Este lunes se presentó una denuncia judicial contra Horacio Rodríguez Larreta por malversación de fondos públicos para uso partidario. Según la denuncia, el Jefe de Gobierno porteño habría utilizado la base de datos de la línea 147 (destinada a información administrativa y la campaña de vacunación) para un call center partidario.

La denuncia comenzó la semana pasada. Trabajadoras del call center GIV S.R.L. (una tercerizada que opera para el GCBA) declararon haber sido contratadas en condiciones precarias para realizar la campaña telefónica de María Eugenia Vidal.

Con turnos de 12 horas y condiciones de hacinamiento que impiden cualquier protocolo sanitario, el call center habría utilizado la base de datos de la línea 147 para invitar a los vecinos de la Ciudad a reuniones partidarias. A la precarización laboral en manos del Estado se suma la violación de la Ley de Protección de Datos personales N° 25.326.

Este lunes, el abogado Juan Pablo Chiesa presentó una denuncia judicial bajo la carátula de «malversación de caudales públicos», que quedó a cargo del juez Luis Rodríguez. Según Chiesa, además del call center, el GCBA está obligando a empleados públicos a «militar» la campaña de Vidal. «Empleados públicos de la Ciudad […] se encuentran obligados por el GCBA a estar detrás de las mesas [de campaña] que se colocan masivamente los días sábado», declaró Chiesa.

Nada nuevo

Hay que decir que la denuncia es nueva, pero la noticia es vieja. La participación obligada de los empleados públicos de la Ciudad en las campañas del PRO viene de larga data, y es un secreto conocido por casi todos los trabajadores del gobierno porteño.

Esto, obviamente, no le quita gravedad al tema. Bien por el contrario, se trata de un modus operandi tradicional al PRO, pero también al conjunto de los partidos que gobiernan la Ciudad y del país. Los partidos patronales llevan décadas enquistados en el Estado argentino, y no tienen prurito alguno en utilizar los recursos del Estado para fines partidarios.

La utilización fraudulenta de recursos públicos y la precarización de los empleados estatales para ahorrarse esos mismos recursos  son parte de los «usos y costumbres» de la política burguesa. Solo rechazando a los partidos capitalistas que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores pueden resolverse estos problemas.