Cientos de miles toman las calles en Turquía para manifestarse en contra de la persecución del gobierno hacia lo opositores. Se reportan alrededor de 1.200 detenidos por las protestas. Este proceso se inscribe en lo que pareciera ser una nueva ola de movilizaciones a nivel internacional, con foco en Europa del Este y Asia.

El 19 de marzo, la policía turca detuvo a Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y principal figura de oposición del gobierno de Erdogan. Esto inmediatamente desató la furia de la población y desencadenó el movimiento de protesta más grande de la última década en la nación euroasiática, encabezado por la juventud universitaria y con apoyo entre amplios sectores de la sociedad.

¿Una nueva ola de rebeliones populares?

Antes de entrar de lleno con el tema, es pertinente indicar que las movilizaciones en Turquía se inscriben en lo que pareciera ser una nueva ola de rebeliones populares a nivel internacional, en esta ocasión con epicentro en Europa del Este y Asia (dos regiones que convergen en el territorio turco). Todavía es prematuro para afirmarlo y es necesario observar con detenimiento el desarrollo de las luchas en curso, pero es innegable que se acumulan elementos que apuntan en esa dirección.

En agosto del año pasado, por ejemplo, la juventud encabezó una rebelión popular en Bangladesh que derribó al gobierno autoritario encabezado por la otrora primera ministra Sheik Hasina.  Igualmente, en diciembre de ese mismo año, fracasó el intento de auto-golpe de Estado en Corea del Sur debido a las multitudinarias movilizaciones espontáneas que, además, provocaron la salida del presidente ultraderechista Yoon Suk-yeol.

Asimismo, en Serbia, el movimiento estudiantil  protagoniza una serie de movilizaciones históricas contra el gobierno autoritario de Aleksandar Vučić, a lo cual se suman las multitudinarias protestas en Hungría contra los ataques reaccionarios de Orban a la población LGBTQ+.

Por último, pero no menos importante, en el Cono Sur latinoamericano, el gobierno de Milei en la Argentina atraviesa su peor momento, pues literalmente perdió el control de las calles y, en lo que va del año, se realizaron varias marchas multitudinarias en contra de sus ataques reaccionarios (1F y 24M), así como una jornada en solidaridad con los jubilados que tuvo elementos de desborde y enfrentamientos con la policía (12F). También, Bolsonaro y siete militares más están siendo procesados judicialmente por el intento fallido de golpe de Estado el 8 de enero de 2022, un dato de enorme trascendencia

Lo anterior da cuenta de que el mundo es más rico de lo que parece al ver lo noticiarios o leer los periódicos, saturados con las bravuconadas de Trump y las pugnas geopolíticas por arriba. Aunque la polarización es asimétrica y el polo reaccionario es el dominante a nivel internacional, también hay vida por abajo y la lucha de clases continúa. La reversibilidad dialéctica está inscrita como una potencialidad en la actual etapa de la lucha de clases. Los golpes reaccionarios y autoritarios pueden desencadenar respuestas por abajo en un sentido contrario. Las sociedades son cuerpos vivos y, como tales, es posible que exploten ante los ataques reaccionarios y por otras causas.

Una lección que la izquierda revolucionaria tiene que tener presente para ubicarse en el mundo actual y no incurrir en análisis unilaterales que, inevitablemente, conducen al pesimismo y al escepticismo con respecto a la lucha de clases (ver Sobre Lenin, Hegel y la dialéctica del siglo XXI de Roberto Sáenz para profundizar en el tema).

Un gobierno autoritario que pierde apoyo popular

Turquía es gobernada por Recep Tayyip Erdogan desde inicios del siglo. Entre 2003 y 2014, ostentó el cargo de primer ministro y, a partir de 2017, ocupa la presidencia del país. A lo largo de ese tiempo, trabajó para erosionar las instituciones democrático-burguesas y poner en pie un sistema de gobierno autoritario centrado en el uso de las instituciones pétreas del Estado (burocracia, fuerzas armadas, policía, gobierno por decreto, Estado de sitio, etcétera).

Se suele clasificar al caso turco como un autoritarismo competitivo, o sea, uno en el que las instituciones democrático-burguesas operan oficialmente y las elecciones son el principal mecanismo para adquirir el poder. Sin embargo, simultáneamente, el gobierno y sus representantes emplean el sistema judicial y policial para atacar a los medios de comunicación, los partidos opositores, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales.

A pesar de eso, la sociedad turca posee una “cultural democrática mínima, pero sólida”, tal como como destacó Emre Öngün en un artículo reciente para la revista Contratemps. En dicha nota sostiene que los procesos electores son importantes para dirimir quien conduce el Estado y la participación electoral suele ser muy alta, ya que nunca baja del 76% y, con regularidad, superó el 85% a lo largo de los últimos 45 años.

Actualmente, Erdogan desempeña su segundo mandato y, teóricamente, ya no tiene la opción de reelegirse, a menos que realice una reforma constitucional o adelante las elecciones que están programadas para 2028. Pero ambos escenarios se le complicaron, pues su partido, el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), sufrió una estrepitosa derrota en las elecciones municipales de 2024 ante el Partido Republicano del Pueblo (CHP), encabezado por Imamoglu.

Además de lograr victorias contundentes en Estambul y Ankara, las principales urbes del país, el CHP arrasó en la mayoría de ciudades y en muchísimas localidades conservadoras del interior, que, hasta ese momento, eran baluarte del régimen. En términos globales, el CHP obtuvo un 37,13% de los votos, contra un 36,02% que recibió el AKP.

En vista de ello, el resultado electoral mostró un cambio en la relación de fuerzas en Turquía, evidenciando el pronunciado deterioro de la base social del AKP y el crecimiento del CHP como alternativa de gobierno. Además, puso en aprietos las pretensiones de Erdogan de aprobar una reforma constitucional que lo habilite para postularse a un tercer mandato consecutivo, la cual tendría que tramitar por medio del parlamento o de un referéndum.

La derrota del oficialismo fue consecuencia del deterioro en la situación económica, principalmente por la inflación del 70% que devoró los ingresos de las clases medias y afectó la capacidad de consumo de la clase trabajadora urbana y rural. Por este motivo, el discurso conservador y religioso de Erdogan no caló en las pasadas elecciones, pues la economía se tornó la principal preocupación de la población turca.

El régimen muestra los dientes y lanza una cacería de opositores

Lo anterior explica el endurecimiento de las medidas represivas por parte del régimen. Tras la derrota en las elecciones municipales, Erdogan tiene claro que peligra su continuidad en el poder y, en consecuencia, decidió contratacar para descabezar a la oposición.

Se trata de la ofensiva de un gobierno a la defensiva y con su base social severamente disminuida. Comenzó en febrero con una campaña de arrestos contra activistas políticos de izquierda y dirigentes de las organizaciones sindicales, acusándolos de mantener vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Dicho partido fue fundado en 1978 con el fin de crear un Estado kurdo independiente en el sureste de Turquía y, desde 1984, pasó a la lucha armada mediante una guerrilla, por lo cual es considerada una organización “terrorista” por Turquía, los Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar de que en estos momentos sostiene negociaciones de paz con el gobierno turco, Erdogan lo utiliza como excusa para detener a sus adversarios, evidenciando la irracionalidad con que actúa.

En total, desde febrero fueron arrestadas 282 personas, principalmente referentes de la organizaciones de izquierda y pro kurdas. Entre los detenidos figuran Mehmet Türkmen, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, Tejeduría y Cuero, así como Şenol Karakaş, dirigente del Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores (DSIP, vinculado al SWP de Inglaterra).

No es casual que el primer movimiento del gobierno estuviese dirigido contra las organizaciones de izquierda y sindicales. Con eso pretendía sofocar las fuerzas vivas de la sociedad civil y, así, evitar que canalizaran por abajo el creciente descontento social con el régimen.

El segundo paso fue atacar directamente al CHP, un partido burgués que se autodefine como socialdemócrata y es heredero del “kemalismo” (nombre del histórico movimiento nacionalista turco fundado por Kemal Atatürk). Como fue indicado previamente, es el principal partido de oposición al gobierno y, según algunas encuestas, con la candidatura de Ekrem Imamoglu puede derrotar a Erdogan en las próximas elecciones presidenciales.

En noviembre de 2023, el popular alcalde y el líder del grupo parlamentario, Özgür Özel, asumieron la dirección del CHP. Ambos profesionalizaron el funcionamiento del aparato de la organización, que cuenta con 1,5 millones de afiliados. Además, mostraron una mayor abertura hacia los partidos kurdos. En un debate público, Imamoglu declaró que era una locura considerar como terrorista a un partido que recibe cinco millones de votos.

En paralelo a la renovación organizativa y política del CHP, el gobierno cometió dos errores graves que lo dejaron muy mal posicionado. Primero, adoptó medidas de ajuste económico que provocaron el aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de la población. Segundo, se hizo público que, a pesar de sus discursos contra el sionismo y de apoyo a los palestinos en Gaza, los círculos de empresarios asociados al gobierno continuaban comerciando con Israel, inclusive con la venta de armas.

La suma de todos esos factores propició el crecimiento del CHP y de la figura de Imamuglu como alternativa de cambio. Eso fue lo que motivó el arresto del hasta entonces alcalde de Estambul, un día antes de que se realizaran las elecciones internas donde iba a ser nombrado oficialmente como candidato a la presidencia.

Su detención se llevó a cabo bajo los cargos de asociación con el “terrorismo”, por supuestamente haber realizado un acuerdo para las elecciones municipales con una organización kurda afín al PKK; además, le endilgan actos de corrupción relacionados con las licitaciones y compras del gobierno de la ciudad.

El domingo (23) fue enviado a la prisión de Marmara, luego de que fuera determinada su reclusión mientras es juzgado por los casos de corrupción (no por su relación con el PKK). Asimismo, fue removido de su cargo de alcalde y, para no dejar dudas de la saña del régimen hacia su figura, el sábado (22) la Universidad de Estambul anuló su título, una decisión algo “tardía” considerando que se recibió dos décadas atrás. Esto último es de suma importancia, porque en Turquía la constitución establece que, para ser presidente, es necesario haber completado la enseñanza superior.

La plaza contra el palacio

Con esa barrida contra la oposición social y política, Erdogan pretendía allanar el camino para reformar la constitución y reelegirse sin un contrincante que pusiera en peligro su continuidad. Pero, paradójicamente, esta arremetida autoritaria detonó un estallido social contra el régimen que encabeza.

La detención del alcalde de Estambul colmó la paciencia de las masas que, hastiadas del autoritarismo y sofocadas por la situación económica, espontáneamente tomaron por millares las calles de Turquía, desatando el proceso de movilización más grande de la última década. Todos los análisis coinciden en que Erdogan cruzó una línea roja al detener un precandidato a la presidencia; una medida ultrareaccionaria que cayó muy mal en una sociedad que aún mantiene conquistas democráticas básicas, como la realización de elecciones presidenciales cada cinco años.

Para tener una idea de la magnitud de proceso, hubo protestas en 55 de las 81 provincias del país y, a pesar de la represión, no paran de crecer con el paso de los días.

Un dato relevante es que al frente de las movilizaciones está la juventud estudiantil. En Turquía hay 7 millones de estudiantes universitarios, equivalente a un 8,2% de la población total, una proporción bastante alta comparada con otros países (4,4% en Francia o 5,5% en Argentina). Además, comienzan a desempeñar un papel independiente, como reflejó el llamado a una concentración del movimiento estudiantil en Beşiktaş, en lugar de Saraçhane donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento Municipal. Junto con esos, comenzaron a llamar a la realización de “boicots académicos” (forma en que se refieren a las huelgas estudiantiles) en varias universidades.

Las calles, estaciones de subterráneo y campus universitarios, de un momento para otro se transformaron en plazas públicas donde la población comenzó a externar la rabia contra Erdogan. “Tenemos el derecho de escoger a quien queremos que nos gobierne. Pero él [el presidente Erdogan] nos lo está arrebatando ahora”, declaró una joven manifestante a la BBC, la cual no reveló su identidad por seguridad.

Por su parte, el gobierno reaccionó como suele hacerlo, es decir, con medidas autoritarias. Erdogan declaró que “no permitiremos que el CHP y sus compinches alteren el orden público y perturben la paz de nuestro pueblo mediante provocaciones”, y, en tono amenazante, alegó que “yo me mantengo firme. Nunca me inclinaré”.

En razón de eso, las autoridades prohibieron las manifestaciones en Estambul, una medida que luego extendieron a Esmirna y Ancara. También, restringieron el transporte público y el acceso a las redes sociales, acompañado del despliegue de cientos de policías, camiones cisterna y el cierre de carreteras.

No obstante, ninguna de esas medidas amedrentó a los manifestantes y, desde el arresto de Imamoglu, se realizan movilizaciones todas las noches. En las ciudades se reportaron enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas represivas, con un saldo de aproximadamente 1200 personas detenidas hasta ahora.

En lo que respecta al CHP, su dirigencia llamó a luchar contra el “fascismo”, boicotear a diez empresas que son cercanas al presidente y a mantener las movilizaciones. Es una política bastante limitada, pues se circunscribe a reflejar la ira popular contra el autoritarismo de Erdogan y se acopla a las protestas que ya estallaron.

Adicionalmente, el CHP llevó a cabo la votación interna para elegir su candidato a presidente, la cual tuvo lugar el pasado domingo (23). En esta, Ekrem Imamoglu (único pre-candidato) obtuvo cerca de 15 millones de votos, de los cuales 1,6 millones fueron de militantes del partido y, los restantes, de simpatizantes que votaron en urnas simbólicas. Debido a eso, muchos analistas consideran que la votación interna se tornó un referéndum simbólico.

Una lucha con dimensiones históricas que puede derrotar al régimen de Erdogan

El gobierno sabe que está parado sobre un terreno muy movedizo. El estallido social lo tomó por sorpresa y en un momento de debilidad por la erosión de su base social. El autoritarismo puede aplacar las voces críticas por un tiempo, pero no es una forma adecuada para ganar legitimidad social.

Todo apunta a que Erdogan está tomando algunas precauciones. Además de la situación interna, sin duda está atento a lo que sucede en otros países de los Balcanes y Europa del Este, como Serbia y Hungría, donde en los últimos meses y semanas se produjeron movilizaciones multitudinarias contra sus gobiernos autoritarios.

En vista de eso, por ahora no se reportan muertos ni heridos en las movilizaciones, señal de que están conteniendo el operativo represivo (lo cual puede variar en cualquier momento). Asimismo, la oposición en la Alcaldía de Estambul pudo nombrar un alcalde interino, algo que el gobierno podía evitar nombrando un interventor suyo.

Así las cosas, parece que el gobierno quiere descomprimir la presión que viene desde las calles, con la expectativa de proseguir con sus ataques más adelante. Quiere evitar que las protestas pasen de ser un estallido a transformarse en una rebelión popular que lo expulse de poder.

Mientras tanto, mantiene en prisión a Imamoglu y es un hecho que va hacer todo lo posible por dejarlo por fuera de las elecciones.

Por lo anterior, es clave la continuidad de las movilizaciones exigiendo la liberación inmediata de Ekrem Imamoglu y su derecho a concurrir en las elecciones. En otras palabras, para garantizar que el pueblo turco tenga el derecho democrático de elegir a quien quiera.

Pero eso no basta para acabar con el autoritarismo, la corrupción de las élites y la crisis económica que azota al país, particularmente a los sectores explotados y oprimidos. La salida de fondo a la crisis es transformar la ira popular contra el régimen en una huelga general, con el objetivo de sacar a Erdogan del poder y convocar una Asamblea Constituyente, verdaderamente libre y soberana, para refundar Turquía sobre nuevas bases sociales.