Este martes comenzó la serie de audiencias públicas donde se discutirán los aumentos a las tarifas de gas que impulsa el gobierno. Se trata de uno de los puntos centrales que establece el acuerdo con el FMI para reducir los gastos del Estado.

El encuentro, realizado de manera virtual, fue presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla. En su intervención de apertura detalló que la propuesta del gobierno establece aumentos que irán del 20% al 40% en el año.

Según explicó la funcionaria, quienes perciban la tarifa social verán sus tarifas crecer un 20% este año. Mientras que aquellos que no la reciban sufrirán un aumento del 40%.

Se trata de la primera de las tres audiencias que discutirán los aumentos en las boletas de gas que entraran en vigencia el 1 de junio. Es importante recordar que son de carácter no vinculante, por lo que los aumentos que el gobierno propuso pueden no ser los definitivos.

Esto es importante teniendo en cuenta que, aunque aparezcan como aumentos «moderados», los términos del acuerdo con el FMI indican que el ajuste deberá ser mayor. Esta semana, los funcionarios del Ministerio de Economía y el staff técnico del Fondo realizarán la primera reunión de monitoreo de las metas establecidas en el acuerdo.

Falsas discusiones

El gobierno pretende que la cuestión de las tarifas sólo sea tratada desde la perspectiva de la reducción de subsidios. El objetivo es achicar el gasto público para cumplir con las metas que impone el acuerdo.

Por eso, en ningún momento se puso la lupa sobre las ganancias empresarias y la conformación de los precios por parte de productoras y distribuidoras. Estas empresas perciben subsidios millonarios por parte del Estado, pero no informan sobre sus estructuras de costos y sus márgenes de ganancia. ¿Hasta donde esa millonada de subsidios va a cubrir una parte del precio de la energía y hasta donde a acrecentar las ganancias de estas empresas? Esta es la discusión que brilla por su ausencia, en función de justificar el ajuste planteando como única salida que la reducción de subsidios la paguen los usuarios.

Lo que sí sabemos es que a pesar de recibir estas sumas millonarias, el nivel de inversión de estas empresas es bajo o nulo. Así se comprueba por ejemplo todos los veranos, cuando la mayor demanda hace que proliferen los cortes en el servicio. En el caso del gas, el 50% de las familias de nuestro país no cuentan con red de gas natural.

Del mismo modo, otro punto que queda por fuera del debate es el referente al problema de dejar en manos privadas los servicios públicos. Ningún gobierno ha cuestionado el esquema privatista heredado de los ’90. Las empresas hacen ganancias millonarias a costa del Estado, vendiendo lo que debería ser un derecho. Mientras que no se preocupan por invertir para garantizar un acceso adecuado y universal al servicio.

Por eso, a pesar de que el gobierno asegure «cuidar el bolsillo» proponiendo aumentos por debajo de la inflación, lo cierto es que es una cortina de humo para no discutir las  cuestiones de fondo, al mismo tiempo que se propone el ajuste como única salida. Hoy los aumentos propuestos pueden parecer moderados, pero basta con ver los números que exige el acuerdo con el FMI para saber que el gobierno redoblará el ajuste.