El 30 de marzo Bukele hizo que se aprobará un nuevo estado de excepción en El Salvador, esto tras un incremento de los homicidios realizados por las maras. El gobierno también aprovechó la situación para emprenderla contra los medios de comunicación prohibiéndoles publicar “propaganda de las maras”, que no es más que un intento para acallar la crisis de violencia.

Para comprender las dimensiones y el estado actual a nivel político y social del país centroamericano, es necesario hacer un breve repaso histórico, tanto de sus fracturas sociales más contemporáneas como del surgimiento de las maras.

El conflicto armado entre el Estado salvadoreño y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es un proceso histórico que hasta el día de hoy tiene peso en la historia del país.

El alto grado de violencia, las constantes masacres, la aplicación de políticas neoliberales (bajo presión de EE.UU., que también financió al Estado para que le hiciera frente a la guerrilla) y los flujos de personas que migraron a los Estados Unidos tienen sus repercusiones.

Todo esto, dio como resultado una sociedad profundamente desgarrada, víctima del imperialismo estadounidense y su lucha contra el comunismo y un Estado burgués que fue el principal causante de toda la espiral de violencia.

Aparecen las maras

Muchas personas migraron hacia los Estados Unidos como resultado de la violencia y fue justamente en estos procesos migratorios donde surgieron las maras Barrio 18 y la Salvatrucha 13.

A mediados de los 90 y hasta el 2005 el gobierno gringo sostuvo una política de deportaciones, lo cual permitió que una gran parte de estas personas volviera a sus países de origen, trayendo consigo las “políticas” de las maras y adaptándolas a su país.

Fue así como la sociedad salvadoreña pasó de vivir con la violencia del conflicto armado a convivir con la violencia que implican los enfrentamientos policiales con estos nuevos grupos.

Los gobiernos de ARENA (partido de alianza burguesa) en los 2000 optaron por atender la situación con mano dura, en el 2003 aplicaron el “Plan Mano Dura” con despliegues policiales y encarcelamientos masivos y en el 2004 implementaron el “Plan Súper Mano Dura” con un recrudecimiento del punitivismo. Ambas políticas terminaron por incrementar la espiral de violencia, llegando a los 3.825 homicidios en 2015.

En la década del 2010, ya bajo los gobiernos del FMLN, se pactó una tregua (que duró dos años) con las maras; sin embargo, estas aprovecharon para “para rearmarse, reorganizarse  internamente  y  crear lazos  más  estrechos  con  las  redes  regionales  de  transporte  de  cocaína” (1). En este punto estas organizaciones ya tenían establecidas dos de sus características actuales: 1) su rol como organizaciones con control territorial y 2) el uso de los homicidios como arma política.

Como resultado de la tregua, en el 2015 los asesinatos volverían a incrementarse, llegando a la cifra de 6.657 muertes. Ante esto la respuesta del Estado fue volver al punitivismo, estableciendo, por ejemplo, la ilegalidad de negociar con las maras y sus miembros, también se les declaró como organizaciones terroristas.

Para el 2019 llegaría Nayib Bukele al gobierno, dándole seguimiento al discurso de “mano dura” expresado en su “Plan de Control Territorial”.

En junio de ese año se aplicaron nuevas medidas represivas, que tuvieron como respuesta un incremento de la violencia, a lo cual el presidente “anunció  medidas  extremas  de  forma  indefinida,  tales  como  el encierro  de  los  presos  las  24  horas  del  día,  la  prohibición  de  visitas  y  el  cese  de programas  educativos  y  recreativos.  El  2  de  julio,  Bukele  lanzó  la  fase  II  de  su  Plan Control  Territorial  con  el  que  prometía  acabar  con  la  delincuencia.” (2)

El Faro (medio periodístico salvadoreño perseguido por el gobierno) publicó a finales del 2020 un reportaje en el cuál se evidenciaban las negociaciones del mandatario con las maras, a cambio de votos.

Por ejemplo, la medida de mezclar a los mareros en las celdas y aislarlos sólo la aplicó durante dos semanas, ya que luego de su anuncio los dirigentes que se encuentran en las cárceles volvieron a tener contacto con el exterior -mensajeros de las maras que ingresaban custodiados por funcionarios del gobierno.

Conflicto actual

Dando un salto a la actualidad, la escalada de la violencia se produjo tras una aumento en los asesinatos en el mes de marzo, siendo el punto culmen el fin de semana del 26, según reportó El Faro “Los homicidios del viernes y sábado suman 76 y hasta las 3 p.m. de este domingo 27, el Movimiento de Trabajadores de la Policía contabilizaba siete muertes violentas, sumando 85 cadáveres en alrededor de 60 horas.” (3).

Ante esto Bukele convocó a la Asamblea la madrugada del domingo con el fin de aprobar un estado de excepción, con lo cual se cancelaron los derechos constitucionales del pueblo salvadoreño. En medio de esto, el parlamento ha aprobado 8 leyes tanto para aumentar las condenas, como la edad para ingresar a prisión (ahora se pueden encarcelar a menores de 12 años) y las condenas irían desde los 10 hasta los 45 años, también ahora los presos no podrán conocer la identidad de los jueces.

Se aprobó una ley que le prohíbe a los medios de comunicación hablar sobre las maras bajo la excusa de ser “propaganda”, también se aprobaron varias leyes presupuestarias.

El paquete financiero fue de 80 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, 20 millones de dólares para el Ministerio de Defensa (para equipos de logística), 30 millones de dólares para comprar vehículos y equipamiento para la policía y otros 30 millones de dólares para un “fondo de recompensa” para que la ciudadanía “delate a los delincuentes” (5). Lo cuál podría dar pie a una cacería de brujas.

Sobre los encarcelamientos, el 8 de abril está escalada represiva del gobierno ya contaba con más de 8.000 personas asociadas a las maras bajo arresto (4), y el pasado 15 de abril Bukele público en redes sociales que ya contaban con 12.000 personas arrestadas.

Sin embargo, en la misma red social unos comentarios le reclamaban al mandatario debido a que se estaban dando arrestos de personas que no pertenecen a las maras.

La situación en El Salvador, como ya se ha visto es de un pueblo cuyo tejido social se encuentra profundamente agrietado, donde se normaliza la violencia y la nación completa es víctima de las políticas imperialistas estadounidenses: la brutalidad sangrienta del capitalismo.

Si bien no podemos predecir cuál será el rumbo de la situación actual, lo cierto es que con Bukele el pueblo salvadoreño seguirá sufriendo por la violencia entre el Estado y las maras. Las únicas víctimas de todo esto son la clase trabajadora, las mujeres y la juventud.

Notas.

1 “La influencia política de las maras en El Salvador”. Instituto Español de Estudios Estratégicos. María Pastor.

2 ídem.

3 El Faro. https://elfaro.net/es/202203/el_salvador/26096/El-Salvador-en-R%C3%A9gimen-de-Excepci%C3%B3n-tras-jornada-de-m%C3%A1s-de-70-homicidios.htm

4 EFE. https://www.efe.com/efe/america/portada/mas-de-8-000-pandilleros-capturados-en-el-salvador-acuerdo-con-bukele/20000064-4780311

5 La Voz de América. https://www.google.co.cr/amp/s/www.vozdeamerica.com/amp/congreso-de-elsalvador-aumento-sentencias-y-financiamiento-para-combate-a-pandillas/6510058.html