El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el primer día del año 2023.

La iniciativa es apoyada por 18 gobernadores. Se da en el contexto en el que la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto a su participación en la masa de la recaudación de los impuestos coparticipables.

El enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial suma ya varios capítulos. Desde la filtración escandalosa de chats que mostraban a jueces federales en reuniones secretas con funcionarios políticos del macrismo en Lago Escondido, pasando por la condena a Cristina, el reciente fallo de la Corte es una nueva batalla desatada en el seno del poder del Estado.

Macri había aumentado el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo, y luego Fernández -con la excusa de «resolver» un conflicto con la policía bonaerense que llegó a tener tintes golpistas- volvió a reducirlo a su monto anterior.

El Jefe de Gobierno Larreta presentó entonces una medida cautelar para retrotraer la acción de Fernández. Dos años después, en plena batalla abierta entre el ejecutivo y el judicial, la corte falló a favor del reclamo de CABA.

Más allá de la discusión técnica-jurídica -el gobierno nacional argumenta que la Ciudad no es una provincia- se trata de una pelea que involucra exclusivamente a los de arriba, con la que buscan, además, ocupar la agenda política con peleas en las alturas mientras, por abajo, las consecuencias de la crisis económica y de los planes del FMI las pagan los trabajadores.

Esto lo demuestra el hecho de que el Juicio Político tiene prácticamente nulas chances de prosperar debido a la composición del Congreso. Es verdad que el Frente de Todos tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político. Pero el mecanismo exige la aprobación con dos tercios de los votos una vez que baja al recinto, un número que le queda muy lejos al FDT y aliados. Por supuesto, los diputados de Juntos por el Cambio rechazarán la iniciativa.

El gobierno se conformará con que la cuestión ocupe los titulares de los medios durante algunas semanas, como forma de ganar algo de iniciativa política de cara al año electoral. En ausencia de poder mostrar algún «logro» en lo referente a lo social y económico, y mientras la principal fuerza de la oposición representa un plan de ajuste aún más brutal, los principales bandos de quienes ejercer el poder se pierden en su laberinto.

Los trabajadores sabemos muy bien el tipo de moral que manejan los funcionarios políticos y judiciales, y no nos sorprendemos al escuchar la connivencia obscena entre la justicia, los empresarios y los políticos capitalistas. Y también sabemos reconocer un circo cuando lo vemos.

La coparticipación, Larreta y la Corte Suprema

Cínicamente, Larreta festejó en redes sociales la resolución de la Corte: «El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible».

Las declamaciones principistas sobre «la Constitución y el federalismo» no tienen absolutamente nada que ver con la verdad. El único marco legal que rige los montos de la coparticipación es la ley de 1988, a la que nadie le presta mucha atención hace mucho tiempo. Desde ese entonces, los porcentajes correspondientes a cada provincia se han acordado en reuniones entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores.

Siempre fue una decisión política mutuamente acordada, jamás hubo un principio indeleble jurídico irrenunciable detrás. Poner en este caso de un lado la «Constitución» y el «Federalismo» en un épico enfrentamiento contra «el abuso de poder» es presentar los intereses momentáneos, electorales y personales del propio Larreta como iguales a los principios del «republicanismo».

La Corte Suprema, el gobierno y la «democracia»

El verdadero motivo de esta disputa es otro. La Ciudad de Buenos Aires fue el trampolín de «gestión» para que el PRO se pueda convertir en un partido con la capacidad de disputar la presidencia, como pasó en el 2015. Más fondos para ese distrito servía para cimentar su hegemonía en él, para fortalecer su principal baluarte. El gobierno nacional también lo lee de esa forma y por eso le pelea esos fondos. Se trata de una pelea en el fondo electoral, en la que ninguno se plantea siquiera que ese dinero sirva para mejorarle la vida a la mayoría. Ambos gobiernos, de maneras distintas, siguen el curso de un ajuste antipopular. La Corte Suprema, en esa pelea electoral, simplemente muestra estar del lado de Larreta.

La coparticipación es y fue siempre una decisión política. Nunca fue más ni menos que eso. Al entrometerse en las decisiones del Poder Ejecutivo, los jueces se postulan para gobernar sin que nadie los pueda elegir. Es lo que vienen haciendo también con sus arbitrajes judiciales en lo electoral, cuando con sus condenas tratan de decidir quién puede y quién no puede ser candidato.

La Corte aspira a tener un lugar parecido al que tuvo el Poder Judicial en Brasil a lo largo de los últimos años. Un poder no electo por nadie decidía quién podía y quién no podía gobernar. La prisión a Lula en 2018 le abrió las puertas al triunfo de Bolsonaro. Una «democracia» mutilada de esta manera pudo imponer más cómodamente los intereses de la clase dominante.

Para los jueces, para el larretismo, para una parte (tal vez minoritaria) de la clase dominante, la crisis es el peronismo mismo. No importa que haya demostrado ser la fuerza política más efectiva en la administración del capitalismo argentino, que lo haga con concesiones o gestos de concesiones a los trabajadores y sectores populares se ha vuelto demasiado incómodo. Y combatirlo en las elecciones no les basta, porque que pierdan en una no asegura que no ganen en la siguiente. Es entonces que Brasil aparece de nuevo como ejemplo: los planes de ajuste trascienden a las gestiones presidenciales. A nadie se le ocurre que Lula vaya a tocar nada de las contrarreformas de los últimos años. Es entonces que aparecen los jueces como la autoproclamada solución: quieren ser parte del gobierno del país sin la molesta fiscalización de la poco confiable voluntad popular. Entrometerse en la asignación de fondos del Estado nacional es parte de eso.