La presentación del proyecto de «Ley Ómnibus» de parte del gobierno de Javier Milei contiene una serie de artículos que significarían la revocación del derecho constitucional a la protesta.

El proyecto prevé aumentos de penas, autorización previa por parte del ministerio de seguridad y hasta propone un ridículo criterio de «manifestaciones de 3 o más personas en un espacio público» como hecho que podría ser penado como un crimen.

En nombre de la «libertad», Milei pretende un país donde la población no tenga derecho a ejercer la protesta contra sus gobernantes. Se trata de un derecho democrático elemental, y uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoyan las conquistas y defensa de todos los demás derechos sociales. Es por eso que Milei apunta especialmente contra la posibilidad de manifestarse.

Estableciendo un insólito criterio, el proyecto prevé que en caso de que se junten «3 o más personas» en un espacio público con fines de manifestarse, deberán pedir autorización expresa al ministerio de Seguridad para su realización, con 48hs. de antelación e incluso con la posibilidad de que dicha dependencia niegue el permiso.

Es un chiste de mal gusto que si uno quiera peticionar o protestar contra el gobierno sea ese mismo gobierno el que tenga el poder de autorizar o no la protesta. El límite de las «3 personas» es sencillamente una tomada de pelo que no resiste análisis.

Mucho más grave es todavía la criminalización que se pretende implementar a quienes protesten. El proyecto prevé aumentos de penas en los dos delitos más típicos que se utilizan para criminalizar a quienes protestan: atentado y resistencia a la autoridad.

Se trata de dos figuras penales que por ser «flexibles» los gobiernos las utilizan como método de disciplina miento social, siendo pasibles de ser aplicadas en casi cualquier situación de protesta o manifestación.

El «atentado» no necesariamente tiene que ser un ataque físico a algún funcionario, sino que puede ser simplemente un insulto. Y la «resistencia a la autoridad» puede ser casi cualquier cosa, empezando por el elemental componente de toda protesta que es ocupar el espacio público.

Atentado contra la autoridad, que actualmente tiene una pena de 6 meses a 2 años, pasaría a tener entre 4 a 6 años de cárcel. Por su parte, resistencia a la autoridad añade «agravantes» como «dirigir, coordinar u organizar» una reunión o manifestación que implica penas de entre 2 a 5 años. Es decir que Milei pretende que dichos «delitos» dejen de ser excarcelables y pasen a ser de prisión efectiva. Una «libertad» bastante curiosa que pretende hacer explotar las cárceles de quienes salgan a defender sus derechos.

Además, el texto prevé una escala mayor, de 3 a 6 años, para quienes «obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta» con promesas de pago o de «quita de asignación de un beneficio, plan o subsidio». Es un párrafo especialmente dedicado a seguir alimentando el odio y la persecución hacia los movimientos sociales.

Los ataques a la protesta social por parte de la «Ley Ómnibus» conforman uno de los componentes más autoritarios y antidemocráticos de todo un extenso texto plagado de reformas y definiciones que buscan hacer del país tierra arrasada para explotación del gran capital internacional, donde nadie tenga derecho a quejarse. La imposición por la fuerza de un modelo económico de superexplotación, todo lo opuesto a lo que se puede considerar libertad.