«Las Universidades se niegan a ser auditadas» dicen los voceros oficiales, empezando por el mentiroso y chanta de Milei. Nadie se negó a nada. Ahora el gobierno activó auditorías de la SIGEN para poder controlar los resultados, violentando la autonomía universitaria, contra todo lo establecido en las leyes. Lo que quieren es poder seguir con el verso oficial. Para que las Universidades se «negaran» a que haya auditorías, debería haber habido intentos de auditorías y que después las Universidades las rechazaran.
Pero nada de eso pasó. El gobierno quiso instalar ese verso parea justificar su brutal ajuste ya en curso. El verso: no quieren auditorías, hay «negociados», por eso tendrían derecho a destruir el salario docente.
La legislación argentina establece que el organismo habilitado para auditar las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación (AGN). Específicamente, este mecanismo lo establece la LES (Ley de Educación Superior) de Menem, el «mejor presidente» del último siglo según Milei.
Al día de hoy, y a pesar de las interminables rabietas mileístas sobre «auditar» las universidades», la AGN permanece paralizada… por acción del propio Milei. La AGN se compone de autoridades nombradas por el Congreso. Es presidida por un representante del principal grupo de la oposición (hoy es Manuel Olmos, apoderado del PJ nacional), 3 miembros designados por el Senado y 3 por la Cámara de Diputados.
Estos últimos 3 puestos permanecen vacantes. ¿La razón? Una rosca de aparatos entre Milei, el PRO y los radicales para decidir a quién le corresponden 2 de esas designaciones (la tercera corresponde al peronismo y será ocupada por Juan Ignacio Forlón).
Milei pretende quedarse con uno de los cargos restantes para Santiago Viola, un abogado cercano a los hermanos Milei y a Santiago Caputo, hoy apoderado del sello nacional de La Libertad Avanza. El PRO, por otro lado, pretende instalar allí al repugnantemente anti obrero Jorge Triaca. Se trata de un ex ministro de Trabajo macrista con denuncias de maltrato hacia su empleada doméstica. En último lugar, los radicales también quieren quedarse con un lugar, que iría para Mario Negri, dirigente rionegrino que cuenta con el visto bueno de Pichetto y Carrió.
La Ley no establece ningún criterio directo para la designación. El candidato debe contar con una mayoría simple en el recinto fruto de la negociación entre los bloques. Es una verdad pública que el mileísmo tiene un acuerdo de palabra con el PRO para promover a sus candidatos y borrar a la UCR de la ecuación. Pero, siguiendo los números relevados en el tratamiento parlamentario de los últimos vetos de Milei, el oficialismo y sus aliados llegarían a unos 87 votos.
El radicalismo, aunque tiene solo 33 diputados y es «la cuarta minoría» (como lo llaman los voceros de Milei) podría materializar un acuerdo con UxP y el bloque Pichetto – Carrió. De hacerse realidad, esto alcanzaría para robarle un candidato al bloque Milei – Macri. «Tenemos 150 votos a nuestro favor. Porque Negri y Forlón salen por acuerdo de los radicales con UP, Pichetto y la Coalición Cívica. Que la derecha elija como quieran entre Viola y Triaca» declararon voceros de la UCR en las últimas horas.
El chamuyo mileísta de las auditorías
La parálisis impuesta por el mileísmo a la AGN desnuda el carácter absolutamente falaz de las bravatas oficialistas sobre «auditar las universidades». Es mentira que las universidades no sean auditadas. Lo son, y de forma tanto interna como externa (por medio de la AGN). Si el gobierno retrasa la designación de los auditores por cuestiones de mera puja de poder, es porque no tiene ningún interés en auditar realmente las universidades.
Las auditorías del gobierno son un slogan de campaña. Puro chamuyo para desprestigiar a la Universidad Pública, una de las pocas instituciones aceptadas, legitimadas y defendidas por la sociedad argentina.
