La semana pasada, el gobierno emitió un DNU para incorporar como ingreso al presupuesto los DEG (derechos especiales de giro) que el FMI otorgó a la Argentina, representando US$ 422.174 millones, pero ojo…

La trampa es que el DNU también autoriza al Banco Central a utilizar ese giro para pagar parte de la deuda con el FMI. Es decir, apenas ingrese el dinero será liquidado para pagar deuda.

El Decreto de Necesidad y Urgencia puede considerarse un intento de cerrar la discusión sobre la ejecución del gasto, cuestionada por Cristina en la carta pública emitida el jueves pasado, en la que señalaba que aún quedaba por ejecutar un 2,4% del presupuesto, más del doble de lo ejecutado, «a 4 meses de que termine el año».

En la dura carta que publicó Cristina, la vicepresidenta expresa también que el déficit fiscal representa un 2,1% del PBI, y que según los cálculos del gobierno debía alcanzar el 4% a fin de año. Es decir que hay caja para paliar la situación económica y, bajo su óptica, utilizar ese dinero para tratar de revertir la derrota electoral de cara a noviembre. Según Cristina, unos $862.000 millones.

El cambio de gabinete en función de una formación más «peronista clásica», con figuras de peso y algunas con un perfil repudiada por los movimientos progresistas y de izquierda (ver el caso de Manzur y Aníbal Fernández), fue el punto de consenso con el que el FDT busca sanar la herida abierta que dejó la debacle electoral del pasado domingo 12/9.

El «cachetazo electoral» precipitó un giro en el eje del discurso oficial y debate mediático mediático de las fuerzas mayoritarias. La economía pasó a primer plano, con eje en el deterioro de su situación económica de miles de familias trabajadoras. Eje que muy correctamente resaltó en la campaña electoral de Manuela Castañeira y el Nuevo MAS, instalando en el marco de la campaña electoral la necesidad de un salario mínimo de 100.000 pesos.

El kirchnerismo no cuestiona el acuerdo con el FMI ni el ajuste que implicaría, simplemente presiona por una expansión del gasto que permita revertir el cachetazo electoral, pateando el ajuste más duro para 2023. Ajuste que, con más o menos maquillaje «progre», todos los partidos tradicionales quieren seguir descargando sobre las espaldas de los trabajadores.