Si se suma el incendio de Los Manzanos, en Bariloche, todavía activo, y los focos ya controlados de La Momia y Epuyén, ascienden a 37 mil las hectáreas afectadas. Es una vez y media el área total de la Ciudad de Buenos Aires. Las consecuencias hablan por sí mismas: áreas naturales protegidas en crisis, cientos de viviendas quemadas, miles de personas evacuadas, comunidades desplazadas, un muerto.

Las excusas de los funcionarios para no hacerse cargo van desde culpar solo al “calor” a hablar de «terrorismo mapuche», pasando por pretender responsabilizar a los mismos brigadistas que están enfrentando los incendios. Eligen no mirar a los grandes terratenientes de la Patagonia, como Lewis, cuyos cientos de miles de hectáreas jamás arden.

Mientras tanto, el gobierno nacional y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, quien por su cargo es responsable de atención a riesgos de desastres, guardaron por semanas un silencio atronador, como si nada tuviera que ver con ellos, o como si les pareciera muy bien que arda todo y de las cenizas surjan fortalecidos el lobby minero y el negocio inmobiliario.

BULLRICH MIENTE: no hiciste NADA frente a los incendios en el Bolsón. Esperaste a que llueva para decir tus primeras palabras al respecto y sólo podés mostrar dos helicópteros en un video de 40 segundos mientras la población de El Bolsón combate el fuego de manera voluntaria.
Son… https://t.co/J7kxe2Y9Dw

— Federico Winokur (@federicowinokur) February 10, 2025

Focos de incendio y responsabilidades

Primero ardió Epuyén, y hace pocos días llegó a haber 4 focos activos a la vez. Autoridades de las áreas naturales protegidas, brigadistas y vecinos manifiestan una preocupación común: Los focos intencionales. En una sola noche siniestra aparecieron 4 focos intencionales en El Bolsón. Ayudaron el viento, un verano caluroso y seco, las plantaciones de pinos, pero este desastre no tiene nada de natural. Puede ser por la más absoluta inoperancia, o puede ser porque el intendente y el gobernador tienen sus propios negocios, pero de cualquier manera, ni la justicia ni el ejecutivo señala responsables materiales.

Hay responsables políticos. Por acción u omisión. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabeza la lista, porque es su ministerio el que está a cargo de la Dirección Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Recientemente, ese mismo ministerio tomó bajo su órbita el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, antes dependiente del Ministerio de Ambiente. En ambas áreas el presupuesto se sub-ejecutó dramáticamente en el último año.

Cuando ya hacía dos semanas que habían comenzado los incendios, Bullrich finalmente respondió… con un video en redes sociales desde El Bolsón. Acompañada por Petri, hizo show anunciando la creación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para tener «eficiencia, eficacia, menos estructuras y burocracia». Lo cierto es que el anuncio de la nueva agencia no implicó ni un solo brigadista más en las zonas afectadas.

La acompaña Milei, presidente de la Nación, que elige no darse por aludido, como si nada tuviera que ver. Sin embargo es, como mínimo, responsable de los recortes y sub-ejecuciones de presupuesto, del cierre de áreas especializadas y de los despidos de brigadistas forestales y trabajadores de Parques Nacionales. El ajuste sobre los recursos para el manejo del fuego fue brutal: se ejecutó nada más que el 22% del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), un 81% menos que el destinado al área en 2023.

Esto implicó cercenar toda la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones así. Hubo despidos masivos en el sector, según denuncian los brigadistas, recortes en el mantenimiento de equipos y destrucción de la capacidad operativa de los organismos responsables. El año pasado habían echado a más de 100 trabajadores; en enero, justo antes del desastre, despidieron a 30 más. Además, les impusieron a los brigadistas, que literalmente ponen su vida en la línea de fuego, la más absoluta precarización laboral. En la Patagonia, no llegan al millón de pesos por mes de salario; y el gobierno dispuso que sus contratos se renueven cada tres meses, por lo que están en permanente riesgo de ser despedidos sin indemnización de ningún tipo.

El intendente de El Bolsón, por su parte, dice que está “destruido”, y da a entender que la solución que está considerando, por el momento, junto con Bullrich, es la militarización de la zona ¿Militarizar para controlar los incendios, o para intimidar y avasallar a las comunidades que enfrentan el fuego y proteger los negocios de los incendiarios?

Los incendios son hoy un desastre que se repite en el mundo, y que es cada vez más frecuente y más dramático, y tiene una serie de causas, empezando por el cambio climático. Le siguen los negocios agropecuario, inmobiliario y turístico, que presionan tanto sobre las áreas protegidas como sobre los territorios de las comunidades originarias. En el caso de la Patagonia argentina, una causa es también la plantación artificial de pinos, que no es un árbol autóctono y que es muy inflamable, pero en otros lugares del mundo son otras modificaciones de los ecosistemas, modificaciones antrópicas y poco racionales, las que operan en el mismo sentido.

Y, por supuesto, la complicidad estatal, que no invierte un peso en la prevención, ni interviene de ninguna manera para mitigar las otras causas. Por el contrario, los gobiernos de ultraderecha, negacionistas del cambio climático, están del lado de la irracionalidad y de los negocios de las empresas inmobiliarias, ganaderas, turísticas. Y, cuando la crisis estalla, miran para otro lado, bravuconean amenazando con militarizar. No están a la altura de las circunstancias.

Campaña represiva como toda respuesta

Los gobiernos provincial y municipales posan de desbordados, casi desesperados, y reaccionan amedrentando a las comunidades que se organizan para hacer frente al desastre. Se detuvo inicialmente a 10 personas, la mayoría brigadistas voluntarios que estaban enfrentando los incendios, pero ya liberaron a 9 por falta de pruebas. Es demasiado poco creíble que quienes están arriesgándose frente a columnas de fuego para salvar el bosque puedan ser culpables de iniciar el incendio.

La única respuesta real del gobierno fue lanzar la detención de «perejiles» y una campaña ideológica de demonización del «terrorismo mapuche». Todavía hay dos personas presas sin ninguna acusación firme contra ellas.

“Estas decisiones no son inocuas. La persecución policial y judicial a brigadistas voluntarios atenta contra el compromiso social, desalienta la participación, genera miedo y desconfianza en las instituciones y, finalmente, deja avanzar los incendios. ¿Quién va a ayudar si puede terminar con un pedido de detención?” denunció acertadamente el CELS.

La denuncia contra el «terrorismo mapuche» es una más que obvia venta de humo del gobierno para no hacerse cargo de sus responsabilidades. Ni una prueba tienen, y lanzan las acusaciones al viento.

Solidaridad y anti-capitalismo

Quienes sí están a la altura de las circunstancias son los brigadistas forestales y bomberos, muchos de ellos voluntarios, algunos despedidos que igual se adentran en la montaña a enfrentarse al fuego. Quienes sí están a la altura son las comunidades, los vecinos y las vecinas, que organizan redes de solidaridad para que a esos brigadistas no les falte nada. Están a la altura también las miles de personas que se organizan en todo el país para enviar recursos y apoyo.

Y no es poca cosa. Tiene un inmenso valor, y hoy están haciendo la diferencia. Sin embargo, no alcanza. Y por eso continúa la exigencia firme al gobierno nacional de que destine ya mismo los recursos para enfrentar al fuego, y para prevenir futuros incendios. Y también debe continuar la reflexión y la organización contra este sistema irracional, que por unos metros más de emprendimiento inmobiliario sacrifica miles de hectáreas de bosque nativo y no pestañea ante las vidas humanas afectadas.