El Salvador

Bukele es reelecto y reafirma su política autoritaria

El pasado 04 de febrero se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador. Como era predecible, el presidente Nayib Bukele fue reelecto con más del 80% de los votos emitidos. Además, su partido “Nuevas Ideas”, ganó 58 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa

A partir de esos resultados, Bukele se mostró desafiante en su discurso de la victoria, en el cual aseveró que su contundente victoria era una validación popular del Estado de excepción que rige en el país desde hace dos años. También, fiel a su estilo grandilocuente, dijo que el resultado marcaba un hito en la historia de las democracias, pues nunca “un proyecto ganó con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia”. Por último, destacó que sería “la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada”. 

Esas palabras no dejan duda sobre los exiguos estándares democráticos del presidente salvadoreño. Eso no debe sorprender de un personaje que, hace años atrás, se autodenominó en redes sociales como “el dictador más cool del mundo mundial”. 

La ruta hacia un “bonapartismo millenial”

Aunque las lecciones transcurrieron en relativa normalidad, no por ello dejaron de ser “atípicas”. Hasta cierto punto, fueron una ceremonia formal. La reelección de Bukele era dada como un hecho antes de las votaciones, pues su gestión gubernamental es aprobada por el 90% de la población, principalmente por su persecución contra las pandillas que dominaban gran parte del territorio (más adelante analizaremos la política de seguridad de “mano dura”). Pero había incerteza sobre la cantidad de votos que obtendría y su diferencia con relación a la debilitada oposición interna, un dato importante para cristalizar institucionalmente las relaciones de fuerzas a su favor. 

Por este motivo, las elecciones no tuvieron por objetivo decidir quién sería el nuevo presidente del país; en los hechos se transformaron en un “plebiscito” sobre el régimen autoritario comandado por Bukele, para lo cual era necesario “pulverizar” a la oposición por la vía electoral y profundizar su dominio sobre el aparato estatal (Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de las fuerzas represivas). 

Desde el punto de vista marxista, en El Salvador se está instaurando un régimen bonapartista o semi-bonapartista, es decir, uno articulado alrededor de las instituciones pétreas del Estado (burocracia, ejército, policía) y donde el poder se ejerce por medio de decretos y la imposición de un Estado de excepción. Las relaciones de fuerzas se hacen valer de forma más directa o física, por lo cual se debilitan las mediaciones institucionales típicas de la democracia burguesa. Así, el nuevo “Bonaparte” gobierna con mano dura y pareciera que se eleva por encima de las contradicciones de las clases sociales en procura del “bienestar general” de la población, y, aunque usualmente presenta choques con sectores de la burguesía, en última instancia defiende los intereses estratégicos de la clase dominante al garantizar la continuidad del Estado capitalista. 

El régimen encabezado por Bukele coincide bastante con la descripción anterior. Sus primeros pasos políticos los hizo en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla que, tras los acuerdos de paz en 1992, devino en partido de “izquierda” institucional y en eje del régimen bipartidista junto con ARENA, el espacio político de la derecha tradicional salvadoreña. De hecho, fue bajo la sigla del FMLN con que logró sus primeros cargos de elección popular, concretamente como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y, tres años más tarde, de la capital San Salvador. De acuerdo a un reportaje de la revista Piauí, durante esos años Bukele posteó mensajes donde elogiaba a Lula y a Dilma Rousseff.

Pero su carrera en la “izquierda” terminó en 2017, cuando fue expulsado del FMLN tras intentar postularse a la presidencia con ese partido, algo que le generó fuertes choques con la cúpula tradicional del partido. Ante eso, Bukele optó por construir un nuevo partido –Nuevas Ideas- y concurrir a las elecciones presidenciales de 2019, donde fue electo presidente al presentarse como un político “novedoso” y ajeno a la política tradicional. Fue una jugada astuta, pues supo captar el hartazgo de la población con el bipartidismo que no garantizó el desarrollo social prometido tras el fin de la guerra civil. 

Ya en la presidencia, no tardó mucho en demostrar su giro autoritario y hacia la extrema derecha. Por ejemplo, seis meses después de asumir el poder, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Regional Económica, el cual fue rechazado por la oposición que, para ese entonces, tenía la mayoría legislativa. En respuesta a esa negativa, el nuevo presidente lideró un domingo la “toma” del parlamento con decenas de soldados armados, se sentó en la silla del presidente legislativo y arengó a una multitud de simpatizantes, señalando que era necesario “librarse” de los sinvergüenzas de la oposición en las próximas elecciones legislativas. 

Este acto “simbólico” fue un anticipo de lo que vendría tiempo después. Al año siguiente, el oficialismo ganó la mayoría en las elecciones legislativas al obtener 63 de los 84 escaños, con lo cual el gobierno controlaba de hecho al Poder Legislativo y podía aprobar lo que quisiera. Eso fue lo que motivó a Bukele para hacer una movida bastante controvertida: en mayo del 2021 promovió la destitución de cinco magistrados opositores de la Corte Suprema, los cuales declararon inconstitucional una medida del gobierno para decretar la prisión administrativa en “centros de contención” de miles de personas para contener la pandemia de Covid. Así, el gobierno los reemplazó con otros jueces oficialistas y logró el apoyo de dos tercios de los integrantes de la Corte. 

Eso fue un paso determinante en la ruta hacia su transformación en un “Bonaparte milenial”. 

Su reelección es un ejemplo claro de ello, pues formalmente eso está prohibido por la Constitución del país. Pero ese “pequeño” obstáculo fue “superado” tras una interpretación sumamente conveniente de la Corte Plena que validó la candidatura de Bukele, con la condición de que no ejerciera directamente la presidencia los seis meses previos a comenzar su nuevo mandato. En vista de eso, el presidente salvadoreño pidió una “licencia” a finales de noviembre, cumpliendo así con las disposiciones “legales” determinadas por los magistrados que controla. 

Gracias al control del legislativo, el gobierno hizo una “purga” del Poder Judicial al pensionar a un tercio de los 690 jueces del país. Además, los diputados destituyeron al Procurador General y nombraron a un adepto del presidente, con lo cual el Ministerio Público se tornó “bukelista”.

Pero, sin duda alguna, la medida más extrema del gobierno fue la instauración del régimen de excepción desde hace dos años, lo cual analizaremos a continuación. 

Radiografía de un régimen de excepción

En 1992 fueron suscritos los acuerdos de paz que, en teoría, marcarían el punto de inicio para el desarrollo del país. Pero esas expectativas no tardaron en chocar contra la realidad, pues las condiciones de vida no pararon de empeorar para la inmensa mayoría de los 6,3 millones de salvadoreños, en particular para los sectores trabajadores. 

Producto del desempleo y la subsecuente pobreza, el pequeño país centroamericano es uno de los principales emisores de emigrantes: alrededor de 1,2 millones de salvadoreños residen fuera del país, lo cual representa un 25% de la población. Eso tiene una relación directa con el surgimiento de las pandillas (o maras, como también se les llama), pues fue en los Estados Unidos donde se conformaron las dos principales pandillas salvadoreñas, la MS-13 y la Barrio 18 (que luego se dividiría en dos grupos). 

Su traslado hacia EL Salvador se produjo en 1995, cuando el gobierno del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, ordenó la deportación de cinco mil pandilleros desde Los Ángeles. A partir de entonces, las maras no pararon de crecer y atormentar a la población local, inclusive controlando grandes porciones del territorio ante la ausencia del Estado. Asesinatos, violaciones, extorsiones económicas, entre otras formas de violencia extrema, eran parte de la cotidianeidad de millones de personas. 

Los gobiernos de ARENA y el FMLN confrontaron a las pandillas con una combinación de mano dura y negociaciones, pero no lograron resolver el problema de fondo, a saber, la desigualdad rapante de una sociedad capitalista periférica que condena a miles de jóvenes a una vida miserable. Ese sustrato facilitó que las maras germinaran y se transformaran en un poder paralelo. Con sus 60 mil integrantes fuertemente armados, transformaron al país en el más violento del mundo en 2015, cuando la tasa de homicidios fue de 106,3 por cada 100 mil habitantes. Además, según datos del Banco Central, extorsionaban sistemáticamente a dos tercios de las empresas del país (es decir, actuaban como un Ministerio de Hacienda paralelo que les cobraba impuestos a cambio de “seguridad”). Junto con esto, en los barrios pobres eran la autoridad de hecho, pues sus miembros administraban justicia ante casos de robos o quejas de los vecinos. 

Todo lo anterior nos permite comprender el éxito actual de Bukele. Inicialmente, repitió el modelo de negociar con las pandillas para bajar las tasas de homicidio a cambio de algunos beneficios. Pero el acuerdo se rompió tras el arresto fortuito de varios líderes pandilleros cerca de la frontera con Guatemala, ante lo cual las pandillas desataron una ola de violencia el 26 de marzo de 2022: ese día asesinaron a 62 personas al azar en “protesta” contra el gobierno. 

En respuesta a esa carnicería, el gobierno convocó a una sesión legislativa en la madrugada e hizo aprobar el régimen de excepción que, como establece la Constitución, puede decretarse en casos de perturbación grave del orden público. Esencialmente, consiste en la supresión de tres garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones. Además, los menores de edad pasan a ser juzgados como adultos. 

Con la instauración del régimen de excepción, el gobierno lanzó una cacería para detener dos mil líderes de las pandillas, lo cual consiguió hacer en cuestión de dos meses. Pero el gobierno presionó para seguir con más detenciones, a sabiendas del fuerte apoyo popular que una política punitiva despierta entre una población desesperada por la violencia histórica de las pandillas. 

Eso dio paso a la instauración de “cuotas” para cada unidad policial, las cuales debían arrestar al menos cinco personas por día, pues de lo contrario perdían el derecho a tener un día libre de “trabajo”. El resultado fue el arresto masivo de personas sin ningún vínculo con las pandillas, pues los policías creaban fichas falsas para justificar su arresto y cumplir con la cuota establecida.  Asimismo, hay reportes de varias ONG sobre arrestos de personas tras ser delatas por vecinos con quienes tenían problemas personales, así como de mujeres acusadas de tener hijos con pandilleros, aunque en muchos casos son producto de violaciones. 

La campaña de arrestos masivos no paró de crecer desde que se instauró el régimen de excepción. En los últimos diecinueve meses fueron detenidas 73.000 personas por presuntos vínculos con las pandillas, lo cual da un promedio de cinco arrestos por hora. El crecimiento exponencial de la población carcelaria, motivo al gobierno para construir el “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT), considerada la cárcel más grande del mundo con capacidad para 40 mil personas.

Bajo la lógica del régimen de excepción, esta cárcel funciona como una tierra sin ley, por lo cual no sorprenden los reportes de violaciones a los derechos humanos que acontecen en su interior. Las ONG independientes reportan hasta 250 casos de torturas y 184 muertes dentro del CECOT, aunque las cifras reales pueden ser mayores ante el temor de notificar todos los casos por parte de las familias de los prisioneros. 

De esta forma, El Salvador se convirtió en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: 1.086 detenidos por cada 100 mil habitantes (¡más del 1% de la población está presa!). El derecho al Habeas Corpus también desapareció en los hechos: desde marzo de 2022 hasta la fecha se presentaron 5198 recursos de ese tipo, pero sólo cinco fueron valorados y, como era predecible, todos fueron rechazados.   

Todas estas medidas antidemocráticas se impusieron sobre una sociedad con un tejido social  fragmentado, resultado de la derrota histórica en la guerra civil y la desmoralización que generó la gestión burguesa del FMLN en la posguerra. Eso facilitó el avance de un proyecto reaccionario como el de Bukele, pues no encontró resistencia por abajo, por el contrario, su oferta de mano dura a cambio de derechos democráticos fue aceptada por una población desesperada por la crisis económica y la violencia de las pandillas. 

El modelo Bukele: “seguridad” a cambio de derechos 

El régimen de excepción permitió desarticular temporalmente a las pandillas, creando una sensación de seguridad y libertad entre la población salvadoreña atormentada por las pandillas. La tasa de homicidios cayó significativamente, pues en 2023 fue de 1,7 homicidios por cada 100 mil habitantes (muy parecida a la de Finlandia). Eso, sin duda alguna, es visto como una mejora por parte de la población. 

Pero la represión no resuelve el problema de fondo. El encarcelamiento masivo no termina con la desigualdad social, una forma de violencia estructural generada por el capitalismo salvadoreño, la cual reproduce condiciones de miseria y exclusión social que facilita la penetración del crimen organizado. Muchos analistas se preguntan qué va pasar con las pandillas cuando acabe el régimen de excepción, las cuales seguramente retornarán para reconstruir sus redes criminales. 

Bukele Megacárcel
Foto: composición LR/EFE/AFP

Además, esa falsa sensación de mejoría fue posible a un costo enorme. La fórmula de Bukele es “seguridad” a cambio de los derechos democráticos. En teoría, la Constitución permite decretar el régimen de excepción por treinta días, el cual puede ser prorrogable una sola vez por otro mes. Pero Bukele insiste en extender cada mes el régimen de excepción desde hace dos años, consolidando un Estado autoritario y policial donde cualquier forma de disidencia es susceptible de ser reprimida bajo la excusa de la lucha contra las pandillas. 

Por otra parte, cada día crecen las voces que reclaman mejoras en la situación económica, un rubro donde Bukele acumula fracasos. En los últimos cuatro años, alrededor de 200.000 personas cayeron en la extrema pobreza, a pesar de las promesas de éxito del presidente tras impulsar el experimento de los Bitcoin. 

Consciente de que el tema de “seguridad” no es un legitimador eterno, Bukele orientó parte de sus últimos discursos hacia el tema económico, con promesas de mejorar la economía en el futuro. 

Los próximos meses serán vitales para definir el futuro del régimen en El Salvador. Para impedir que se consolide un régimen bonapartista, será necesario articular una respuesta en las calles desde la clase trabajadora y los sectores explotados cuscatlecos.  A primera vista eso parece difícil, pero no podemos descartar que el “humor” político cambie, sobre todo si las preocupaciones económicas se terminan de sobreponer al rubro de seguridad, un movimiento que podría minar la legitimidad del gobierno de Bukele y exponer sus debilidades. 


Fuentes consultadas

«Bukele proclama su victoria en las elecciones presidenciales de El Salvador tras los contundentes primeros resultados». En https://www.bbc.com/mundo/articles/c9w4r0kmw08o

Sáenz, Roberto. «Apuntes sobre marxismo, Estado y bonapartismo». En https://izquierdaweb.com/apuntes-sobre-marxismo-estado-y-bonapartismo/ (Consultada el 06 de febrero de 2022).

De Abreu, Allan. “O método Bukele”. Revista Piauí 2008 (janeiro 2024), p. 44-49.

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