Ayer se desarrolló un nuevo paro de los trabajadores del Subte y Premetro, como parte de un plan de lucha por la desasbestización definitiva del subte, un reclamo de largos años que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se niega a atender.

Los trabajadores nucleados en la AGTSyP vienen llevando adelante una serie de huelgas parciales hace varias semanas, pero en realidad se trata de una lucha de por lo menos una década atrás. Mientras el gobierno porteño y la empresa Metrovías/Emova hacen oídos sordos, los trabajadores enferman y en algunos casos mueren por la exposición al asbesto.

Según datos recabados por el gremio, son 86 los trabajadores que con el paso de los años adquirieron enfermedades relacionadas con el asbesto, de los cuales seis desarrollaron cáncer. Otros tres operarios fallecieron por causas relacionadas al asbesto. Otros 2150 trabajadores y extrabajadores se encuentran bajo vigilancia médica por la misma causa.

Los metrodelegados reclaman que el GCBA y Emova presenten un plan detallado y efectivo de desasbestización no sólo de los coches sino también de todas las instalaciones del subte, incluidos talleres, maquinaria y herramientas. A pesar de que hace por lo menos cinco años que se admitió oficialmente la presencia de asbesto en el subte, la empresa sólo ha realizado tareas sobre unos pocos coches.

Además del reclamo por el plan de desasbestización, otro de los puntos centrales para cuidar la salud de los trabajadores es la reducción de la jornada laboral, que actualmente es de 36 horas semanales y que busca reducirse hasta las 30 horas. Se trata de un punto muy importante para reducir el tiempo de exposición de los operarios del subte a la sustancia, que influye en las posibilidades de contraer enfermedades, desde afecciones pulmonares a cáncer.

Trabajar con veneno

El asbesto o amianto está prohibido en la mayoría de los países del mundo desde finales del siglo pasado, debido a que los estudios confirmaron que la exposición a este mineral es causante de cáncer en seres humanos. Hasta antes de su prohibición, el asbesto fue ampliamente utilizado durante siglos por la humanidad para todo tipo de construcciones, pero fue abandonándose paulatinamente luego de que se conocieran sus efectos nocivos hace algunas décadas.

En Argentina también hay una legislación que lo prohíbe, la resolución 823/2001 que está vigente desde el año 2003 y que prohíbe la «producción, importación, comercialización y uso de fibras de Asbesto variedad Crisotilo y productos que las contengan». Un año antes se había prohibido otra variedad llamada Anfiboles.

Eso no evitó que el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, importara desde España un lote de 36 vagones para «renovar» (en realidad eran vagones usados del metro de Madrid) la flota del subte entre 2011 y 2012. En 2013 volvió a comprar trenes con asbesto de la década del ’80, pero a una empresa japonesa.

Fue en 2018 que llegó desde España la alerta de que los trabajadores del Metro de Madrid denunciaban la muerte de un compañero debido a la presencia de asbesto en las formaciones del mismo modelo que compró Macri unos años antes para Buenos Aires.

Aunque desde el minuto uno el gobierno y la concesionaria Metrovías/Emova negaron la presencia de asbesto, los estudios realizados le dieron la razón a los trabajadores: la sustancia estaba presente tanto en los coches traídos de España como en los modelos japoneses.

La empresa lo supo desde el principio, ya que la empresa madre estatal Sbase confirmó en octubre de 2019 que los manuales de dichos vagones informaban de la presencia del asbesto, pero que hicieron caso omiso porque «no había manera de validar si eso era cierto», según declaró en aquel entonces el presidente de la entidad en una entrevista.

Una lucha que continúa

Para poder realmente imponer la reducción de horas y el plan de desabestización hace falta un verdadero plan de lucha discutido democráticamente entre los trabajadores, que vaya más allá de los paros programados y limitados de la AGTSyP que, si bien ayudan a visibilizar el reclamo, le permiten al gobierno seguir pateando la pelota para adelante.

El gobierno solo responde aduciendo los problemas de transporte que causan los paros, pero hace oídos sordos sobre la salud de los trabajadores que hacen funcionar el sistema de subtes todos los días.

La empresa Emova, por su parte, luego de años de desfinanciamiento, argumenta vergonzosamente que la reducción de horas es inaplicable «por cuestiones operativas», una excusa con la que admiten su política de desinversión: no están dispuestos a poner ni un peso más para que el subte funcione sin que eso signifique la enfermedad o la muerte de los obreros.

La política de ajuste de la empresa va en perfecta consonancia por el gobierno de Larreta, que terminará sus ocho años de gestión con el lamentable récord de haber sido el primer gobierno de la ciudad, desde que es un distrito autónomo, en no haber inaugurado ni 1 km de línea de subte, lo que refleja el ajuste y la desinversión de la gestión del Pro, que ahora Larreta quiere mostrar como «modelo» para el país en medio de su campaña presidencial.