El domingo 16 de junio, siete efectivos policiales realizaron un operativo en el barrio Gas del Estado a causa de una supuesta denuncia de robo de una vecina, a la que le habrían sustraido una soldadora y otras herramientas, y que señaló a un familiar de Silvia Maldonado como supuesto autor del delito. Cuando llegaron a la casa de la familia, fue Silvia, de 17 años y madre de un nene de 2 años y uno de un mes, quien les abrió la puerta y les pidió ver una orden judicial que respaldara el allanamiento. Esta básica petición habría enfurecido a los efectivos, que golpearon a la joven, generando la llegada de varios vecinos que intentaron expulsar a los policías del barrio. Antes de irse, el cabo Abraham le disparó un balazo de plomo en la frente a Silvia, provocando su fallecimiento dos días después. Acto seguido, le dijo en la cara a su hermana “mirame bien, yo soy el que le pegó el cuetazo a tu hermana”.

Después de los hechos, lanzó su versión oficial, según la cual los 7 efectivos habrían realizado una represión con balas de goma para defenderse de los vecinos que los habrían repelido a piedrazos. En esta versión, el disparo de Abraham fue “al aire”, y usó su arma reglamentaria porque la escopeta con proyectiles de goma se trabó. Pareciera que la versión intenta hacer recaer la responsabilidad del crimen sobre el cabo para resguardar al resto de la policía, que de todas maneras queda evidenciada en la acción conjunta que se efectuó para reprimir a los vecinos del barrio.

El repudio al asesinato de Silvia fue inmediato y contundente (con una fuerte manifestación de los vecinos frente a la comisaría 5ta de Santiago del Estero en el mediodía del lunes) obligando a la Justicia a tomar medidas. Hasta ahora permanecen detenidos los 7 efectivos que participaron del operativo, además de un octavo que era el responsable de guardia que ordenó el operativo desde la comisaría 5ta. Abraham confesó el disparo y dijo que había “olvidado” que su arma reglamentaria tenía un proyectil de plomo en la recámara.

Más allá de los intentos de reversionar los hechos por parte de la policía, el asesinato de Silvia claramente no es un hecho aislado. Es parte de la miríada de casos de gatillo fácil que se dan todos los años en los barrios populares, expresión de una política de criminalización y represión permanente por parte del Estado sobre los sectores populares y especialmente sobre la juventud, y que se viene agudizando en el último tiempo a partir de la Doctrina Chocobar de Bullrich y Macri, que insta a las fuerzas represivas a disparar primero y preguntar después, prometiendo la protección del Estado para cualquier efectivo que cometa asesinatos como este. Sin embargo, en varios casos, como el de Silvia o la reciente masacre en San Miguel del Monte, la Justicia se ve obligada a accionar y detener a los responsables materiales como respuesta a la movilización y el repudio de los familiares y vecinos de las víctimas.