El martes 4 de octubre, el (fundado ese mismo día) Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, un cuerpo represivo integrado por la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria bajo las órdenes del ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, desalojaba violentamente la recuperación pacífica mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Los días previos a la represión, el clima se había calentado en la zona patagónica de Villa Mascardi, localidad cercana a Bariloche. Un fuerte bombardeo mediático estigmatizaba una vez más a las comunidades mapuche que luchan por su tierra en la Patagonia Argentina. Los argumentos, irrisorios. Desde que un grupo armado terrorista mantiene aterrorizados a los vecions de la zona, hasta que, el reclamo mapuche amenaza la soberanía territorial de Argentina.
Patricia Bullrich había encabezado una manifestación, donde reaccionarios ondearon banderas argentinas exigiendo violencia contra la pacífica comunidad originaria. En declaraciones públicas, Espert pedía «cárcel o bala a estos terroristas de mierda». El gobierno nacional, finalmente, cedió a los reclamos de los sectores más reaccionarios.
Isabel Huala: «La campaña del desierto no terminó»
Más de 250 efectivos del «Comando Unificado» arremetieron contra la comunidad. En el descampado sólo había presentes mujeres y niños. Las arrojaron al suelo y apuntaron con armas largas a la cabeza. Después, como si trataran con cosas y no con seres humanos, las obligaron a subir a un avión y llevaron a la cárcel de Ezeiza, 1600 kilómetros alejado de su lugar de residencia, configurando una flagrante violación a los derechos humanos que recuerda a los métodos de la llamada «Conquista del Desierto».
Una de ellas pudo haber ser obligada a parir lejos de su tierra, lo que hubiera constituido una violación a sus derechos culturales, por la importancia que tiene en la cultura mapuche el lugar de nacimiento de los hijos. El desalojo, así como el traslado, lo dispuso la jueza federal subrogante Silvina Domínguez. Alberto Fernández, hipócritamente, salió a decir que «no hubo represión» y justificó lo accionado por la justicia y las fuerzas represivas.
Situación de Villa Mascardi
En el día de la fecha, se procedió a dar por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi. Con orden judicial en mano, ingresó la Policía Federal Argentina, con el cometido de cumplir manda judicial. El ingreso se hizo sin armas letales.(Sigue)— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 4, 2022
Una ola de repudio se levantó al instante contra estas reaccionarias y escandalosas medidas represivas, racistas y patriarcales. El Estado argentino ya había tenido litigios por el traslado de miembros de las comunidades originarias, cuando en el 25 de noviembre de 2019 fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por un traslado de unos detenidos en Neuquén a 800 kilómetros de su residencia.
La brutalidad con que fueron tratadas las mujeres mapuche precipitó la renuncia de la ministra de Géneros y Diversidades, Gómez Alcorta, pero al momento no ha conmovido al ministerio presidido por Aníbal Fernández, principal responsable del nefasto accionar de las fuerzas represivas.
Alrededor de las apenas 7 hectáreas recuperadas por la comunidad, y en el mismo suelo donde asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, ostentan sus lujosas parcelas los burgueses dueños del Llao Lao, el Grupo Benetton, el príncipe de Qatar, la princesa de Holanda y Joe Lewis, apropiador del hermoso «Lago Escondido».
El problema de las tierras en el sur de nuestro país no se mide con la misma vara cuando los apropiadores son burgueses extranjeros. El pueblo mapuche está atado a la tierra por lazos más profundos que un simple «título de propiedad», que parece dar derecho a apropiarse de paisajes naturales que deberían ser de todos.
El accionar del gobierno del Frente de Todos frente al conflicto mapuche lo ha emparentado con la derecha más rancia: no se diferenció en nada de lo actuado por Patricia Bullrich en 2017. Adoptaron su doctrina. Sin embargo, la solidaridad expresada con el reclamo territorial y los derechos de la comunidad Mapuche hizo pagar un costo político al gobierno tras la represión.
Más que nunca, solidaridad con la comunidad mapuche y su reclamo territorial. ¡Basta de represión! ¡Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay!
