El gobierno de Rodrigo Paz asumió funciones el pasado 08 de noviembre. Durante la campaña electoral se presentó como un cambio “moderado” ante el ciclo de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que estuvo al frente del país en las últimas dos décadas y que concedió algunas reformas sociales significativos como subproducto de las rebeliones populares que sacudieron a la nación andina a inicios del siglo.

A pesar de eso, el nuevo presidente no tardó mucho en mostrar las garras. Además de rodearse de un gabinete de banqueros, tecnócratas neoliberales y no incluir a ningún representante de los pueblos originarios, el 17 de diciembre promulgó el decreto 5503 que derogó el subsidio de los combustibles, una importante conquista social de los movimientos sociales bolivianos.

En razón de lo anterior, el litro de gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos (un dólar); la gasolina Premium, 11 bolivianos (1,58 dólares); y el diésel 9,80 bolivianos (1,40 dólares).  Lo anterior significa un aumento del 86% y del 162% con relación a los precios subvencionados.

Para disimular la naturaleza del ataque, el gobierno estableció en ese mismo decreto un aumento del salario mínimo nacional del 20%, con lo cual pasó de Bs. 2.700 a Bs. 3.300. Pero este incremento es una concesión con trampa, pues tiene por objetivo distraer la atención del principal ataque estipulado en el decreto, es decir, la derogación de las subvenciones a los combustibles.

Así, la maniobra que intenta ejecutar el gobierno de Rodrigo Paz es dar un aumento salarial mayor, el cual será devorado por la inflación derivada del aumento de los combustibles en el mediano plazo. En otras palabras, el susodicho “aumento” se esfumará por los ajustes del mercado.

Asimismo, el decreto 5503 también abre espacio para que sectores estratégicos de la economía boliviana, como la minería y el sector energético, sean saqueados mediante la firma de contratos fast-track con empresas transnacionales, con el plus de que no tendrán ningún tipo de control legal o ambiental.

Las protestas contra el decreto

Ante la magnitud del ajuste impulsando por el gobierno, la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a sus bases a movilizarse desde el 20 de diciembre con la exigencia de derogar el decreto 5503, al cual calificaron como “inconstitucional” y “entreguista” de los recursos naturales y empresas estatales.

El movimiento de protesta está encabezado por las organizaciones campesinas, aunque cuenta con el apoyo de los obreros mineros y fabriles, docentes urbanos y rurales, así como trabajadores municipales y del sector salud, entre otros.

El 05 de enero se produjo el ingreso de la marcha “Bolivia no se vende” a La Paz, capital del país, procedente de la ciudad de Calamarca, desde donde salió tres días antes. La columna de manifestantes creció durante el trayecto, hasta transformarse en una marea humana que, según algunas estimaciones, reunió medio millón de personas y se extendió por casi treinta kilómetros.

Ante la intransigencia que mostró el gobierno, la COB llamó a radicalizar las medidas de presión por medio de una declaratoria de cortes de ruta indefinidos en las principales carreteras, los cuales se extendieron por seis de los nueve departamentos del territorio boliviano.

Inicialmente, el gobierno respondió con represión contra los manifestantes, con decenas de detenidos y denuncias de policías que disparaban balines a la cara de las personas manifestantes. En una acción antidemocrática, la policía ingresó en la sede de la COB con la excusa de buscar “explosivos”, en lo que fue claramente una amenaza contra la dirigencia del movimiento.

Pero, dada la fuerza creciente de las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz se vio forzado a tomar una postura más “dialoguista” y realizar algunas concesiones parciales con tal de descomprimir la presión.

Además, en medio de las protestas, su vicepresidente Edman Lara (un influencer populista que era policía y es un admirador declarados de Bukele y Milei) se declaró “opositor”, con lo cual dejó muy mal parado al ejecutivo boliviano.

Un acuerdo con trampa

El domingo (11), tras más de veinte días consecutivos de protestas, el gobierno y la dirigencia de la COB firmaron un acuerdo, con el cual el presidente se comprometió a derogar el decreto 5503 y anunció la conformación de una comisión para elaborar “un nuevo decreto” que “mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles”.

Con este juego de palabras, el gobierno logró que continué la eliminación de la subvención a los combustibles, que era la principal reivindicación de las manifestaciones. Esto lo trató de endulzar ofreciendo más incentivos económicos, tales como reprogramar los créditos en el sistema bancario, mejorar los bonos sociales y la política salarial.

En este sentido, el contenido del acuerdo es regresivo, pues mantiene el ataque contra una de las principales conquistas de los movimientos sociales bolivianos. A sabiendas de esto, aunque la COB llamó a desmovilizar los cortes de ruta, este lunes el país amaneció con 56 bloqueos de carreteras, una demostración de que las bases están disconformes con la firma del acuerdo por parte de la dirigencia de la COB y que no está derrotadas.

Como apuntamos en otro artículo de Izquierda Web, el nuevo gobierno boliviano encontraría muchas dificultades de gobernabilidad, debido a la fragmentación política, la crisis económica y la oposición que pueda tener en las calles en caso de que pretenda revertir algunas de las conquistas obtenidas por el pueblo boliviano en los años anteriores.

Por otra parte, estas jornadas de lucha son un contrapeso a los elementos reaccionarios que dominan en la coyuntura internacional actual, particularmente en América Latina con la ofensiva imperialista que desató la Casa Blanca en el Caribe y que tuvo su punto más alto -por el momento- con el ataque militar a Venezuela. Un recordatorio de algo que apuntamos desde tiempo atrás: que los ataques reaccionarios pueden desencadenar poderosas reacciones desde abajo, pues las sociedades son cuerpos vivos que responden ante la precarización en las condiciones de vida o el intento de cercernar los derechos democráticos.