El papel de los movimientos sociales en la realidad política ha ido en aumento en los últimos años. Sobre todo desde 2014-2015 hasta hoy, con el crecimiento casi ininterrumpido de la pobreza y la indigencia.
La jornada de lucha de las organizaciones piqueteras comenzó protestando contra la persecución judicial y política en Tribunales. Convocaron allí el Polo Obrero, el MTR, el FOL, entre otros movimientos. Fue parte también la izquierda, como el Nuevo MAS y su referente Manuela Castañeira.
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Bajo el discurso de que la ayuda social «no debe tener intermediarios», una idea que reiteró ya en varias oportunidades, Cristina salió fuerte contra las organizaciones que gestionan los planes sociales. Además, sostuvo que «con este nivel de desocupación no debería haber tantos planes sociales». Se sumó así a una campaña político-mediática que intenta instalar que las organizaciones son corruptas, que se quedan con la plata que le corresponde a los beneficiarios y que manejan discrecionalmente el dinero que proviene del Estado.
Con la embestida de CFK se logró así un «consenso reaccionario» en todo el arco político capitalista del país contra los movimientos sociales, desde la derecha liberal-fascista de Espert hasta el «progresismo» kirchnerista. Este consenso político comenzó ya a tener consecuencias que van más allá de los discursos, pasando a los hechos.
Uno de los ejemplos más graves es la oleada de allanamientos y detenciones a líderes piqueteros en la Jujuy gobernada por Gerardo Morales. El 6 de julio pasado la policía allanó 16 locales de diferentes organizaciones en el marco de una causa caratulada de «asociación ilícita y extorsión». Más grave todavía es lo que reveló esta semana el diario Página 12: el fiscal que lleva adelante la causa ordenó que agentes de la policía se infiltren en las organizaciones «con el fin de ‘individualizar’ a sus referentes».
El gobierno reaccionario de Morales se puso a la cabeza de la persecución, pero está lejos de ser el único. En la justicia federal ya fantasean con armar una «megacausa» contra organizaciones piqueteras a partir de denuncias contra Eduardo Belliboni y el Polo Obrero. Esta causa con la que el fiscal Eduardo Taiano impulsa desde el año pasado, por «posible conducta extorsiva y amenazas» dirigida contra los referentes de las principales organizaciones sociales.
