Hace algunas horas, los familiares de Luciano Olivera, joven de 16 años asesinado por agentes de la Policía Bonaerense en Miramar, fueron reprimidos por agentes de la policía y del Cuerpo de Caballería con balas de goma. La violencia de las fuerzas represivas no parece encontrar límite, sobre todo cuando de sostener su impunidad se trata. Es otro pibe que la policía fusila, otra vida que roba un Estado criminal.

Luciano Olivera tenía solo 16 años, jugaba en el Club Once Unidos de Miramar, vivía junto a su mamá, su padrastro y una hermana pequeña en una casa del barrio Parquemar de esa localidad del Partido de General Alvarado.

Hoy alrededor de las 4 de la madrugada Luciano salía de jugar al fútbol y estar reunido con amigos, iba en su moto por la avenida 9 de Julio. Alrededor de seis asesinos de uniforme, en este caso de la Bonaerense a cargo de un control, lo persiguieron y, uno de ellos, Maximiliano González, le disparó de frente. La bala atravesó su pecho y Luciano murió prácticamente en el acto. El cuerpo del pibe estuvo tendido por horas mientras un operativo rodeaba el lugar de los hechos.

Según el informe policial, «El masculino en la motocicleta detiene la marcha, y es cuando el personal desciende del móvil que el joven repentinamente arranca dirigiéndose directamente hacia el oficial González Maximiliano quien preventivamente esgrime su arma (…) de la que se escapa accidentalmente un disparo (tal la manifestación espontánea del efectivo) que impacta en el tórax del joven, quien cae inmediatamente al piso».

La investigación comenzó y la fiscal Ana Caro ordenó la detención del efectivo de la bonaerense quien en sus primeras declaraciones se excusó diciendo que se trató de “un accidente”. ¿Realmente se puede semejante creer esa versión? ¿Cuántos crímenes más va a seguir cometiendo la yuta con el aval de los gobiernos nacional y provinciales?

Hay un dato que deja en evidencia el accionar de la institución policial frente a la juventud, varios testimonios señalaron que el hostigamiento al grupo de amigos de Luciano venía de antes y que, en esa localidad es moneda corriente que «los chicos salen el fin de semana y cuentan que los paran, los verduguean y les pegan», relató Solange, tía de Luciano.

Los asesinos de uniforme actúan con el aval de Axel Kicillof y Sergio Berni

El crimen de Luciano Olivera no fue un accidente, fue un nuevo crimen policial. Y la Policía Bonaerense actúa con el respaldo político de Sergio Berni y Axel Kicillof. Lejos de ser un evento azaroso, existe una clara política represiva del Estado hacia la juventud que los gobiernos nacional y locales mantienen como regla. El gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires viene dando cátedra de cinismo, de una hipocresía que hace hervir la sangre de bronca.

Y esto porque ante cada caso se ha ubicado como un verdadero garante de la impunidad de la Bonaerense ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la violencia institucional y la represión. No hablamos solamente del gobernador Axel Kicillof jactándose orgulloso de haber aumentado el presupuesto y sueldos de la Bonaerense más que la gestión de Eugenia Vidal. Tras el aumento del 11% en octubre con las subas otorgadas en lo que va del año, el incremento promedio para esta fuerza es del 46,5% en relación a diciembre de 2020.

Recordemos, por poner un ejemplo, la falta de sanción cuando se presentaron enfierrados a la puerta de la Quinta de Olivos para exigir aumentos de sueldo, no olvidemos los violentos despliegues de esa fuerza en los desalojos de recuperaciones de tierras como en Guernica o, hace días en Ciudad Evita. Son la mano de obra que violenta a familias sin techo, también desalojan trabajadores que luchan por una fuente de ingresos digna como lo hicieron en Wilde con la cooperativa textil Nueva Generación, hace días también.

Lejos de destituir a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, Axel Kicillof lo banca como nadie. Reafirmar en su cargo a este ministro es legitimar al responsable de agitar un discurso que cirminaliza y estigmatiza a la juventud, como cuando pide la baja de la edad de imputabilidad. Es el mismo que corre por derecha a Patricia Bullrich y se encargó de hostigar a la familia de Facundo Castro. Un ministro que defiende a una fuerza que violenta, asesina y es responsable de la desaparición forzada de un pibe en democracia es responsable por avalar los crímenes de la fuerza que comanda.

Hoy le tocó a Luciano Olivera, como en su momento fue Luciano Arruga, Facundo Castro, Franco Cardozo, Miguel Bru, son casos de gatillo fácil, de desapariciones forzadas, de violaciones a los derechos humanos garantizadas por los sucesivos gobiernos. Son crímenes de un Estado y sus fuerzas represivas que los gobiernos avalan. Son las consecuencias de la función social nefasta de una institución que actúa para la represión y disciplinamiento del pueblo trabajador y su juventud.

Hay que pelear por que se haga justicia por Luciano Olivera, por cada pibe fusilado y violentado por la Bonaerense y toda fuerza represiva. Es verdad, «alentar la idea de ‘meter bala’ no es gratis», pero los derechos humanos no se negocian y la lucha por justicia contra los crímenes del Estado y sus uniformados no puede ser selectiva, como agitan desde el oficialismo. Por eso insistimos, no fue un accidente, es una política estatal y gubernamental que avalan asesinos de uniforme y a toda esa institución podrida.