Mientras Milei aprovechó la apertura de sesiones ordinarias para intentar tender un puente con los gobernadores -reculando así de su estrategia inicial meramente «confrontativa»- el mega DNU que el gobierno publicó el pasado 21 de diciembre corre serias chances de ser rechazado en el Congreso.
Como cada día que pasa el decreto continúa en vigencia, hasta ahora la estrategia oficialista ha sido sencillamente dilatar la cuestión: en el Senado, Victoria Villarruel hizo caso omiso a más de 10 pedidos de tratamiento del DNU, la mayoría impulsados por el bloque de Unión por la Patria.
Esta eventual mayoría en rechazo al DNU es un efecto colateral de lo que fue el fracaso del gobierno por la Ley Ómnibus, golpeada por el paro general y la movilización popular y que terminó de naufragar luego de que se cortaran todos los puentes entre el oficialismo y la «oposición» aliada.
Luego del fracaso de la Ley, los vínculos entre Milei y los dialoguistas continuaron deteriorándose luego de lo que fue el enfrentamiento entre el ejecutivo nacional y algunos gobernadores, en particular el de Chubut, de Juntos por el Cambio, en plena disputa por los fondos de la coparticipación.
Es en esa medida, sumada al rechazo popular que cosechó tanto la ley como algunas de las medidas reaccionarias contenidas en el DNU -como por ejemplo la derogación de la ley de alquileres- que al día de hoy el decreto tiene más chances de ser rechazado que ratificado en el congreso.
Así hay que entender el hecho de que, a pesar de su retórica belicosa, el contenido del discurso de Milei del pasado viernes haya sido, en cambio, conciliador: su llamado a llevar adelante una cumbre titulada «Pacto de Mayo» no es otra cosa más que la confesión de que el Ejecutivo necesitará acordar con las provincias para gobernar. Todo esto oculto y disfrazado de un discurso contra la «casta», al mismo tiempo que se llamaba a ésta a negociar puntos que Milei considera fundamentales para el país.
En realidad, lo que está en juego es la viabilidad misma del plan de ajuste brutal del gobierno, que incluye reformas estructurales reaccionarias para la clase trabajadora del país.
No porque los gobernadores sean garantía de ningún derecho democrático sino sólo por cuestiones atadas a la gobernabilidad es que Milei tiene que llamarlos a pactar. Pero todavía el gobierno está muy lejos de hacer efectivo dicho pacto. Mientras tanto, le tiempo corre y el DNU tiene que tratarse, mientras el gobierno no cuenta con los votos en el Senado, y difícilmente los reúna también en diputados.
Mientras faltan casi tres meses para el «pacto de Mayo» y lo peor del ajuste -según afirma el propio gobierno- todavía está por delante, el futuro del DNU no está para nada escrito, a pesar de que esté en vigencia actualmente.
