a otras listas en 2025.

Los aportes públicos deberían servir para nivelar los recursos de las fuerzas políticas. Los partidos patronales reciben millones de pesos de aportes privados de los ricos. Los partidos de izquierda, de trabajadores y estudiantes, como La Izquierda en la Ciudad, nos financiamos con aportes de nuestra clase, no de los empresarios. Por eso para nosotros el aporte público, miserable, es relevante para financiar una campaña mínima. La Resolución N°28 es un escándalo porque utiliza los fondos públicos para profundizar las desigualdades, en lugar de reducirlas. Le otorgaba al PJ 24 veces más que a los partidos que fuimos proscriptos por las PASO en 2023, y al PRO 16 veces más.

El fallo del Tribunal Electoral del 19 de abril declaró la nulidad de la Resolución 28, y ordenó al Gobierno a emitir una nueva resolución, basada en lo que indica la Ley 268, no en sus caprichos ajustadores.

El FITU se declara gendarme de la proscripción

El FITU se declaró el principal agraviado por el fallo del Tribunal Electoral. Los argumentos de su amparo del 21 de abril son insólitos.

“La resolución 28/IGE/2025 es correcta al tomar a los partidos integrantes de la alianza y dividir según su acuerdo de fondos.

El espíritu de la ley 268 es claro, los aportes públicos se distribuyen primeramente entre quienes tienen referencia electoral, y luego entre quienes no. De ésta manera privilegia a los que tienen referencia sobre los que no, y así se asigna el mínimo a estos últimos.”^[1]

Es decir que para el FITU es “correcto” el ajuste del gobierno en materia de fondos públicos para campaña electoral, y además, inventan el criterio de que el gobierno tiene que garantizar “privilegiar a los que tienen referencia sobre los que no”. Es decir, el FITU le pide al gobierno de la Ciudad que castigue a los partidos proscriptos por las PASO en 2023. Todo basado en la misma interpretación macrista proscriptiva y antidemocrática que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la Ley 268.

Luego afirman que  “[n]o pueden asignarse mayor fondo al amparista afectando los derechos adquiridos de nuestro frente electoral”. Es decir que para el FITU la Resolución trucha del IGE es un “derecho adquirido”. Esta gente opina que la proscripción de otros partidos es un “derecho adquirido” suyo. Ahora se entiende por qué votaron siempre en defensa de las PASO, son una cooperativa electoral que se beneficia de la proscripción del resto de la izquierda, del Nuevo MAS y de La Izquierda en la Ciudad. Aclaramos para el FITU: la proscripción de otras fuerzas de izquierda es una maniobra antidemocrática del Estado burgués, no un “derecho” de ustedes. Entiendo que, como se benefician de las leyes proscriptivas desde hace años, lo hayan internalizado como un derecho y tiemblen y pataleen cada vez que se pone en cuestión. Pasó exactamente lo mismo con la suspensión de las PASO este año. Hablo de lo podrido que está el FITU.

Todo el argumento del FITU es que exigen que la justicia ratifique su “derecho” a proscribir al resto de la izquierda. No hay más contenido ni argumento que ese. Por eso defienden a capa y espada la interpretación restrictiva, antidemocrática, proscriptiva y ajustadora del Instituto de Gestión Electoral del Gobierno de la Ciudad. Si se cumpliera el fallo del Tribunal Electoral, el Gobierno tendría que destinar más fondos al financiamiento electoral^[2]. Es cada día más claro: el FITU es el principal defensor en todo el país y la ciudad de los métodos proscriptivos del Estado burgués.

^[1] En todos los casos las negritas son propias.

^[2] Eso es lo que afirma el IGE en el Informe (IF-2025-15860255-GCABA-IGE) que nutre su propio amparo: “Ahora bien, si este Instituto utilizara la fórmula que requiere el partido que realiza la demanda y ningún partido tuviese referencia electoral, es decir que se tuviese que repartir repartir 93.759 votos a cada una de las agrupaciones -según lo planteado por la actora-, esto implicaría que se estuviese repartiendo más votos que el padrón”, es decir, más fondos de los que tenían previsto.