El objetivo oficialista es obtener alguna mejora en las expectativas electorales de cara a octubre, mientras continúa la política de ajuste coordinada con el FMI.

La medida más importante es el anuncio de un bono de $60.000 para trabajadores registrados del sector público y el privado, que se cobrará en dos cuotas de $30.000 en septiembre y octubre.

Además de ser montos insuficientes y no remunerativos que se cobrarán por única vez, se trata de un bono a cuenta de las próximas paritarias, por los que en realidad se trata de un adelantamiento que implicará paritarias aun más a la baja en el próximo período. Una estafa que busca tener impacto inmediato con fines electorales, pero que no mejora el salario de los trabajadores de manera sostenida más allá de octubre. Además, el bono solo alcanza a aquellos trabajadores que perciban salarios de hasta $400.000 por mes.

Para los empresarios tampoco significa una obligación de sacrificar ganancias, ya que podrán descontar el bono del pago de impuestos, por los que la suma la terminará pagando el Estado también al sector privado. Para Massa la ganancia empresaria es intocable. Para el Estado, esta baja en la recaudación la intentará saldar con más ajuste del gasto, para cumplir con los objetivos pactados con el FMI.

Ni que hablar que el 60% de los trabajadores no registrados no reciben el beneficio, por lo que la mayor parte de los asalariados se quedan afuera de le medida.

Por otro lado, Massa también anunció el refuerzo de los bonos ya anunciados para las jubilaciones mínimas, que alcanzaría -con un bono de $37.000 que se repetirá en octubre y noviembre- los $124.000 en septiembre, bien por debajo de la línea de pobreza.

Además, se anunció una exención impositiva para monotributistas de categorías A, B, C y D, donde el «beneficio» es tan insignificante que es absurdo. Por ejemplo, en el caso de la categoría A (la más baja) la exención sería de menos de $500…

En paralelo, Massa se ufanó de lanzar el «monotributo productivo», un nombre elegante para dar visto bueno a la precarización laboral -permitiendo que las empresas inscriban a sus empleados como monotributistas- con la excusa de lograr un mayor blanqueamiento y reducir la informalidad.

Para los sectores más vulnerables -que en términos relativos son los que más sufren la inflación ya que gastan una mayor parte de sus ingresos en alimentos- los beneficios son aun más miserables. Para quienes perciben el Potenciar Trabajo (unas 1.300.000 personas) se les otorgará apenas un refuerzo de $10.000 en septiembre y otro en octubre, un chiste de mal gusto para quienes más golpea la crisis económica. En el mismo sentido, anunció un refuerzo en la Tarjeta Alimentar, de $10.000 para familias con un hijo, $17.000 para familias con dos hijos y $23.000 en el caso de que tengan tres hijos.

En relación a los precios, Massa anunció el congelamiento de la medicina prepaga hasta diciembre (en el año ya acumula aumentos por 78%) y un nuevo acuerdo de precios con el sector alimenticio, de «sólo» 5% mensuales en productos de primera necesidad. Según estimaciones privadas, la inflación de agosto podría alcanzar el 14%, y la de septiembre partiría de un piso similar.

El carácter paliativo, miserable y sobre todo circunstancial de estas medidas se explica por la continuidad de fondo de la política de ajuste pactada con el Fondo Monetario, quien en las últimas semanas aprovechó el cimbronazo económico post-PASO para salir a pedir medidas aun más duras.

Sin embargo, el gobierno hace equilibrio entre las exigencias del Fondo, el histórico tercer puesto en las elecciones primarias y el creciente clima social enrarecido de las últimas semanas, donde se registraron saqueos en distintos puntos del país alimentados por la penuria económica. Pero sin cuestionar el eje ordenador principal: el ajuste digitado por el FMI.

Trabajadores no registrados y desocupados, los grandes relegados

El paquete tuvo dos grandes sectores que fueron muy dejados atrás o directamente olvidados: se trata de los trabajadores informales y los desocupados.

En relación a los primeros, no hubo ninguna medida, siendo precisamente los que más poder adquisitivo han perdido en estos últimos años. Se trata de los sectores de menores ingresos, que en términos proporcionales más sufren la inflación, en la medida en que gastan una mayor parte de sus ingresos en consumos básicos como alimentos y ropa.

Para los trabajadores registrados no hubo bono ni compensación alguna frente a la terrible devaluación y salto inflacionario. Y esto no tiene que ver con razones operativas (por ejemplo por el hecho de no estar bancarizados) debido a que el propio gobierno instrumentó durante la pandemia el IFE, que alcanzó (aunque con montos muy insuficientes) a trabajadores no registrados. Esta vez no hubo nada para los trabajadores «en negro», que representan casi el 60% de la fuerza laboral en el país.

La única medida que se le acercaría sería la propuesta de Massa de un «monotributo productivo», una forma de incentivar a las empresas a que registren a sus trabajadores… como monotributistas. Es decir, el Estado fomentando abiertamente la precarización laboral.

En el caso de los desocupados, la situación no es muy distinta: fueron claramente relegados en los anuncios de Massa. Sólo en caso de aquellos que cobren el Potenciar Trabajo, no recibirán un aumento en lo inmediato, sino un «refuerzo» por única vez de $10.000 en septiembre y octubre, alcanzando en esos meses la irrisoria suma de $66.000. La Canasta Básica familiar se encuentra en $248.962 en agosto, casi el cuádruple. Y quedará aun más desfasada en los meses en que se cobre el «refuerzo».

¿Quien paga la crisis? Empresarios no quieren pagar ni el bono miserable

Pero ni aun en este contexto de enorme deterioro salarial las empresas quieren dar el brazo a torcer, ni siquiera al tratarse de una cifra miserable, en línea con el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional

Este martes, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y la de la Construcción se manifestaron en contra de la medida y argumentaron supuestas incapacidades de afrontar el pago, así como denunciaron «distorsiones» a los acuerdos paritarios ya vigentes.

Se trata de una victimización que es ya clásica entre los empresarios. Para las empresas consideradas pequeñas y las medianas, el gobierno hasta les dio el beneficio de poder pagar el bono descontándolo del pago de impuestos, por lo que en los hechos el Estado termina haciéndose cargo del costo. Ellos nunca pierden.

Pero en este contexto de grave crisis, y beneficiados por una coyuntura corrida a la derecha, ni aun así quieren que se les cuestiona aunque sea de manera ínfima y circunstancial sus ganancias.

Ganadores y perdedores

Los datos contradicen su victimización. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la participación de los salarios en el Valor Agregado Bruto (VAB), mientras que aumentó el excedente de explotación bruta para las empresas, fuente de sus ganancias. Lo que las cifras oficialas contabilizan como «VAB» es la riqueza nueva creada por los trabajadores en cada período económico.

Según los datos oficiales del INDEC, en el primer trimestre de 2020, todavía pre pandemia, este índice arrojaba una participación del 49,8% del salario en el valor agregado, mientras el excedente empresario se ubicaba en el 35,6%. Sin embargo, los datos varían significativamente si de este cálculo se excluye al sector público y se considera sólo a las empresas privadas: la participación de los sueldos cae hasta el 41,4% y la del excedente empresario sube al 41,5%.

Ahora bien, ¿qué ocurrió en estos tres años y medio de gobierno de Fernández? Durante la pandemia las ganancias empresariales se dispararon mientras la participación de los salarios en el ingreso siguió en picada: al finalizar 2021, es decir justo a la mitad del mandato de Fernández, la participación salarial en el sector privado cayó hasta el 34,1 mientras que el excedente de explotación se disparó al 54,2.

En la actualidad, la situación refleja una leve mejoría, pero no llega a revertir la tendencia. Según los últimos datos, correspondientes al primer trimestre de este año, la participación en el sector privado se repartió de la siguiente manera: la remuneración salarial alcanzó el 40% de la participación, mientras que el excedente empresario se ubicó en el 44,7%.

En resumen, si se compara el primer trimestre 2020 versus el mismo período de 2023, siempre excluyendo al sector público, se obtiene el siguiente resultado: durante la gestión de Alberto Fernández, la participación del salario en el «valor agregado» cayó un 1,4%, mientras que el excedente bruto de explotación a disposición de los empresarios aumentó un 3,2%. En el medio, pandemia mediante, hubo una enorme variación a favor de los capitalistas, con una leve mejoría que no llega a revertir la tendencia.

Por supuesto que se trata sólo de un dato, podríamos citar muchos otros. Por ejemplo, cómo los trabajadores sufrieron el desplome del salario real, mientras las empresas tienen las mil y una maniobras de no perder frente a la inflación, dolarizándose, aumentando precios sin control, etc.

Son estos mismos millonarios los que lloran lágrimas por tener que pagar un bono miserable de $30.000 que no llega ni cerca a paliar todo lo que los trabajadores perdieron bajo este gobierno, que ofrece apenas paliativos mientras refuerza el ajuste.

Una pequeña mención final para la burocracia sindical, que frente a estas provocaciones empresariales brilla por su ausencia. La CGT se limitó a apoyar verbalmente el miserable bono de Massa, pero por su profesión de arrastrados no son capaces de pelear ni por esas migajas.