A través del mega DNU que publicó el gobierno anoche, Javier Milei derogó dos leyes elementales para defender la soberanía territorial y la especulación inmobiliaria: las llamadas Ley de Tierras y Ley del Manejo del Fuego.

Se trata de dos derogaciones escandalosas, que no sólo no revisten ninguna «necesidad y urgencia» para sacarlas por decreto, ni mucho menos impactará positivamente en algún sentido en la actual crisis económica. Por el contrario, su derogación puede redundar en graver perjuicios para la soberanía territorial del país y en una mayor concentración y extranjerización de la tierra, además de garantizar impunidad para los negociados inmobiliarios que están detrás de los incendios intencionales.

La Ley 26.737 de Tierras Rurales fue promulgada en diciembre de 2011 y básicamente limita la cantidad de tierras que pueden estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras.

Se trata de una regulación elemental para proteger la soberanía del país sobre su territorio frente a los intereses de las potencias imperialistas extranjeras. Según la ley derogada anoche, ni los territorios nacionales ni provinciales pueden estar en manos de propietarios extranjeros en un porcentaje superior al 15% del total.

Además, el texto establecía un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la llamada «zona núcleo» de la producción agrícola del país y creó un Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente del Ministerio de Justicia, con el objetivo de relevar la información sobre la propiedad de la tierra en el país.

Según los últimos datos recabados por dicho organismo, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10,4%), Corrientes (9,8%) y Mendoza (9,1%). A la fecha, ninguna supera el límite del 15% que fija le Ley.

La nacionalidad extranjera más común de poseedores de tierras rurales en Argentina es la estadounidense, seguida de la italiana y la española.

La derogación de dicha ley es un sueño hecho realidad para magnates como el inglés Joe Lewis, dueño de una estancia de más de 10.000 hectáreas en la Patagonia entra las que se encuentran la privatización del Lago Escondido. Si Lewis pudo hacer eso al margen de la ley, ahora que la legalidad los avala la extranjerización y concentración de la tierra puede multiplicarse a niveles históricos.

Incentivos para incendiar

En el mismo sentido, la Ley del Manejo del Fuego que derogó Milei prohibía la comercialización de los terrenos que hayan sufrido incendios durante cierto tiempo, con el objetivo de combatir las quemas intencionales de bosques y otras áreas naturales con fines especulativos.

Se trata de un problema grave del país en los últimos años: en provincias como Córdoba, Entre Ríos o en el sur del país, las quemas intencionales de porciones de bosques y áreas naturales han causado verdaderos desastres ambientales. El objetivo de estos ataques (los que casualmente nunca se encuentra a los culpables) es aumentar el porcentaje de territorio cultivable para avanzar con la «sojización» del país, o sencillamente para arrasar con áreas naturales para luego emprender negocios inmobiliarios.

La derogación de esta Ley por parte de Milei es lisa y llanamente un llamado a dar vía libre a la quema y los incendios intencionales, dañando gravemente la biodiversidad y el medio ambiente, para avanzar con más privatización de tierras para negocios, de la mano de la extranjerización y concentración que promueve la derogación de la Ley de Tierras, como explicábamos más arriba.