Según una resolución del pasado 23 de diciembre en el que todos los contratos se renovaban por 90 días, el gobierno de Milei pretende desvincular a miles de personas de sus puestos de trabajo entre hoy y mañana, cuando se cumple el plazo establecido y el gobierno ya adelantó que no piensa renovar esos contratos.

Se trata de un ataque en regla muy grave, que implica una oleada masiva de despidos aprovechándose del escalafón más precarizado de los trabajadores estatales, que son los contratados. Durante años, el propio Estado (incluso bajo administraciones pretendidamente «progresistas») fue el principal impulsor de la precarización laboral, expandiendo la modalidad inestable de trabajador contratado. Ahora, el gobierno de Milei se apoya en esa precariedad para dejar en la calle a miles de familias.

El gobierno aun no adelantó qué universo de todos los contratos que se terminan serán efectivamente desvinculados, aunque amenaza con hacerlo en su totalidad.

Como suele hacer este gobierno, toda medida de ajuste va acompañada de una provocación. Esta vez el encargado fue quien instrumenta el ajuste, el ministro de economía, Luis Caputo, quien se «quejó» de la planta permanente en el Estado aduciendo que «es muy difícil despedirlos», en referencia a los trabajadores de Télam, agencia que el gobierno está en vías de cerrar.

La propuesta de Caputo es directamente eliminar todo tipo de estabilidad laboral en el Estado, es decir, suprimir por completo la figura de planta permanente para pasar a manejarse en un esquema de contratación por completo. De esta manera, el gobierno pretende que trabajar en el Estado sea un trabajo sin derechos y con inestabilidad laboral permanente. Se trata del modelo de reforma laboral que al gobierno le gustaría aplicar en toda relación laboral, no sólo en el Estado.

En una entrevista concedida al canal oficialista LN+, Caputo aseguró que «no tiene claro» cuando surgió «lo de la estabilidad laboral en el sector público, pero no tiene ninguna lógica. Está hecho así y hay que corregirlo». Increíble pero real, para el gobierno la estabilidad laboral es algo «a corregir». Esta declaración, además, da testimonio que no se trata sólo de ajuste a los trabajadores estatales, sino que intentarán instalar esa visión para toda relación laboral.

La eliminación de la estabilidad laboral en el sector público está contenida en uno de los artículos de la nueva versión de la Ley Ómnibus que el gobierno envió al congreso y ya negocia con los bloques de diputados y los gobernadores.