22 de agosto en la Universidad de La Plata: un recuerdo imborrable

El anfiteatro de la Facultad de Ingeniería estaba repleto. Los cánticos y la bronca de los/as estudiantes allí reunidos trascendía sus muros. Se extendían a lo ancho y largo del país, atravesando a toda la juventud obrera y estudiantil que luchaba por un futuro mejor. Se sucedieron los oradores de todas las corrientes presentes. Más allá de las diferencias políticas que nos atravesaban a las diversas corrientes presentes, algunas muy tajantes como la lucha por la independencia de clase, el repudio al brutal crimen de la dictadura nos unificó en ese acto. De allí salimos llorando de bronca y emoción pero fortalecidos: le dimos una respuesta unitaria, combativa, al ataque a los compañeros/as detenidos/as en Trelew. La condena a la masacre se trasladó los días siguientes en las aulas, en el comedor universitario, en las calles. Los/as luchadores/as asesinados brutalmente en Trelew no fueron olvidados.

Varios de los/as presentes en esas jornadas fueron víctimas, posteriormente, de las bandas paramilitares del gobierno peronista del 74/75 y de la dictadura militar del 76. Entre ellos, el compañero Roberto “Laucha” Loscertales, que era referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (La Verdad) en esa facultad. La lucha incansable por la memoria de todos/as ellos/as es parte también indisoluble de la pelea por la defensa de las libertades democráticas a rajatabla, hoy bastardeadas por la derecha vernácula con el ropaje de ‘libertarios’, que intentan confundir la cabeza y tapar la voz y la acción de las nuevas generaciones.

La llamada Revolución Argentina transpiraba…

El presidente Alejandro Agustín Lanusse, arribado al gobierno en marzo de 1971 para “intentar salvar” a la Revolución Argentina (sucediendo en el cargo al general Juan Carlos Onganía y al general Marcelo Levingston) de esos/as revoltosos/as que se oponían a todo, no se esperaba esa reacción. No se esperaba que el múltiple crimen en  una cárcel alejada de los grandes centros urbanos, pudiera armar semejante revuelo.

Pero se armó. En primer lugar, por el clima de ebullición social, agigantado post Cordobazo. Y además, porque esos luchadores/as, aunque no fueran conocidos cotidianamente por las grandes mayorías populares, lo eran para una inmensa vanguardia que, aunque no todos/as comulgaran totalmente con sus mismas ideas, los/as defendían de los ataques del gobierno militar que ya era ampliamente repudiado. Además, en ese penal también estaban confinados dirigentes obreros reconocidos, como Agustín Tosco, de Luz y Fuerza de Córdoba.

Y fundamentalmente, también, porque nadie se tragó el verso de que había sido la represión por un “nuevo intento de fuga”. Quedó claro a los ojos de la población que fue una matanza a personas encerradas e indefensas totalmente, orquestada desde las cúpulas de las FFAA, que ya tenían su repudio bien ganado. Tanto es así, que el mismo 22 de agosto por la noche, el gobierno sancionó la ley 19797, que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. Sumaba de esta forma, más medidas represivas, como fue la creación, a mediados del 72, de la Cámara Federal en lo Penal (más conocida como “Camarón” o “Cámara del Terror”). Este tribunal especial con jurisdicción nacional, creado mediante la ley 19.053, tenía por objetivo juzgar oralmente y en instancia única a aquellos detenidos “acusados de subversión y terrorismo”. Así como la Ley de Represión al Terrorismo (19081). Se calcula que a fines del 72, entre 1.200 y 1.500 presos/as políticos poblaban las cárceles de todo el país.

Pocos, pero hubo algunos secuestros que terminaron en desapariciones, como la del abogado Néstor Martins y el trabajador que lo acompañaba en ese momento, Nildo Zenteno, y Roberto Quierto, también abogado y dirigente de las FAR.

El fracaso del plan de fuga de los presos políticos del penal de Rawson

Dirigentes de las organizaciones que estaban detenidos en las cárceles de la dictadura, en la zona más austral del país, organizaron una fuga masiva, pero no lograron su objetivo. El operativo conjunto se puso en marcha el 16 de agosto del 72, pero fracasó y solamente seis de ellos lograron tomar un avión que los llevaría a Chile. El grupo más numeroso no pudo salir de las puertas del presidio porque no llegaron los vehículos que se esperaban y otro grupo se rindió ante los represores en el aeropuerto.

Eran 19 militantes que desde allí fueron llevados a la Base Almirante Zar en Trelew, a pesar de que pidieron ante jueces y autoridades que se hicieron presentes, volver al penal de Rawson y el pedido fue otorgado. Desde ya que el acuerdo no fue cumplido y  los llevaron a la base naval. Hasta que el 22 de agosto, a las tres de la madrugada, fueron sacados de sus celdas y ametrallados. El más “viejo” de las víctimas tenía 30 años. Sólo sobrevivieron tres: María A. Berger, René Haydar y Alberto Camps.

La represión oficial continuó luego sobre la población que se solidarizó con los prófugos del penal, que fue reprimida y tuvo una respuesta posterior que, de contundente, dejó sin palabras y argumentos a los gobernantes y jefes militares de toda categoría y tanto a nivel regional como nacional. Pueblada conocida como el Trelewazo (ver Izquierdaweb 2/6/21, Puebladas masivas: Argentina después del Cordobazo).

Ganamos no sólo una condena: ganamos que la Memoria le gane a la mentira oficial

A días de cumplirse 49 años del hecho criminal, la Justicia dictó sentencia a uno de los militares que fue partícipe de la matanza en la Base naval.

Quedó con sentencia firme la condena el 11 de agosto pasado al ex marino Carlos Amadeo Marandino a prisión perpetua. Declaró ante el tribunal: “los mataron como a perros”. Otros dos acusados en la causa fallecieron en el transcurso de ella y otros dos fueron absueltos. Otro imputado, Roberto Guillermo Bravo, huyó a EEUU a fines de los 70 como representante de la embajada de facto y allí se ha convertido en un exitoso empresario el que, a pesar del pedido de extradición solicitado cuando se inicia esta causa, ha sido negado por el gobierno de los EEUU y continúa impune.

La primera sentencia se dictó en 2012, pero entre apelaciones, revocatorias y otras idas y vueltas “justicieras”, la sentencia firme llega en estos días de 2021. La causa la llevaron adelante varios familiares de las víctimas, patrocinados por el CELS. Fue caratulada como crimen de lesa humanidad, poniéndolo al mismo nivel de las atrocidades cometidas a la dictadura posterior al 76. Asimismo, la sentencia reitera el pedido de extradición del prófugo que disfruta de su libertad y de sus negocios en el país del Norte.

Los alcances materiales del veredicto final logrado son minúsculos, pero eso no tapa ni obnubila las profundas enseñanzas que nos dejaron esas jornadas de fuerte represión y de importantes movilizaciones posteriores.

La Justicia no es lenta, es de clase y está al servicio de la clase dominante y sus peores esbirros; en este caso, los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

No despreciamos este paso adelante, aunque sea tan atrasado y minúsculo en relación a los hechos, porque refleja, aún con todas sus contradicciones, que la lucha paga y que en Argentina, la pelea por los derechos y las libertades democráticas, por los asesinatos de ayer y de hoy, sigue vigente.

Los resultados de hoy son una resonancia de las inmensas movilizaciones juveniles y populares que repudiaron la masacre y la inmensa solidaridad acuñada en el conjunto de la población.

Valores que cotizan mucho más que las criptomonedas de los poderosos y que son un tesoro en manos de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que debemos conservar, mantener y potenciar en las peleas y desafíos que se nos presentan en el siglo XXI.