Al momento lleva más de cuatro horas el motín en las unidades 1 y 2 en el penal de Devoto, en la Capital Federal. La protesta de los presos es por la gravísima situación de insalubridad y exposición a la que son expuestos en el marco de la pandemia. Se confirmó el caso positivo de Covid-19 de un médico que trabaja allí, hay sospecha de que haya al menos dos casos más. La capacidad de esta cárcel es para alojar a 1.600 detenidos y hoy tiene una población de alrededor de 2.200 personas.

Los internos se encuentran en los techos, reclamando por medidas de protección urgentes, dado que el hacinamiento y las deficientes condiciones sanitarias y edilicias son una bomba de tiempo si el virus comienza a circular entre ellos. Parte de los reclamos es la posibilidad de acceder a las prisiones domiciliarias y que se acelere el cumplimiento de los 800 casos habeas corpus recientemente aprobados.

Este es un episodio más de una serie de motines que tuvieron lugar tanto en las cárceles de nuestro país como en el continente. Tales fueron los recientes episodios en la Unidad 10 de Melchor Romero, en La Plata; Coronda y Las Flores, en Santa Fe. En la Unidad 1 en Corrientes, la protesta contra el asesinato en manos de un agente penitenciario de un preso mientras jugaban a la pelota terminó en un segundo asesinato del joven de 22 años Jose Mario Candia tras la represión

Recientemente, en la Unidad 23 de Florencio Varela fue asesinado Federico Rey, en el contexto de la feroz represión por parte de los miembros del Servicio Penitenciario. Tras la autopsia se confirmó que la muerte fue producto del disparo de un arma de fuego, lo que desmiente categóricamente las mentiras difundidas por muchos medios de comunicación, de la “hipótesis” de una pelea interna a cuchillazos. La violencia se justifica al a par que se estigmatiza y tergiversa un reclamo urgente y la propia realidad.

La mitad de la población carcelaria se encuentra alojada en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que tiene una capacidad para 29 mil personas, hoy entre las cárceles y alcaldías hay 43.300 presos. En las comisarías de la provincia hay otras 4.200 personas privadas de su libertad.

La represión es la respuesta violenta del gobierno nacional y los gobiernos como el de Kicillof a una demanda que clama por la preservación de la salud e integridad de las miles de personas presas. La solución al reclamo son balas de goma, de plomo en algunos casos y gases lacrimógenos. Mientras para algunos genocidas la domiciliaria fue otorgada de forma express, muchos presos por delitos menores y con enfermedades de base, siendo población de riesgo, esperan se responda a sus reclamos en vano aún.

Siguen hacinados, mal alimentados y sin elementos de higiene y protección mínimos. La situación es dramática, la preocupación de los familiares y los propios internos es por el dilema de morir en manos de la policía o por el coronavirus. La cárcel es el “basurero de la sociedad”, definía un periodista en relación a los hechos y la situación de fondo y los presos se depositan allí como si ya no fueran personas ni tuvieran derechos humanos.

Hay alrededor de 2.300 casos contemplados como parte de los grupos de riesgo en los penales de la Provincia de Buenos Aires, 600 de ellos están detenidos por delitos leves y cursando el último tramo de sus condenas. Las 800 domiciliarias autorizadas están trabadas por el recurso que impuso el fiscal Carlos Altube para rechazarlas. Mientras tanto, las medidas no son de resguardo a la vida y salud de las y los presos, sino de represión.

Los detenidos por delitos leves (que no sean genocidas, femicidas, etc.) y los que se encuentran privados de su libertad sin sentencia firme deberían ser inmediatamente puestos en prisión domiciliaria: en caso contrario se estaría aplicando una pena capital de hecho sobre ellos, pasando por encima de toda ley y todo derecho.