En las últimas semanas, la administración de Donald Trump redobló su ofensiva política a lo interno de los Estados Unidos. Los ataques contra las universidades, el clima exacerbado de xenofobia y chovinismo imperialista, así como la aprobación de un presupuesto con fuertes recortes a los servicios sociales, son algunos ejemplos de ello.

Por otra parte, también comienza a quedar en evidencia que los sectores del establishment y la burguesía imperialista contrarios al ideario MAGA, ven con mucha preocupación el curso autoritario y anti-globalista que muestra la administración Trump 2.0.

HR 1: un proyecto de gastos al estilo MAGA

Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó el “HR 1”, también conocido como “Proyecto de Ley Único, Grande y Hermoso” (así lo llamó el mismo Trump). Próximamente será discutido en el Senado, donde todo apunta a que será modificado levemente en ciertos aspectos.

Este proyecto regula los gastos e impuestos del gobierno federal y, a criterio de The Economist, es la “legislación más trascendental del segundo mandato de Donald Trump”. Por ejemplo, torna permanentes los recortes del impuesto sobre la renta que impulsó en 2017, en lo cual tiene el apoyo de los congresistas y senadores republicanos.

A su vez, el HR 1 también genera controversias entre las filas republicanas, particularmente porque aumenta el déficit fiscal del gobierno en más de 3 billones de dólares durante la próxima década. Esto es incomprensible para los llamados ‘halcones fiscales’ en el Senado, que abogan por un presupuesto más austero.

Esta contradicción es producto de las pretensiones de Trump de instaurar varios incentivos fiscales en favor de su base electoral. En primer lugar, quiere terminar con la ampliación de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT), cuyo objetivo es tasar a quienes tengan altos ingresos, lo cual va redundar en una significativa pérdida de ingresos. Además, el gobierno quiere aprobar reducciones fiscales sobre las propinas, el pago de horas extras y los préstamos para automóviles, medidas que fueron promesa de campaña y que añadirían 500 mil millones de dólares al déficit.

En contraparte, el proyecto que pasó por la Cámara de Representante contiene recortes presupuestarios de 1,5 billones de dólares que, mayoritariamente, afectan los programas de ayuda sanitaria y alimentaria que son financiados por el gobierno federal.

Los halcones del Senado, por su parte, apuestan porque sean más elevados, como declaró el republicano Ron Johnson (Wisconsin), para quien los recortes tendrían que ser de 6 billones, retrotrayendo el gasto en estos rubros a los niveles previos a la pandemia. La expectativa es que se aprueben recortes de 2 billones de dólares, pues muchos Senadores tienen presión de sus bases para mantener en funcionamiento el Medicaid y la ayuda alimentaria.

Asimismo, el HR 1 tiene el sello MAGA y, por tanto, afecta negativamente a los trabajadores migrantes, el principal ‘chivo expiatorio’ de la actual administración estadounidense. Entre sus disposiciones más retrógradas, impone un impuesto del 3,5% sobre las remesas que se envíen a países extranjeros.

Esta medida perjudicará particularmente a los países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales podrían perder entre el 0,7% y el 1% de su ‘Renta Nacional Bruta’ (indicador económico que mide el total de ingresos generados por los residentes de un país, tanto interna como externamente).

Continuando con la lógica de MAGA, en la Sección 899 del proyecto se legisla sobre los “impuestos extranjeros injustos” que, según los estándares liberales de The Economist, constituye “un acto radical de proteccionismo fiscal, un plan casi sin precedentes para utilizar el código tributario de Estados Unidos como garrote para obligar a otros países a alinearse”.

Su objetivo es gravar a las personas, inversores y empresas de países con impuestos que no son del agrado del gobierno. Por ejemplo, se establecería un impuesto sobre los servicios digitales (DST), el cual afectaría a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Aparentemente, Trump quiere utilizar el DST como un arma en las negociaciones arancelarias con otros países.

También, el HR 1 impondría un impuesto global sobre los beneficios no gravados de las empresas multinacionales, que afectaría los dividendos, intereses y rentas inmobiliarias procedentes del extranjero. Esta medida fue pensada para atacar a las grandes corporaciones de la Unión Europea, Gran Bretaña, Canadá y Corea del Sur, entre otros.

Comenzaría con un recargo fiscal del 5%, el cual aumentaría un 5% cada año hasta alcanzar un máximo del 20%. Se estima que impactará sobre cualquier préstamo concedido en los Estados Unidos por bancos de países considerados como “infractores”, así como a los beneficios que ingresen al país por filiales de compañías estadounidenses.

Igualmente, la Sección 899 abre la posibilidad para derogar las exenciones fiscales de los fondos soberanos y los fondos públicos de pensiones de gobiernos que incumplan las disposiciones contempladas en la HR 1. En otras palabras, abre la posibilidad de que la Casa Blanca chantajee a todo gobierno que considere ‘hostil’, esto es, que no se someta dócilmente a las exigencias de Trump.

Visto lo anterior, es claro que este proyecto de ley está hecho según los lineamientos programáticos del movimiento MAGA y, por consiguiente, entra en contradicción con los intereses de los sectores imperialistas tradicionales que suscriben las tesis clásicas neoliberales y del libre comercio. Desde su perspectiva, el HR 1 tornará los Estados Unidos un lugar sumamente hostil para las inversiones extrajeras y va obstruir el flujo de capital para las compañías estadounidenses.

También, los críticos liberales destacan la contradicción que encarna el proyecto, porque al mismo tiempo que Trump libra una guerra tarifaria para ‘re-industrializar’ el país, también pretende colocar impuestos a las empresas extranjeras que produzcan en territorio estadounidense. Una muestra más del caos estratégico de la actual administración Trump 2.0.

El HR 1 también recibió críticas por parte de antiguos apoyadores del gobierno. El caso más notable fue el del magnate Elon Musk, quien renunció a su cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), pues consideró que el proyecto de ley incrementará el déficit e iba a contramano de las medidas de ajuste fiscal draconiano que impulsó desde dicho organismo. Además, hace unos meses, se posicionó públicamente contra los aranceles del ‘Liberation Day’ y sostuvo un acalorado debate público con Peter Navarro, principal ideólogo de los aranceles en la Casa Blanca.

De la guerra comercial a la pugna judicial

El 2 de abril, Donald Trump realizó la conferencia de prensa donde anunció la lista de aranceles que impuso a 185 países y territorios. El ‘Liberation day’ (Día de la Liberación) marcó una ruptura de la ‘arquitectura’ comercial que rigió el planeta desde el final de la segunda posguerra hasta la actualidad y, consecuentemente, abrió una enorme incertidumbre sobre el rumbo del comercio global.

En otro artículo nos referimos a las pugnas que desató a nivel internacional. En esta ocasión, analizaremos el choque que abrió con el poder judicial.

A mitad de semana (28), el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró como ilegales las tarifas “recíprocas” decretadas por la administración estadounidense. Por este motivo, fueron anulados los gravámenes anunciados en el ‘Liberation day’ y los que se aplicaron previamente a México, Canadá y China.

De acuerdo al fallo judicial, el presidente se excedió en sus atribuciones al invocar la “Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales” (IEEPA, por sus siglas en inglés). Esta fue la maniobra legal que empleó Trump para imponer los gravámenes por decreto y no por vía del Congreso.

Asimismo, el tribunal argumenta que los aranceles no solucionan eficazmente los problemas que pretenden resolver. De acuerdo a los doce estados que presentaron la demanda, los Estados Unidos reportan déficits comerciales de forma ininterrumpida desde hace 49 años, tanto en tiempos de crisis o de bonanza, por lo cual no constituyen una ‘emergencia repentina’.

Por otra parte, el tribunal delimitó el accionar del presidente, al establecer que, según la Ley de Comercio de 1974, solamente puede imponer aranceles a países con los cuales los Estados Unidos mantenga un déficit comercial muy elevado, con la condición de que no superen el 15% ni se extiendan por más de 150 días.

Lo anterior representa un golpe para la Casa Blanca, pues levantó un cuestionamiento a la agresiva política comercial del presidente. En caso de que el fallo quede en firme, Trump no podría apelar a los poderes de emergencia federal para imponer aranceles a diestra y siniestra, con lo cual perdería la principal arma con que desarrolla su guerra comercial.

Aunado a lo anterior, este revés judicial tiene lugar en medio de la ‘tregua’ de noventa días que acordó la Casa Blanca para negociar con los países sancionados. Esto debilita la posición de fuerza del gobierno estadounidense para exigir más concesiones a sus contrapartes comerciales, dado que no hay claridad sobre su capacidad de ejecutar los aranceles.

Como era predecible, el gobierno estadounidense recurrió ante la Corte Federal de Apelaciones y, dado que este recurso fue acogido para su estudio, las tarifas volvieron a entrar en rigor temporalmente hasta que el caso se resuelva en esta instancia. En caso de no obtener un resultado favorable, Trump todavía puede recurrir a la Corte Suprema, un escenario más propicio para la Casa Blanca, porque dos tercios de sus integrantes sobre magistrados conservadores nombrados por los republicanos.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, señaló que no descartan apelar a otras leyes para imponer los aranceles a las importaciones y, de esta forma, evadir la decisión del Tribunal de Comercio Internacional. En otras palabras, el gobierno va continuar aplicando su programa MAGA de forma ejecutiva, demostrando su desdén hacia el ‘debido proceso’ de la institucionalidad estadounidense.

Lo anterior coincide con el giro autoritario y presidencialista de la administración Trump 2.0. En un artículo a propósito de sus primeros cien días, analizábamos su anhelo de transformarse en un ‘César’ que gobierna por encima de las instituciones. De esto dan cuenta los 140 decretos que emitió en ese lapso de tiempo.

Independientemente del resultado de esta nueva disputa judicial, la pugna en torno a los aranceles refleja las intenciones trumpistas de modificar la relación entre los tres poderes en lo Estados Unidos, con la perspectiva de fortalecer el poder ejecutivo y debilitar los contrapesos desde el poder judicial y legislativo.

El asalto a la razón trumpista

Aunado a lo anterior, el gobierno de Trump prosigue con sus ataques a las universidades estadounidenses, las cuales considera como focos del pensamiento crítico y críticos de sus ideas reaccionarias. Además, es indudable que quiere evitar que el movimiento estudiantil se organice y sea oposición de su gobierno en las calles, dado la enorme tradición de lucha con la que cuenta dicho sector.

Lo anterior explica la pugna que sostiene la Casa Blanca contra Harvard, la principal universidad del país y referente del modelo de educación superior estadounidense. Fue la primera universidad que desafió abiertamente las exigencias del gobierno, por lo que Trump asumió esta disputa como una batalla simbólica que no quiere perder.

El miércoles pasado (28), el gobierno pidió a las agencias federales que cancelaran todos los contratos con esta universidad, los cuales ascendían a la suma de 100 millones de dólares. Esto se sumó al recorte de 2600 millones en subvenciones federales que había implementado semanas atrás.

Junto con esto, la semana anterior el gobierno revocó la autorización de Harvard para matricular alumnos extranjeros, una medida que afectó a miles de estudiantes activos y otros miles que están por ingresar.

Según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, la Casa Blanca no está en guerra con las universidades, tan sólo está pidiendo una “rendición de cuentas democrática”, debido a la “discriminación” racial contra los blancos y el mal uso de la ciencia.

En una reciente entrevista, el vicepresidente hizo alarde de las ideas reaccionarias y estúpidas que defiende la extrema derecha MAGA. Además de posicionarse abiertamente contra la contratación de trabajadores extranjeros, justificó la persecución contras las universidades argumentando que, en “las ciencias duras, particularmente en Biología, tenemos una terrible crisis de reproducibilidad, lo que significa que la mayoría de los artículos que se publican en biología no se replican, no son buena ciencia”.

Visto lo anterior, no queda duda de que el objetivo del gobierno estadounidense es someter la educación superior pública al ideario MAGA. Cuando JD Vance dice “rendición de cuentas”, en realidad está pensando en acabar con la libertad de cátedra y la autonomía de las universidades.

Desde la izquierda anticapitalista defendemos la libertad de pensamiento y la autonomía universitaria ante los gobiernos burgueses, sean liberales o (con más razón) de extrema derecha. Es una conquista democrática básica que permite el desarrollo del pensamiento crítico y científico.

Además, es particularmente importante la defensa de los Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África, que, en el caso de las universidades anglosajonas, suelen reunir muchos académicos de orientación marxista, críticos del imperialismo y del colonialismo sionista.

Una situación reaccionaria, pero con potencialidad de reversibilidad

Durante la primera gestión de Donald Trump, el viejo republicanismo mantuvo una importante cuota de poder que mediatizó el accionario del magnate. Hasta cierto punto, lo condicionó a moverse en los límites de la legalidad institucional.

Es más, el vicepresidente de Trump en su primer mandato, Mike Pence, se rehusó a bloquear el resultado de la elección de 2020 y se demarcó del asalto al Capitolio el 8 de enero de 2021. Incluso, declaró contra el presidente en el juicio que se le abrió por esta causa.

Ahora, por el contrario, la administración Trump 2.0 está conformada por un séquito de fieles escuderos del movimiento MAGA, los cuales aplauden todas las bravuconadas del presidente y lo estimulan a ir a fondo. La Casa Blanca se transformó en el centro de operaciones de una pandilla al servicio del presidente, enfocados en encontrar los vacíos legales para facilitar el accionar autoritario de Trump.

La salida de Musk es sintomática de esto. A pesar de ser un promotor de la extrema derecha a nivel internacional y de haber aportado 250 millones de dólares a la campaña de Trump, es claro que perdió el pulso interno con otras figuras del entorno del presidente. Esto explica su renuncia; el magnate sudafricano no comulga con el proteccionismo radical del gabinete trumpista, pues va a contramano de sus intereses como capitalista que se aprovecha del comercio internacional y la libre circulación de capitales.

En conclusión, la situación política en los Estados Unidos es bastante reaccionaria. Eso es innegable y tiene un impacto sobre el resto del planeta. No obstante, la sociedad es un cuerpo vivo y, como tal, resiste los ataques que vienen desde la Casa Blanca.

Además de las pugnas con el poder judicial y las disputas entre facciones burguesas, también crece el malestar por abajo con un gobierno que abiertamente está a favor de los más ricos y ataca a los sectores más explotados de la sociedad.

Las encuestas realizadas hace unos meses denotan eso, pues la popularidad del presidente cayó precipitadamente: solamente un 39% de los estadounidenses «aprueba» la gestión del presidente, y un 64% considera que está yendo «demasiado lejos» en sus intentos por ampliar los poderes presidenciales.

Esto quedó demostrado el 5 de abril en la jornada de “Hands Off”, cuando cientos de miles tomaron las calles de los Estados Unidos para repudiar las políticas de la Causa Blanca (ver Hands off!: el grito contra Trump y Musk que movilizó a cientos de miles en los Estados Unidos).

La realidad es más rica y compleja de lo que se ve a primera vista. La reversibilidad dialéctica está inscrita en la nueva etapa de la lucha de clases. Hay reservas de lucha en la sociedad estadounidense, la cual cuenta con una rica tradición de resistencia de los trabajadores, las mujeres, la juventud y la población afroamericana. Los ataques reaccionarios pueden generar respuestas desde abajo.