Esbozamos a continuación una serie de apuntes acerca de un año en Filosofía y Letras que estuvo marcado por la emergencia de luchas reivindicativas, especialmente ante el cierre de cátedras y materias paralelas, y que plantean al movimiento estudiantil la necesidad, no sólo de la defensa de la universidad pública tal como la conocemos, sino también de su transformación profunda para ponerla al servicio de las necesidades de los trabajadores y el conjunto de la sociedad, así como del desarrollo del pensamiento crítico.
Del estudiantazo contra Milei a la pelea contra las autoridades
Desde que asumió su gobierno, Javier Milei señaló a la universidad pública como uno de sus blancos centrales de ataque. Esto se expresó en el congelamiento del presupuesto destinado a las universidades nacionales por dos años consecutivos y los vetos a las dos leyes de Financiamiento Universitario (en el caso de la segunda, como es sabido, el veto fue rechazado por las cámaras legislativas). Este ensañamiento quedó cristalizado nuevamente cuando la derogación de la segunda Ley de Financiamiento Universitario fue incluida en el capítulo XI del Presupuesto 2026, de reciente aprobación en la Cámara de Diputados que, sin embargo, rechazó la inclusión del capítulo mencionado. Un hecho que es el reflejo de la enorme pelea que dieron el movimiento estudiantil y el conjunto de la comunidad universitaria desde abajo para defender la universidad pública durante 2024, incluyendo las marchas federales y las tomas de la facultades en todo el país, y que volvió a entrar en escena este año, aunque con mayores mediaciones y operaciones de contención por parte de las direcciones burocráticas de los centros y federaciones estudiantiles, así como de los sindicatos docentes y nodocentes.
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No es casualidad la obsesión de Milei con la universidad pública y sus múltiples intentos por hacer caer cualquier medida que otorgue unas migajas más para las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales. Y es que el ataque de Milei a la educación superior universitaria no se trata de un mero ataque económico, una simple medida de ajuste para mantener su tan valorado “déficit cero”. El ataque del gobierno a la universidad se trata de un ataque que es global e incluye todo un aspecto político-ideológico, que proviene de un personal político fuertemente oscurantista. El ensañamiento con las universidades es parte de la “batalla cultural” que libran Milei y su grupo de lúmpenes contra el conocimiento científico y el pensamiento crítico, y que es parte de cuestionar conquistas enormes conquistas culturales del movimiento de masas argentino, como lo es el acceso masivo a la universidad, que permite que los trabajadores e hijos de trabajadores puedan formarse, politizarse y proyectar un futuro.
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La pelea en defensa de la universidad pública sigue latente mientras este gobierno siga en pie a pesar de las direcciones gremiales y conducciones estudiantiles que buscan evitar a toda costa una nueva irrupción del movimiento estudiantil y la comunidad universitaria, especialmente este año, que estuvo cruzado por las elecciones nacionales de medio término, en las que el peronismo organizó la derrota electoral que le dio a La Libertad Avanza un aparente respiro luego del 26 de octubre, en medio de una crisis política que parecía no tener fondo. No obstante, ese mismo peronismo que no se la jugó a la elección de octubre con un programa alternativo, sí se la jugó a garantizar la efectivización de su programa para la facultad: el ajuste y los ataques ideológicos dentro de la misma, sin nada que envidiarle a los funcionarios radicales a cargo del Rectorado, mientras posa de progresista ante los medios. No es para sorprenderse. Estamos hablando de la misma gestión encabezada por Ricardo Manetti y Graciela Morgade que a lo largo de 2023 llevó adelante una campaña persecutoria contra dos compañeras del ¡Ya Basta! buscando sancionarlas por su militancia política, la que a fines de ese mismo año resolvió el recorte de una franja horaria de cursada, que al año siguiente impuso un arancel sobre los cursos de extensión que hasta ese momento eran gratuitos, y la que en estos últimos años llevó adelante reformas antidemocráticas de los planes de estudio, de espaldas a los estudiantes y docentes de las carreras.
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La gestión Manetti-Morgade, ¿aliados o cómplices del ajuste?
Todo esto comienza a pasarle factura a la gestión de manera gradual y entre un sector del activismo de la facultad. Y es que la experiencia del movimiento estudiantil con la gestión de Filosofía y Letras venía más atrás en relación a años anteriores, producto de la pandemia y la desmovilización de la conducción peronista del CEFyL, que opera como correa de transmisión de la política de la gestión al interior del estudiantado [1]. El año pasado las autoridades buscaron constantemente ubicarse como la dirección del proceso en defensa de la universidad, pero se les terminó escapando de las manos cuando irrumpió el activismo estudiantil para tomar la facultad y que dejó un nuevo piso de experiencia luego de 6 años sin una toma.
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Este año en Filosofía y Letras el centro se trasladó a luchas reivindicativas al interior de la Facultad, en particular ante el cierre de la materia alternativa Epistemología (Glavich) de Antropología y la cátedra paralela de Gramática “C” de Letras. De conjunto, configura un ataque persecutorio contra dos experiencias paralelas de dictado de materias que se diferencian de la mayoría ya sea por sus contenidos o por su forma de abordar los contenidos y la cursada. En ambos casos, se trata de abordajes con legitimidad entre los estudiantes de la Facultad y que son reconocidos como experiencias valiosas, ya que pocos equipos de trabajo ofrecen experiencias o contenidos como los trabajados en estas asignaturas.
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Este ataque de la gestión puso en marcha a todo un sector del activismo independiente que, junto a las corrientes de la izquierda, venimos siendo parte de una pelea contra las autoridades para defender la diversidad de enfoques y la libertad de cátedra en Filosofía y Letras. En el caso de Epistemología, el conflicto comenzó en 2024 pero fue este año cuando se empezaron a tomar medidas de acción directa, como una movilización importante a la Junta Departamental de Antropología. Mientras tanto, el cierre de Gramática “C” se dio hacia las últimas semanas del cuatrimestre, luego de la jubilación de quien fuera titular de la cátedra.
Durante el segundo cuatrimestre se sucedieron toda una serie de movilizaciones a las sesiones del Consejo Directivo y eventualmente a distintas reuniones de las Juntas Departamentales. El conflicto tuvo un primer pico con una permanencia en la sala del Consejo Directivo contra el cierre de Epistemología, en el cual distintos funcionarios se dedicaron a provocar y hasta acusar de “funcionales a la derecha” o “servicios” a activistas que se encontraban movilizando. Un segundo pico fue alcanzado con la toma del Departamento de Letras, ante la falta de explicaciones por parte de las autoridades departamentales ante el cierre de la cátedra de Gramática, en el que se logró un compromiso por parte de las mismas para continuar dialogando en torno a distintas posibilidades para el dictado de contenidos vinculados al enfoque cognitivo-prototípico ofrecido por el equipo docente de la cátedra, que no figura en ninguna otra parte del plan de estudios de Letras. Esta segunda acción fue valiosa, ya que fue un paso adelante en la radicalización de un sector del activismo, que le impuso la firma de un acta de acuerdo a las autoridades a partir de la acción directa de los estudiantes.
El Colectivo y la transformación del CEFyL en una secretaría de la gestión
En todo este proceso, la conducción del CEFyL, El Colectivo, encabezado por Patria Grande, La Cámpora y Movimiento Evita, se dedicó a boicotear la lucha estudiantil. En el caso de Epistemología, su papel fue ningunear de manera constante el trabajo del equipo, con argumentos administrativo-burocráticos para deslegitimar la existencia de la materia alternativa. En ningún momento se dieron siquiera la tarea de hacer al menos una publicación en redes sociales en defensa de la materia, habiendo sido votado esto en diferentes asambleas generales del centro de estudiantes.
Por otro lado, en el caso de Gramática, la presión que sintieron desde el movimiento estudiantil fue mayor, con lo que se vieron obligados a votar en contra de su cierre en la sesión de la Junta Departamental en la que se trató el asunto. Cabe aclarar que las autoridades tienen mayoría automática en todos los órganos de cogobierno, por lo cual los votos de la representación estudiantil no era suficiente para modificar el resultado, por lo cual se sobreentiende que el voto de los representantes de El Colectivo configuraba una maniobra para hacer ver un posicionamiento ante el activismo que en realidad no era tal.
No es de extrañar que la conducción del CEFyL que responde a las distintas vertientes del peronismo a nivel nacional se ubique del lado del ajuste y los ataques ideológicos a quienes toman enfoques alternativos a los lineamientos de las autoridades. Sin ir más lejos, durante 2024 el peronismo se dedicó a intentar frenar la irrupción del movimiento estudiantil, con movilizaciones convocadas desde arriba en conjunto con el aparato radical de la UBA, llamando asambleas una hora antes en pleno mediodía para desconocer mociones votadas en asambleas previas y traer a todo el aparato universitario del PJ y satélites para votar en contra de las tomas. Así, el peronismo constituyó una pieza clave para evitar el desborde del conflicto universitario, tal como lo han sido para asegurar el triunfo electoral de LLA (o, mejor dicho, la derrota del peronismo ante la misma [2]).
El Colectivo no sólo se posicionó en 2023 a favor de recortar horarios y de sancionar a nuestras compañeras, sino que en los conflictos de este año, jugaron el papel de una auténtica burocracia, al hacerse presente en distintos momentos de las acciones para justificar el accionar de las autoridades, confrontar con el activismo y montar provocaciones como la que se vio en su declaración “contra el cierre de Gramática” (publicada en las redes oficiales del CEFyL), donde se acusaba a los activistas movilizados a la sesión de la Junta de utilizar “métodos violentos”. Una calumnia que buscaba dividir a los estudiantes en torno a la defensa de Gramática, buscando ubicarse como los defensores legítimos de la materia, pero sin dejar de acoplarse a la medida de “reubicación” de las docentes de la materia propuesta por la gestión, que implicaba desintegrar el equipo. En síntesis, un accionar propio de una burocracia estudiantil y de la Franja Morada, que por mucho que voten de una forma u otra, no dejan de ser el agente de las autoridades al interior del movimiento estudiantil de la Facultad y los responsables de legitimar su ajuste entre los estudiantes.
El PTS y la profundización de un curso de adaptación institucional
Otro apartado merece la discusión táctica al interior de la izquierda, con el FIT-U en general y, en mayor medida, con el PTS. Como ya venimos problematizando en múltiples escritos, esta corriente política viene avanzando en una senda de creciente adaptación al régimen político-electoral y, en el caso de la vida política de la universidad, a los mecanismos institucionales del cogobierno universitario. Esto se da como subproducto de un progresivo proceso de “superestructuralización” de este partido, que ha tendido a subordinar el trabajo político estructural, de base, a la búsqueda de representaciones parlamentarias en todos los niveles. Fue claro en la campaña electoral nacional cómo el FIT-U, comandado por el PTS en ese terreno, hizo girar su agitación en torno a la autorreferencia y la abstracción de “necesitamos más diputados de izquierda para frenar a Milei”, vaciándola de todo contenido programático ante sectores de masas de trabajadores que buscan una respuesta frente a la crisis social [3].
Este salto cualitativo del PTS, transformado en un partido electoralista con expresión en la vanguardia, se viene manifestando en todos los órdenes. Acá nos vamos a dedicar únicamente al caso de su agrupación en Filosofía y Letras, en la que tienen una responsabilidad con su representación institucional tanto en el Consejo Directivo como en la Junta Departamental de Letras, en los que ocupan la banca por la minoría estudiantil junto al resto del FIT-U. Nos adelantamos a señalar que la ausencia de todo planteo radical para pelear en defensa de la universidad ya había sido marcado luego de la asamblea general de septiembre de este año, en la que el conjunto de las corrientes del FIT-U hicieron frente único con la conducción peronista del CEFyL para evitar la toma de la Facultad, en el marco de la campaña electoral, mientras que desde el ¡Ya Basta! planteamos claramente la necesidad de medidas más radicales como la toma para tirar abajo el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario [4].
En cuanto a los conflictos reivindicativos que surgieron estos meses, la ubicación del PTS fue intervenir como oposición pero evitando por todos los medios romper los marcos institucionales. En todo momento, su orientación propuesta fue respetar los mecanismos de uso de la palabra en los órganos, presentando proyectos declarativos para usar de “excusa” y que los estudiantes pudieran intervenir… ¡con el permiso de las propias autoridades que están llevando adelante el ataque! Presentar proyectos no es un error en sí mismo; está claro que cuando la institucionalidad no es puesta en cuestión de manera masiva, puede ser una herramienta para dejar en evidencia a las autoridades. Pero luego de múltiples rechazos, provocaciones y ataques, está claro que la vía institucional no puede ser una salida al conflicto, sino que hace necesario los métodos de la acción directa, ya sea con movilizaciones, ocupaciones de los departamentos u otros espacios. Por el contrario, hasta el último minuto, el PTS defendió la intervención respetando las formas institucionales, posicionándose en contra de interrumpir las sesiones para hacer escuchar los reclamos del activismo que se encontraba movilizando, dejando esto explícito en unas asamblea en defensa de Epistemología cuando textualmente dijeron “los métodos legales y burocráticos nos pueden servir para defender las materias”, una vez que los mismos “métodos legales y burocráticos” fueron los que resolvieron el cierre tanto de Epistemología como de Gramática [5]. Claro que esto no fue gratuito, sino que fue señalado en diferentes ocasiones por el activismo, ante un accionar que incluso iba en contra de las propias medidas resueltas en los espacios asamblearios o de consenso, donde se planteaba la interrupción del funcionamiento normal de los órganos.
En contraste, desde el ¡Ya Basta! intervinimos sosteniendo la insuficiencia de la vía institucional y que era necesario tomar medidas más radicales, como la toma del Departamento de Letras (en la que el PTS se mantuvo callado sin mover un dedo durante toda la ocupación), al mismo tiempo que es necesario masificar la pelea en defensa de las materias y cátedras paralelas, entendiendo que se trata además de un precedente que allana el terreno para un avance reaccionario contra la libertad de cátedra en toda la Facultad. Al mismo tiempo, acompañamos toda la experiencia de lucha contra la gestión, con una participación activa en todas las medidas planteadas en los espacios de discusión y resolución.
Es necesario transformar toda la universidad
La conclusión que nos deja todo esto es que hay una experiencia que recomienza con la gestión de Filosofía y Letras, dejando claro que para defender la universidad pública hay que ir más allá de las distintas medidas para frenar los ataques del gobierno nacional en lo inmediato, sino también que es necesario plantear una discusión al propio interior de la Facultad, denunciando el rol de las autoridades como agentes del autoajuste y del ataque ideológico contra la libertad de cátedra.
La Universidad pública, gratuita y de calidad tal como existe hoy representa un elemento profundamente progresivo, que es expresión de las conquistas materiales y culturales de la clase trabajadora argentina, y es necesario defenderlas en el marco de una coyuntura reaccionaria donde el gobierno nacional busca poner a prueba las relaciones de fuerzas en el país, como lo vemos con la contrarrevolución laboral que va a estar tratándose próximamente en el Senado. Pero no se puede perder de vista que las propias autoridades tienen intereses propios, vinculados a aparatos nacionales como los del radicalismo y el peronismo, y que tampoco les tiembla el pulso a la hora de vaciar las facultades, atacar horarios de cursada, la libertad de cátedra y, en general, haciendo cargar a los estudiantes, docentes y nodocentes con el peso del ajuste.
Para defender la universidad pública, es necesario retomar los métodos del estudiantazo, radicalizando al movimiento estudiantil, para poder conquistar condiciones que se correspondan con las necesidades de los trabajadores, que hoy forman una enorme proporción de la población estudiantil de la Facultad. Y también pelear desde una perspectiva anticapitalista por conquistar una universidad que efectivamente funcione como un espacio de desarrollo del pensamiento crítico, de debate político y que esté al servicio de las necesidades de la sociedad.
[1] Por supuesto que acá intervienen otros elementos propios de la situación política nacional, que tienen que ver con la ausencia de radicalización y la degradación de la discusión política que tiene como principal artífice al gobierno nacional, pero que también se lleva puesto al peronismo que, por ejemplo, no fue capaz de llevar ninguna idea o programa a la campaña electoral más que la necesidad de “frenar a Milei”. También al FIT-U se lo ve consumido por esta lógica, como se vio en las elecciones de este año.
[2] Para profundizar en esta definición remitimos a Roberto Sáenz, “Argentina: el país de la inestabilidad infinita”, en particular al apartado titulado “El peronismo como mariscal de la derrota”.
[3] Para ver el contraste entre la campaña electoral del FIT-U orientada por el PTS y la campaña realizada por el Nuevo MAS, recomendamos la lectura de “El anticapitalismo del Nuevo MAS vs. la autoproclamación del PTS/FITU”, por Juan Cruz Ramat.
[4] Este debate fue planteado en su momento y puede leerse en “Esos dedos en ‘V’ los hacen Solano y Del Caño también”, por el mismo autor de esta nota.
[5] Esta polémica también fue abordada en nuestra nota titulada “¿Institucionalidad o acción directa? Un debate con el PTS en Filosofía y Letras”.
