Entre varios temas sobre los que legisla el proyecto, uno de los más escandalosos es el relacionado al régimen de grandes inversiones y a la política hidrocarburífera del país. En resumidas cuentas, se trata de una ley que busca establecer un régimen de saqueo indiscriminado de los recursos del país a manos de las grandes corporaciones.
Así se desprende de numerosos artículos del texto del proyecto en donde se elimina todo tipo de regulación en el sector, y se elimina cualquier objetivo de política pública que esté relacionado con el desarrollo económico del país, en pos de «incentivar las inversiones». Para ello, pretenden hacer del país un paraíso extractivista donde las multinacionales pueden explotar nuestros recursos sin dejar nada.
La voluntad entreguista de la Ley es explícita a este respecto. En su artículo 157, la Ley Bases deroga el artículo 1° de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el cual establece como objetivo prioritario del país el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos. Además, se dice que este autoabastecimiento tiene como objetivo «el desarrollo económico con equidad social». La Ley de Milei deroga estos objetivos.
Como si esto no fuera suficiente, el texto establece explícitamente como uno de los objetivos del Poder Ejecutivo «maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer la necesidad de hidrocarburos del país», tal como figura en el artículo 100°. Es decir, el proyecto de ley de Milei dice explícitamente que tiene como objetivo maximizar las ganancias de las petroleras y toda otra empresa que explote los recursos energéticos del país. No desarrollar el país: maximizar rentas. Una síntesis brutal.
En la misma línea, el proyecto prevé la libre exportación e importación de todos los hidrocarburos, sin que las empresas tengan ninguna obligación de comercializar al menos una mínima parte para garantizar el abastecimiento interno. Pueden llevarse todo afuera sin ningún tipo de regulación, lo que redundará en que no habrá ninguna barrera entre los precios internacionales y los nacionales, a pesar de que Argentina cuente con recursos propios.
La consecuencia de esta política de desregulación será que la nafta y la energía en general se comercializará como si Argentina fuese un país sin estos recursos, que no tiene otra alternativa más que recurrir al mercado internacional, cuando sí los tiene, sólo que en el proyecto de país de Milei se les entrega en bandeja a las grandes empresas. El texto prohíbe explícitamente al gobierno fijar o regular de alguna manera el precio de los combustibles para el mercado interno.
El RIGI: un país a precio de remate
Uno de los aspectos bastante menos discutidos de la ley es la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un régimen especial de beneficios tributarios y fiscales para las grandes empresas, en particular para las corporaciones extranjeras.
Todas las desregulaciones hidrocarburíferas que detallamos más arriba no son suficientes «incentivo» para las empresas, a pesar de que el Estado argentino se ponga de rodillas y se declare explícitamente a favor de maximizar su rentabilidad, como vimos. No, Milei todavía pretende dar más beneficios que aseguren un saqueo sin precedentes del país.
Las corporaciones que entren al RIGI (que por definición serán grandes corporaciones) tendrán enormes beneficios y privilegios. En primer lugar se les reducirá el impuesto a las ganancias, que pasará del 35% al 25%, en la misma ley en la que se restituye ese impuesto para el salario de los trabajadores.
Además, para girar dividendos o utilidades (es decir, que las multinacionales se lleven sus ganancias) apenas pagarán un 7% de impuesto los primeros dos años, y 0 a partir del tercero. Literalmente pueden llevarse sus ganancias sin dejar un dólar en el país.
Tampoco se establecen impuestos a las importaciones, por lo que se perjudica gravemente a las empresas nacionales en favor de las extranjeras.
Para las empresas que ingresen al RIGI, el Estado se hace a un lado casi totalmente, dejando el país a merced del saqueo. Se le prohíbe explícitamente al gobierno «aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno». Es decir, la ley le prohíbe margen de acción al Estado, mientras que les da vía libre a las corporaciones. Es grave no sólo por sus consecuencias directas, sino también porque intenta evitar que estas políticas de liberalización puedan cambiarse en el futuro.
Los beneficios no terminan ahí. A partir de los tres años en algunos casos, o de dos años en otros, las empresas dejan de tener obligación alguna en liquidar sus dólares en el país. A partir del primer año ya pueden no liquidar desde el 20% de sus cobros por exportaciones.
El proyecto de ley también declara que a las empresas que ingresen al RIGI se les brindará «estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria» durante 30 años. Además quedan explícitamente prohibidas las expropiaciones.
¿Cuales son los sectores que pueden ingresar al sistema RIGI? En la versión anterior de la Ley sólo estaban contemplados los relacionados con agroindustria e hidrocarburos. Ahora esa lista se amplió a una mucho más amplia, que abarca casi todas las principales áreas de la economía.
En resumen, se trata de un criminal intento de imponer en el país un régimen saqueador de lo más descarado. Mientras se eliminan los planes de moratoria previsionales se les crea moratorias para las empresas que no pagaron sus aportes. Mientras se restituye el impuesto al salario, se baja el impuesto a las ganancias para las empresas. Mientras para los trabajadores hay reforma laboral regresiva, para las empresas hay beneficios. No hay mayor testimonio del proyecto de país subdesarrollado y bananero que propugna Milei que el texto de esta infame ley, de la cual todos los partidos capitalistas que faciliten su aprobación, en caso de que ocurra, serán cómplices.
