
La investigación llevada adelante por el juez Martínez de Giorgi dispuso hace pocos días la detención de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal.
Este grupo de ultraderecha se hizo conocido por las amenazas contra Cristina y Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernandez. En los últimos meses protagonizaron escraches a funcionarios oficialistas que incluyeron antorchas, guillotinas y piedrazos. Evidencias de transferencias monetarias de parte de fideicomisos de Caputo Hermanos ponen en duda la «espontaneidad» de esta organización. Como el apellido lo indica, se trata de empresas vinculadas a la familia de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri. Las transferencias fueron a parar a una dudosa carpintería, propiedad de Morel.
Las transferencias (que suman un monto de 8 millones de pesos) fueron realizadas a través de los fideicomisos «Santa Clara Sur» y «Espacio Añelo». Ninguno de los dos está inscripto en la Inspección General de Justicia. Ya en 2020 habían recibido una intimación para regularizar su situación legal.
La detención de Morel se da en el marco de la causa contra Revolución Federal y en el contexto del atentado a CFK ocurrido el 1 de septiembre. En tanto se investiga una ligazón entre este grupo neofascista y el intento de magnicidio, hay pedidos de unificación de las causas.
Junto a Morel fueron detenidos Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Guerra, ambos integrantes de Revolución Federal. Pocas horas después se entregó Sabrina Basile (hija del ex DT «Coco» Basile), quien también era buscada por sus vínculos con la organización derechista. Todas las detenciones estuvieron a cargo de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), que viene llevando adelante la gestión de la causa desde que la Policía Federal fuera apartada por su dudoso accionar.

Junto a las detenciones se realizaron un total de 11 allanamientos. Este proceder fue una sorpresa para los medios de comunicación debido a que la causa venía avanzando bajo secreto de sumario. Las detenciones se desencadenaron luego de que Jonatan Morel emprendiera un viaje a la provincia de Entre Ríos. La salida del AMBA por parte del principal sospechoso fue considerada un «riesgo para la investigación», según señalaron fuentes judiciales a Télam.
En concreto, los detenidos son investigados por «organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas».
Hasta el momento no se conocen pruebas que indiquen una participación directa de Revolución Federal en el planeamiento y la ejecución del atentado, pero la filiación de Brenda Uliarte en dicha organización sí expone una innegable cercanía entre el ideario derechista del grupo y las motivaciones ideológicas de Sabag Montiel y la propia Uliarte para realizar el atentado.






