Por Ale Kur

Dos semanas atrás, escribíamos que el Brexit (es decir, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, aprobada en un referéndum popular de 2016) se encontraba en un laberinto[1], ya que la propuesta de acuerdo alcanzada entre el gobierno británico de Theresa May y la Unión Europea había vuelto a ser rechazada por el parlamento británico, sin ninguna alternativa a la vista. También se había rechazado la opción de ir a un “Brexit duro”, sin acuerdo con la UE.  Todo esto al filo de la navaja, ya que el calendario inicial para el Brexit estipulaba que éste tenía que ocurrir el 29 de marzo de 2019.

Pues bien, en las dos semanas que transcurrieron, nada de lo anterior cambió esencialmente: la principal novedad es que el Reino Unido solicitó una prórroga a la Unión Europea para que ésta no ponga todavía en vigor el protocolo de ruptura. La UE le otorgó esa prórroga hasta el 12 de abril (en caso de que no haya acuerdo) o hasta el 22 de mayo, en caso de que el parlamento británico haya votado a favor del acuerdo de retirada. La fecha límite tiene un sentido propio: el 23 de mayo deben comenzar a realizarse en toda Europa las elecciones al Parlamento Europeo, y el Reino Unido no podría participar en ellas ya que se está retirando de la UE.

Con esta prórroga aprobada, todo vuelve al punto de partida: el parlamento británico debe votar a favor de una propuesta de acuerdo para la ruptura con la UE, o regresará al fantasma de un “Hard Brexit” (Brexit duro) que implicaría el fin de la libertad de movimientos entre el Reino Unido y Europa, la reimposición de fronteras físicas entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, el fin del área de libre comercio con Europa y la imposición de aranceles según las normas de la Organización Mundial de Comercio, la caída inmediata de todos los acuerdos de cooperación existentes, etc. Éste sería un escenario bastante caótico, al que la gran mayoría del espectro político británico le rehúye (incluyendo la totalidad del Partido Laborista y el tronco principal del Partido Conservador).

Con esta perspectiva en mente, se realizó esta semana una votación parlamentaria por la cual el Parlamento se atribuye el derecho de proponer su propio plan de Brexit, a diferencia de lo que ocurría hasta el momento donde sólo podía votar a favor o en contra del plan presentado por el gobierno nacional. Es decir, formalmente, el Parlamento “tomó el control” del proceso del Brexit, aunque se trata de votaciones meramente indicativas.

Se presentaron entonces ocho propuestas diferentes sobre las cuales el Parlamento tenía que votar a favor o en contra. El resultado fue nuevamente de crisis: las ocho propuestas fueron rechazadas. Citamos al diario español El País sobre los resultados[2]:

“B: Abandonar la UE sin acuerdo el 12 de abril – A favor 160 En contra 400

D: El llamado modelo noruego – A favor 188 En contra 283

H: El modelo noruego sin acuerdo aduanero – A favor 65 En contra 377

J: Brexit semicompleto, pero con pertenencia a la unión aduanera – A favor 264 En contra 272

K: El texto defendido por el partido laborista – A favor 237 En contra 307

L: Revocación del artículo 50 – A favor 184 En contra 293

M: Cualquier acuerdo de retirada deberá ser sometido a consulta ciudadana – A favor 268 En contra 295

O: Si no se aprueba ningún acuerdo del Brexit, se solicitará una prórroga a la UE de extensión suficiente como para comenzar a negociar de cero un nuevo acuerdo comercial. – A favor 139 En contra 422”.

Es decir, no existe al día de hoy ni un solo plan de “Brexit” que cuente con una mayoría parlamentaria que le permita ser aprobado. El espectro político se encuentra profundamente dividido y no existe ningún consenso de hacia dónde avanzar, lo que plantea una crisis política de enorme gravedad.

Un síntoma de lo anterior es que la primera ministra Theresa May ofreció su renuncia, sin fecha definida, como concesión a cambio de que se apruebe su propuesta original de acuerdo de ruptura. Esto podría aplacar a algunos sectores euroescépticos del Partido Conservador: es el caso por ejemplo de Boris Johnson, uno de los principales referentes del Brexit duro, que anunció que votaría a favor de la propuesta de May. Estos sectores quieren que el proceso del Brexit esté comandado por un gobierno claramente comprometido con una ruptura completa y profunda con la UE, y consideran que no es el caso bajo el gobierno May (demasiado “blando” para ellos).

Por otra parte, inclusive con la posible renuncia de May, es muy poco probable que la propuesta original del gobierno consiga los votos para ser aprobada, ya que sigue contando con la oposición de todo el Partido Laborista y de amplios sectores del Partido Conservador.

La cuestión de la unión aduanera

El Partido Laborista y los sindicatos rechazan toda propuesta (como la de May o un “Brexit duro”) en el que el Reino Unido quede por fuera de la unión aduanera de la UE. Sin unión aduanera, Europa reestablecería sus tarifas a la importación de bienes provenientes del Reino Unido (actualmente inexistentes gracias al mercado común), lo cual significaría un duro golpe a la competitividad de la industria británica: sus productos se encarecerían y otros países europeos terminarían por quedarse con su cuota de mercado, arruinando a todo el sector exportador británico y destruyendo gran cantidad de fuentes de empleo.

Por otra parte, los sindicatos y el laborismo temen que el gobierno del Partido Conservador (sea en manos de May o de cualquier otro) utilice la capacidad de definir aranceles propios (hoy inexistente por ser atribución exclusiva de la UE) para rebajar o suprimir los aranceles británicos de importación, lo cual facilitaría que las mercancías extranjeras (especialmente las chinas) inunden el mercado británico dejando fuera de combate a los productores locales. De hecho, el gobierno de May anunció que rebajaría a cero buena parte de las tarifas de importación en caso de que se produzca un “Hard Brexit”, para abaratar los precios al consumidor y evitar una deriva inflacionaria.

Por último, tanto los sindicatos como el laborismo consideran que la legislación de la Unión Europea establece algunas regulaciones relativamente favorables a los trabajadores (y a la protección del medio ambiente, a la salud comunitaria, etc.), que en caso de salida de la UE el gobierno conservador británico podría revocar, imponiendo condiciones más desfavorables que las que existen hoy en día.

Por el contrario, una gran parte del Partido Conservador (que hasta el día de hoy incluye a la primera ministra) se niega rotundamente a mantener la unión aduanera con la UE. Señalan que el objetivo del Brexit era precisamente romper todo marco regulatorio y dar vía libre al Reino Unido para establecer sus propios acuerdos comerciales con los países que quiera (aunque no está muy claro cuáles serían) y emitir sus propias legislaciones.

Detrás de esta posición se encuentra una mentalidad profundamente neoliberal: lo que estos sectores quieren es un Reino Unido que pueda explotar al máximo su posición de “plaza fuerte” del sistema financiero internacional, y que pueda avanzar libremente sobre los derechos laborales, ambientales, sanitarios, etc., sin ningún contrapeso. Es decir, no se trataría de un “Brexit” proteccionista sino todo lo contrario: de un Brexit que permita un avance cualitativo de la inserción del Reino Unido en la globalización neoliberal.

Se plantean entonces en última instancia dos posiciones irreductibles: o mantener la unión aduanera con Europa o romper con ella. El pulso del Brexit en la etapa actual es acerca de cuál de las dos posiciones logra arrastrar a sus adversarios hacia ella, amenazándolos con el fantasma del caos en caso de que no se apruebe ninguna. Al momento actual, la postura laborista de mantener la unión aduanera parece contar con una mayor ventaja, pero no está dicha todavía la última palabra.

Otro aspecto que cosecha cierta cantidad de apoyo es el planteo de ir a un nuevo referéndum, esta vez para que la población se expida acerca del acuerdo que salga del parlamento. Esto también provoca crisis, porque no se puede saber cuál sería el resultado, arriesgando con dinamitar una de las últimas posibilidades de salida ordenada en la situación política. En el mismo sentido, se realizó esta semana una movilización multitudinaria (de cientos de miles de personas) exigiendo un referéndum popular con dos opciones: a favor del acuerdo que salga del parlamento, o a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea. Es decir, anular lisa y llanamente el Brexit. Esta última opción puede volver a ponerse sobre la mesa en la medida en que todas las otras opciones sigan fracasando.

En cualquier caso, está claro que tal como están planteados, ni un Brexit duro, ni un Brexit suave, ni permanecer en la UE tal como es hoy ofrecen por sí mismos una salida a los trabajadores y el pueblo británicos. Una verdadera salida debe empezar por la anulación de todas las medidas de austeridad implementadas en las últimas décadas, por establecer fuertes impuestos a los grandes capitalistas, por nacionalizar bajo control obrero los sectores estratégicos de la economía (incluida la banca), por desarticular el imperialismo británico, su aparato militar y sus instituciones monárquicas (incluyendo otorgar el derecho a la libre determinación de los pueblos escocés, irlandés, etc.). Sólo en ese marco los trabajadores y el pueblo británicos podrán decidir el rumbo a seguir por el país en condiciones favorables.

[1] https://izquierdaweb.com/el-brexit-en-un-laberinto/

[2] https://elpais.com/internacional/2019/03/27/actualidad/1553708145_188784.html