Tras cumplirse 5 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería, su hermano Sergio se presentó esta semana ante el tribunal de Comodoro Py para exigir que se revierta el cierre de la investigación y los sobreseimientos que dispuso el juez Daniel Rafecas en torno al espionaje y persecución de la Gendarmería sobre la familia de Santiago y organizaciones de Derechos Humanos.

La causa presentada en 2017 por los abogados de Sergio Maldonado, complementaria a la de la desaparición forzada seguida de muerte, permaneció paralizada durante más de 4 años para que finalmente el mes pasado Rafecas la “diera por cerrada” sin encontrar delito ni criminales en las evidentes y probadas tareas de inteligencia por agentes de Gendarmería sobre el hermano y la pareja de Maldonado, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y referentes mapuches.

El espionaje ilegal y la criminalización de la protesta social que ejerció el Estado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, explica que entre los involucrados sobreseídos por el juez  se destaquen el ex número tres del Ministerio de Seguridad de aquel momento, Gonzalo Cané, y el ex jefe de Gendarmería en El Bolsón, Fabián Méndez.

Para Rafecas, “no se desprende ninguna tarea de inteligencia ilegal” por parte de Gendarmería y las escuchas y seguimientos a los parientes de Maldonado se ordenaron para evitar “diversos cortes de ruta y episodios que derivaron -o habrían podido derivar- en situaciones alteración del orden público” en el contexto de movilizaciones que generó la desaparición de Santiago.

La justicia justificó así el espionaje ilegal practicado desde el estado a través de Gendarmería, que persiguió, controló movimientos y hasta capturó mensajes privados como una “actividad lícita”, lo que sienta un peligroso precedente para los luchadores y organizaciones que se plantan frente a las calumnias del estado, la búsqueda de verdad y justicia y su represión.

Resulta manifiesto como ante casos de desaparición forzada a manos de fuerzas de seguridad como, salvando las distancias, los de Luciano Arruga o Facundo Castro, el espionaje a miembros de la familia y organizaciones que exigen justicia se vuelve recurrente.

La solidaridad masiva que despertó la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado pese a los intentos de demonizar su figura, perseguir y hostigar a la familia desesperada, difundir sistemáticamente calumnias y mentiras frente a la represión a la comunidad Mapuche, permitió resistir los intentos macristas por garantizar la impunidad.

Hoy, pese a que ya pasaron tres ministros de Seguridad y bajo el actual gobierno del Frente de Todos, la justicia pretende rechazar nuevas pruebas e incluso testimonios que desmienten la versión oficial. La violencia e impunidad del estado “democrático” sólo podrá ser enfrentando desde la más amplia solidaridad con esta causa y la lucha en las calles.