El gobierno prepara despidos masivos de estatales para el fin de semana largo de Semana Santa, esperando que las mini vacaciones le den algo de amortiguación al escándalo. En las últimas dos semanas ya se efectivizaron cientos de despidos y se anunciaron otros tantos. Este martes, 900 despidos en el INAFCI y el Consejo de Agricultura Familiar. A esto se suman 170 despidos en el INCAA, más de 200 en AySA y 50 en el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).

En varios organismos, como el PAMI, los despidos estuvieron acompañados por una reestructuración salvaje de las dependencias estatales, desguazando sus funciones sociales. En la Cancillería, territorio de Diana Mondino, se esperan entre 300 y 400 despidos.

Pero eso sería sólo el prólogo de una verdadera ola de despidos masivos.

«Se hizo una revisión área por área de todos los contratados. Cada sector pidió por algunos empleados, no se van a echar a todos, pero los contratos que vencen el 31 no se renuevan», declaró a La Nación una fuente del gobierno. Se trata de la forma elegante de decir que se dejará en la calle a todos los trabajadores posibles. La masividad de la medida desmiente cualquier criterio área por área. Se trata por el contrario de una política de recorte brutal con un único criterio: abaratar costos en sueldos y en servicios sociales.

A sólo diez días del fin de los contratos prorrogados, los rumores de despidos ya se imponen como una verdad a gritos y generan bronca y malestar en todas las dependencias del Estado. Inclusive sectores de funcionarios medios de distintas dependencias salieron a rechazar la medida antes de que se efectivice.

Es el caso del ex director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. El funcionario renunció este martes luego de que el gobierno lo intimara a confeccionar una lista de 50 empleados para ser despedidos de su dependencia.

De conjunto, se estima que el recorte en algunos sectores podría abarcar al 30% de la estructura. De concretarse, estos números (proporcionados por el propio gobierno) hablarían de un ataque sin precedentes a las estructuras estatales en toda regla. Un verdadero desguace estatal con elementos de saqueo nacional.

Rechazo

El rechazo a los despidos de estatales este fin de semana largo ya se murmura en los edificios públicos. De hecho, el propio gobierno ya descuenta que habrá muestras de rechazo y resistencia en distintos sectores sindicales del Estado. La duda radica en las proporciones de las medidas que podrían venir.

Hasta el momento, la actuación de los sindicatos estatales (ATE y UPCN) viene siendo particularmente dócil, con movilizaciones que respetan el Protocolo Antiprotesta de Bullrich. Es claro que con ese tipo de medidas no alcanza para impedir ataques globales y brutales como el recorte que prepara Milei.

En todo caso, la magnitud del ataque podría despertar los ánimos de miles de trabajadores estatales que se encontraban a la expectativa, presionando a las direcciones peronistas por medidas menos tibias.

De hecho, el rechazo a los despidos ya comienza a traspasar las puertas de las dependencias oficiales para cosechar solidaridad en distintos sectores de la sociedad. El intento de cierre en Télam (la mayor agencia de noticias del país) generó una fuerte solidaridad.

Lo mismo sucedió en el caso del INCAA tras los despidos y la amenaza de venta del histórico Cine Gaumont. Una masiva movilización nutrida por actores, personalidades artístiticas, trabajadores y estudiantes de las Universidades de Artes fue reprimida por la policía de Bullrich y Jorge Macri la semana pasada.