En la madrugada del sábado un miembro de Prefectura Naval Argentina (PNA), Hugo Ever Villanueva, asesinó de dos disparos a un pibe de 17 años en el barrio San José en Almirante Brown. Su nombre era Facundo Lucas Ismael Galván. Se trata de un nuevo caso donde un joven es fusilado por un agente de las fuerzas represivas, otro pibe más que, en pocas horas se suma a una lista de las víctimas de los asesinos de uniforme.
El caso quedó en manos del fiscal Javier Gustavo Martínez, titular de la UFI N°8 de Lomas de Zamora, quien detuvo e imputó a Villanueva por «exceso en la legítima defensa». La versión del agente de la PNA es que se trató de un intento de robo de su camioneta cuando un grupo de jóvenes salía de una fiesta entre las calles El Tordo y Avellaneda. Sin embargo, según testigos, Facundo había tenido un altercado con otro joven que se identificó como hijo del asesino de uniforme.
Diferentes medios de comunicación masiva dan por confirmada la versión de los hechos relatada por el victimario, avalada en las últimas horas por la fiscalía. Tal es la justificación del crimen que encubren como información, esa que reproduce un odio de clase visceral cargado de violencia contra la juventud del pueblo trabajador y pobre. Instalar como sinónimos juventud y criminalidad se sigue cobrando la vida de nuestros pibes.
Este hecho ocurrió a horas del crimen de Luciano Olivera a manos del policía de la Bonaerense, Maximiliano González. La política de otorgar impunidad a los asesinos de uniforme y avalar los discursos reaccionarios que se agitan contra la juventud no distingue entre el gobierno y la oposición de derecha. En las últimas semanas, vemos cómo se replican de forma alarmante los crímenes de un Estado y sus fuerzas represivas producto del aval político del gobierno y los políticos capitalistas.
Según cifras publicadas desde la Coordinación contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en su informe anual sobre gatillo fácil, desde enero de 2021 hasta noviembre de este año se han registrado 400 casos de asesinatos en manos de las fuerzas represivas en todo el país. En el mismo destacan que, la provincia con más casos de violencia institucional y «gatillo fácil» es la Provincia de Buenos Aires. En segundo lugar se ubica Santa Fe y en tercer lugar Córdoba.
Los crímenes de los agentes del Estado contra los pibes tienen que parar. La impunidad que garantizan los gobiernos y funcionarios avalados por los discursos reaccionarios también. Tiene que haber justicia por Facundo Lucas Ismael Galván, por Luciano Olivera y por todos.
