Quince gobernadores peronistas publicaron una declaración en la que plantean la «federalización» de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la continuidad de la pelea abierta por el control político del poder Judicial.
Luego de la guerra de maniobras entre la Corte, el kirchnerismo y el macrismo en torno al Consejo de la Magistratura, ahora salen a jugar también los mandatarios provinciales del peronismo. La iniciativa, que por ahora es sólo una declaración, propone que la Corte este compuesta por un magistrado por cada provincia del país. Se prevé que la propuesta tome forma de proyecto de ley en las próximas semanas.
La intención de ampliar la corte busca diluir el poder de la actual conformación, que le es políticamente esquiva al gobierno nacional.
Uno de los impulsores de la carta fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La gran mayoría de sus pares del peronismo también adhirieron. La iniciativa fue respaldada por Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfran (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Jorge Ziliotto (La Pampa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).
Pelea en las alturas
La guerra por el control del Poder Judicial está abierta hace tiempo, alimentada por los problemas judiciales abiertos de uno y otro lado de la «grieta». La disputa volvió a escalar hace poco cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por Cristina Kirchner en el año 2006.
El kirchnerismo respondió fracturando su bloque de Senadores. La maniobra hizo que pudiera entrar un consejero propio como segunda minoría, lugar que pretendía ocupar el cordobés Luis Juez, del Pro.
La carta de los gobernadores viene a aumentar la presión contra la Corte, que en sus manos tiene que decidir sobre cuestiones de fuerte impacto político, como las causas que involucran a la vicepresidenta.
Sin embargo, además de la disputa política, la cuestión también está atravesada por una pelea abierta por los fondos que reciben los gobiernos provinciales. La Corte Suprema debe decidir sobre la pelea abierta por los fondos de la coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.
En su momento, Nación argumentó que dichos fondos no le correspondían a la capital. Rodríguez Larreta judicializó la cuestión, y ahora el máximo tribunal es el que debe decidir sobre la constitucionalidad de la medida adoptada por el Ejecutivo. Obviamente, los gobernadores son una de las partes interesadas en que la decisión final favorezca al gobierno nacional, ya que las arcas de sus provincias se vieron beneficiadas por esos fondos.
Ahora, la propuesta de hacer una «Corte Federal» no tiene nada que ver por buscar una reforma estructural del antidemocrático y corporativo poder judicial. Simplemente se trata de otra maniobra política en el marco de la disputa entre los partidos del sistema por controlar esa enorme usina de poder que es la justicia. Como hemos dicho siempre, el Poder Judicial no sólo no es independiente, sino que es un terreno privilegiado de las peleas por arriba entre el personal político capitalista.
