El pedido se da en respuesta a las medidas cautelares presentadas por el el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias desalojadas. Especial énfasis ponen en que se den informes sobre los riesgos corridos en la exposición al Coronavirus, pero también exige saber sobre la situación post represión de los miles de desalojados: exigen saber si el gobierno garantiza su acceso a alimentación, servicios básicos y cuidados médicos.

Bien sabido es que el gobierno se desentendió completamente de las consecuencias de la violenta represión de Berni y Kiciloff los últimos días de Octubre pasado. Luego de posar por meses de presentar «soluciones», quedó en evidencia que sólo intentaban dar una zanahora a una parte de las familias, promesas vacías para una parte de la recuperación de tierras para dividir la toma del predio y así reprimir más fácilmente. La única «atención» fue la de algunos funcionarios como Larroque sacándose selfies con un par de personas para hacer propaganda entre los progresistas incautos. La mayoría ha sido abandonada a su suerte.

La cautelar presentada ante la CIDH y su pedido de informes exigen también saber sobre la situación del predio después de la represión. Hasta el momento poco se sabe sobre qué ha sucedido en el predio, pero sí que la policía continúa militarizando el lugar mientras se avanzará en el uso lucrativo para algunos ricos.