Es el caso del juez Pedro Cornelio Federico Hooft, quien estaba juzgado principalmente por su actuación en la Noche de las Corbatas (julio 1977). Fue llamada así la trágica jornada en que secuestraron y desaparecieron a abogados defensores de trabajadores/as y víctimas de la represión y sus familiares (14 personas en su totalidad). Fundamentalmente, en la ciudad de Mar del Plata.

Según la Fiscalía interviniente: “…proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes”. (Página 12, 6/4/25)

Su “celebridad” la compartió con otros magistrados de la zona: Federico L’Homme, Rodolfo Ridecos, Edgardo Bernuzzi, Carlos Haller, Jorge García Collins, Alicia Ramos de Fondeville y Alicia Morell.

Sin menospreciar los servicios prestados por todo el elenco de jueces, Hooft se ganó el galardón principal: defensor de los genocidas involucrados a rajatabla. Sólo estuvo implicado en el entorpecimiento de 17 causas de víctimas de homicidios, torturas, secuestros, desapariciones. Defendió a “todos”, no quedó familiar de víctimas ni víctimas que no fuera alcanzado por su mano justiciera. Los habeas corpus presentados por ellos/as no pudieron avanzar hacia un enjuiciamiento correspondiente a los genocidas y sus socios intervinientes en estos casos trágicamente “históricos”; fueron “frenados” sobre su escritorio.

Las víctimas y sus familiares lo denunciaron en los estrados judiciales y desde las alturas de esos mismos estrados, con las firmas de todos los miembros de la Corte (incluido, desde ya, García Mansilla) fue rescatado nuevamente. Y desde allí le otorgaron la impunidad reclamada.

García Mansilla dejó su marca de agua en la última resolución que firmó. “Marca de agua” no muy diferente a la que nos han dejado otros magistrados que actuaron durante la última dictadura militar y posteriormente, avalando en los hechos y “por derecho” la barbarie del genocidio. Hooft tiene a quiénes agradecer su impunidad.