«Corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición [la de Jones Huala] porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni en este, ni en ningún caso» decía recientemente a los medios Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile.

La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, confirmó que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro ya está realizando trámites para facilitar una extradición exprés de Jones Huala a Chile.

El referente mapuche fue detenido en la madrugada del lunes en el barrio La Esperanza de El Bolsón por parte de la policía de la provincia de Río Negro. Jones Huala permanecía prófugo de la Justicia chilena desde hace casi un año, luego de que le fuera otorgada la libertad condicional solo para volver a dictaminar su detención pocas semanas después.

El Estado y los pueblos originarios

Facundo Jones Huala fue rastreado, según Arabela Carreras y el propio Aníbal Fernández, gracias a un trabajo sostenido durante meses por parte de la policía rionegrina. Sobre la cabeza del referente mapuche pesaba un alerta azul de Interpol, que en pocas horas podría transformarse en alerta roja mientras los gobiernos argentino y chileno intentan acelerar la extradición.

La detención de Jones Huala reavivó una vez más el debate sobre la relación de los Estados argentino y chileno con la población mapuche.

La causa por la que se juzga al referente originario está centrada en los delitos de «incendio y portación de un arma de fabricación artesanal», en palabras de un ministro chileno. No hace falta ser jurista para notar la desproporción entre las acusaciones por las que se juzga a Jones Huala y el enorme despliegue policial (que involucra a fuerzas represivas de dos Estados distintos y a la propia Interpol), político e incluso mediático que se realizó para su detención y extradición.

¿Cómo se explica este fenómeno? Quien dijo las cosas abiertamente, desde el lado argentino, fue Alfredo Cornejo, senador mendocino de Juntos y abanderado de las causas de la derecha argentina. Según él, Jones Huala forma parte de «supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino».

En lo que respecta a la violencia, habría que preguntarle a Cornejo y afines qué opinan de la violencia que los sucesivos gobiernos argentinos (y chilenos) ejercen desde hace siglos sobre los mapuche y otros pueblos originarios. Hace pocos años, este problema tomó la primera plana mediática en la Argentina tras los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Dicho esto, la acusación de «no reconocer el Estado argentino» puede tomarse como formalmente cierta. Y no debería sorprender a nadie. La formación territorial de lo que hoy son Argentina y Chile se construyó a partir del exterminio y la opresión sistemática sobre miles de pobladores originarios del territorio. Los Estados argentino y chileno llevan siglos sin reconocer a la población originaria. Tiene pleno sentido que, tras ese largo proceso, la población mapuche no reconozca a esos Estados como propios sino como aparatos ajenos y enemigos.

Con eso en mente puede comprenderse cabalmente la oleada de felicidad que recorrió a los gobiernos y la oposición de ambos países tras la detención de Jones Huala. Las discusiones que parecen surgir no son mucho más que diferencias de grado en cuanto al tratamiento que deberían recibir los mapuche.

En Argentina, la oposición en la que se congregan personajes como Cornejo o Patrica Bullrich desearía una estrategia de ofensiva permanente sobre los pueblos originarios. Fue la directiva que bajó Bullrich durante su mandato al frente del Ministerio de Seguridad, responsable de los asesinatos ya mencionados de Maldonado y Nahuel.

Si el panperonismo se muestra algo más moderado en el asunto se debe únicamente a que su base electoral es permeable al problema mapuche. Por esa razón renunció la ministra Gómez Alcorta hace algunos meses, luego de una feroz represión sobre los mapuche en la patagonia argentina.

Pero, a fin de cuentas, el peronismo no titubeó en detener a Jones Huala y ponerlo a disposición de la Justicia chilena.

Tampoco Boric, quien se presentara como abanderado del progresismo latinoamericano y de la rebelión chilena, titubeó en continuar con una política de represión continua sobre los mapuche. La militarización de la Araucanía en mayo pasado fue una muestra clara de la disposición represiva del gobierno de Boric.

La detención de Jones Huala en El Bolsón es un nuevo capítulo en la larga historia de persecución sobre los mapuche. Y las declaraciones de gobierno y oposición sobre que «nadie está por encima de la ley» no cambian este hecho. Es sabido por todos que sí existen en la Argentina (y en Chile y el resto del mundo) personas que viven como si estuvieran más allá de la ley. Es el caso de los Lewis y los Benneton, los terratenientes multimillonarios extranjeros que poseen enormes extensiones de tierra en la patagonia argentina y chilena. Incluyendo lagos, ríos, cadenas montañosas, extensiones de bosque virgen y otros recursos naturales invaluables que deberían ser patrimonio del conjunto de la sociedad bajo responsabilidad del Estado.

Esos son los verdaderos intereses detrás de la detención de Jones Huala. Ningún argentino ni chileno de a pie se verá beneficiado de la persecución sobre los mapuche. Pues los Fernández, los Bullrich y los Boric que hablan en nombre de «el Estado» en realidad defienden los intereses de una pequeñísima franja de la población: de los terratenientes y empresarios que lucran sobre el despojamiento de las tierras originarias.