Ese número es solamente un simple dato del plan de guerra contra los trabajadores cuyo round, luego de la derrota de la Ley Ómnibus fruto de la movilización que impulsó la izquierda en rechazo a las medidas antidemocráticas e inconstitucionales, se juega en el terreno de las condiciones de vida y salariales.
Este ataque económico que pone el desafío a la izquierda de traducir la experiencia del ajuste, transversal al conjunto de las y los trabajadores, jubilados, la juventud, los estudiantes y los sectores desocupados, al plano político. Más cuando los ataques por sector generan un efecto dispersivo aprovechado por los gremios para evitar un llamado al paro general, e impulsando a cambio medidas sectoriales cuya fragmentación no puede derrotar un plan que es integral.
Los festejos por parte de Nicolás Caputo sobre el superávit fiscal son el sufrimiento de millones de trabajadores y trabajadoras en el país. Los datos unánimes de los economistas, tanto simpatizantes como opositores al gobierno, explican el superávit fiscal (mayor ingreso que egresos respecto de lo que recauda el Estado) por el ataque brutal a los salarios, las jubilaciones, y los gastos (o inversión) social.
Este recorte violento ha implicado la caída en la pobreza de cerca de 4 millones de personas en los escasos 2 meses de gobierno de Milei. Hubo un salto de 44,7% de pobreza en el último trimestre del 2023 (que combinó el fin del desastroso gobierno de Alberto Fernández y el inicio del reaccionario Milei) a 57,4% de pobreza en enero del 2024. Esto implica que 6 de cada 10 habitantes del país son pobres, un récord histórico nefasto.
Los números del plan de guerra que explican el superávit fiscal por la vía de devaluación + paritarias a la baja + recorte en el gasto social
– El gasto en jubilaciones cayó un 38,1% real; y en subsidios (salario indirecto para compensar la miseria salarial) un 64%.
– Variación del salario diciembre vs noviembre 2023: caída del -11% en salarios privados, -14% en salarios privados no registrados, -16% salarios públicos.
–Estos números implican una perdida salarial del conjunto de las y los trabajadores por $ 1.128.278.000.000 (1.1 billones de pesos). Es decir, 1.1 billones de pesos que fueron a engordar las ganancias de exportadores, alimenticias, energéticas, acreedores del Estado, entre otras.
-La fuerte perdida salarial explica la caída del consumo en un 8,3% en enero. Los rubros más afectados fueron bebidas alcohólicas (11,3%); higiene y cosmética (7,2%); limpieza (6,6%) y productos para desayuno-merienda (4,5%).
– El salario mínimo vital y móvil establecido por el gobierno en $180.000 mensuales en febrero y $202.800 para marzo, con un ajuste de 30% respecto del monto previo de $156.000, es lisa y llanamente la legalización de salarios de indigencia. Queda bien debajo de la canasta básica alimentaria del Indec, que determina la línea de indigencia y que para una familia tipo ascendía a $285.600 en enero.
Para derrotar el plan de guerra, paro general
Ante el nivel violentísimo de ataque que sufren las y los trabajadores, es necesario exigir a la CGT un paro general de 48 horas, y un plan de lucha que tenga como finalidad derrotar el plan integral del gobierno. El mes de marzo será clave en la dura pelea que es a todo o nada, con una agenda que estará marcada por la movilización a congreso para el 1 de Marzo (apertura de sesiones extraordinarias), el 8 de Marzo (día internacional del derecho al aborto), y el 24 de marzo.
Todos eventos con protagonismo de la izquierda, que debe exigir una respuesta contundente a la CGT y establecer un dialogo con las bases de los gremios para aumentar la presión sobre las direcciones burocráticas. A la vez que construir las condiciones para un desborde a todos los sectores que ponen la gobernabilidad por delante de las condiciones de vida de millones de trabajadores.
