El Salvador: miles de detenciones arbitrarias y asesinatos de inocentes en la «guerra contra el narco»

El gobierno de Nayib Bukele avanza con su "monumental" plan represivo. Con la excusa de combatir a las maras, las fuerzas represivas detienen y disparan a mansalva. La población denuncia brutalidad policial y torturas. 

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«En Ilopango, un municipio de San Salvador, dos primos de 14 y 15 años, ambos detenidos el 26 de abril mientras jugaban fuera de su casa. Sus familias relataron que agentes policiales los acusaron de tener ‘cara de malandros’, sin dar mayor justificación por su detención. Desde entonces sus madres no han podido comunicarse con ellos. Este es solo uno de muchos casos».

Con estas palabras describe Amnistía Internacional las operaciones cotidianas de la policía salvadoreña. Las fuerzas represivas del país caribeño recorren el país deteniendo, torturando y asesinando sin ningún tipo de control. El gobierno de Bukele les ha concedido un cheque en blanco para reprimir masivamente.

Este accionar forma parte de la guerra contra las maras, las pandillas que controlan el crimen organizado en El Salvador desde la década del ’60. Bukele, quien llegó al poder a través de elecciones con un programa populista, declaró la represión de las maras como su primer (y único) objetivo en el gobierno.

Para eso declaró el estado de excepción hace casi un año, el 27 de marzo del 2022. Bajo esa figura jurídica se suspendieron el derecho a la reunión y la movilización. Al mismo tiempo se puso en pié la mayor megacárcel del continente americano, con capacidad para unos 40.000 detenidos.

Pero la actividad de las maras no parece haberse detenido. Lo único que logró Bukele fue desatar una ola de salvaje represión y brutalidad policial en todo el país. Miles de salvadoreños denuncian detenciones injustificadas contra personas cuyo único delito es ser pobres y vivir en los barrios populares del país.

«Amnistía Internacional encontró pruebas de que se está deteniendo a personas simplemente por tener tatuajes, cargos penales previos o por vivir en barrios pobres y marginales afectados por la violencia de las pandillas. Las personas detenidas no tienen acceso a una defensa legal efectiva y están recluidas en condiciones inhumanas».

En muchos casos, los detenidos ni siquiera llegan a ingresar bajo la custodia del sistema penal. Antes de eso son brutalmente golpeados e incluso asesinados por la policía, en detenciones igualmente ilegales.

«El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla. ‘Lo torturaron, en las bartolinas [calabozos] de la delegación de Ahuachapán'», declara su padre.

Para él, «la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es que ‘querían sacar la cuota del día’ en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias».

Sólo en los primeros 5 meses de declarado el Estado de excepción la policía salvadoreña detuvo y encarceló a unas 48.000 personas acusándolas de formar parte de las maras. La falta de estadísticas oficiales y la inexistente transparencia judicial sobre los procesos penales dificultan tomar dimensiones sobre cuántos de estos arrestos son injustificados. Pero podemos darnos una idea.

«La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2.500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción».

Y junto a las detenciones aumentan los asesinatos. «Hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas».

Todas estas estadísticas van quedando viejas día a día. Mientras tanto, Bukele continúa por el camino de la represión masiva. Pero ya quedó demostrado que el crimen organizado, el narcotráfico y otros negocios de la miseria social no pueden simplemente suprimirse con represión.

Por el contrario. La represión del Estado no hace más que empujar más y más sectores de la sociedad hacia la marginalidad en la que el crimen organizado recluta y construye sus entramados de dinero y poder. Lo único que logra la represión es desplegar una brutalidad interminables sobre la población que sufre día a día a las maras.

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