El gobierno de Alberto Fernández anunció en sus redes que las tarifas de los servicios de comunicación (celulares, internet y televisión) serán congeladas hasta fin de año.

«El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido», sostuvo. «Estamos recuperando herramientas de regulación que el Gobierno anterior quitó al Estado», Publicó Alberto en sus redes.

Las empresas de comunicación representan un servicio esencial en los tiempos que corren. La cuarentena ha trasladado gran parte de la actividad pública a las redes. Actividades masivas como la educación y el teletrabajo, son algunos de los ejemplos de lo que señalamos.

Además, el gobierno impulsará la creación de Planes Universales, una especie de tarifa social básica que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria.

Las empresas de comunicación, en especial las de telefonía, se caracterizan por una política depredatoria de aumentos sistemáticos inconsultos a sus usuarios, pero además, de brindar un servicio que deja mucho que desear.

Señalemos, de paso, que infraestructuras como las de fibra óptica para internet, requieren un mínimo mantenimiento, por lo cual las elevadas tarifas que se cobran son irrisorias.

Desde el comienzo de la crisis producida por la pandemia del Covid-19, las empresas de tecnología fueron las más beneficiadas, con increíbles aumentos en sus ganancias. En Argentina, MercadoLibre anunció el 10 de agosto cifras récord, sus ingresos netos fueron de 878,4 millones de dólares, lo que significó un aumento interanual del 61,1 %.

La comunicación digital representa hoy un derecho básico para la expresión democrática e incluso para acceder a actividades básicas como la educación. Como todo servicio esencial, debería ser brindado gratuitamente a la sociedad por el estado, o a tarifas mínimas cobradas mediante impuestos, en especial a las grandes ganancias capitalistas. Para ello, las empresas tienen que ser estatales y mantener un control de sus trabajadores y usuarios sobre las mismas.

Los medios y las compañías de comunicación, son hoy uno de los sectores donde concentra mayor capital y poder de fuego la burguesía argentina. Para brindar el derecho democrático al acceso a transmisión de datos, habrá que ir a fondo contra los intereses de estas empresas nacionales e internacionales.