Gerardo Morales infiltró ilegalmente a organizaciones sociales

Constituyeron "grupos de trabajo" para infiltrarse en las organizaciones con el objetivo de "individualizar" a los referentes y activistas de las organizaciones.

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infiltración a movimientos sociales

El día 6 de este mes tuvo lugar la gravísima serie de 16 allanamientos a locales de diferentes organizaciones sociales en la provincia de Jujuy. Esta acción persecutoria e intimidatoria fue enmarcada en una causa por «asociación ilícita y extorsión». La causa fue impulsada por el fiscal Diego Ignacio Funes con la venia del gobierno de Gerardo Morales.

Un nuevo hecho salió a la luz a partir de estos sucesos y es tan escandaloso como peligroso en materia de la ofensiva reaccionaria contra las organizaciones sociales y políticas, sus referentes y militantes. Página/12 dio a conocer esta mañana que el 31 de marzo el mismo fiscal Diego Funes emitió la orden donde designó a «grupos de trabajo» de agentes de la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial. Funes dispuso “infiltrar” a los mismos en las organizaciones sociales que se movilizaron en esa fecha ante la apertura de sesiones de la legislatura provincial a fin de “individualizar” a sus referentes.

La Agencia provincial de Delitos Complejos, ideada en teoría para tratar delitos como el narcotráfico, depende directamente de gobernación. Según trascendió, crearon fichas personales de casi 80 dirigentes y militantes. En su accionar infame – aunque tan común entre los gobiernos capitalistas en democracia – recabaron fotos, incluyendo todo tipo de datos personales. Contaban con detalles de sus actividades hasta de las personas con las que viven, pasando por datos sobre sus cuentas bancarias, inmuebles e información del registro automotor.

El fiscal Funes encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública. La información que sale a la luz revela el carácter premeditado y organizado de la persecución política comandada por Morales que ejecuta el poder judicial provincial. Se trata de toda una declaración de guerra contra organizaciones sociales, de izquierda y comunidades originarias. La persecución y criminalización se despliega en todo el país como política contra quienes se organizan para hacer frente a la aguda crisis social que sufre el pueblo trabajador producto de cumplir las metas del FMI.

Según pudieron saber los abogados que patrocinan la defensa de referentes sociales, la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de Morales labró un acta donde revela el espionaje. En un pasaje se explicita que:

En fecha 31 de marzo del 2022 siendo las 18.30 el señor fiscal de investigaciones Dr. Diego Ignacio Funes transmitió directivas donde solicitaba que personal de esta agencia en el día de la fecha se constituya sobre los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes de cada organización como así también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización, por lo que siendo las 8.00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones…

La criminalización y persecución crecen al calor del ajuste de los gobiernos nacional y provinciales

En las siguientes fojas se detalla cómo aquel 31 de marzo cinco oficiales de la policía supervisados por el comisario Marcero Rodríguez estuvieron presentes en la movilización. Para esta «tarea» se menciona que los policías formaron parte de comisiones y espacios de varias de las organizaciones que recientemente fueron allanadas.

Entre ellas, están la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, Nuestramérica, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), hasta el Consejo de Pueblos Originarios, Barrios de Pie, el MTR 12 de abril, el Polo Obrero. El operativo también implicó la infiltración en organizaciones sindicales varias, como ATE y hasta entre trabajadores despedidos de Garbarino.

Como dijimos anteriormente, la infiltración y obtención de información vía tareas de inteligencia por parte del Estado, gobiernos y funcionarios es patrimonio de gobiernos de todos los colores. Durante el mememismo se realizaban este tipo de «tareas» contra organizaciones y militantes por los derechos humanos y de trabajadores. También durante el kirchnerismo hubieron pruebas de este tipo de accionar en conflictos como el de Lear y Gestamp (a partir de los cuales salió a la luz el Proyecto X). Incluso Macri, varios de sus  funcionarios y miembros de las fuerzas represivas han sido beneficiados estos días con el cierre de causas donde los denunciaron por la intimidación y espionaje ilegal de los familiares de Santiago Maldonado, entre otros. 

El trasfondo grave de lo que ocurre en Jujuy, que se replica en diferentes provincias del país, es el recrudecimiento de los ataques que plantea llevar a cabo el ajuste y los proyectos entreguistas impulsados por la política extractivista del gobierno y la oposición de derecha.  La criminalización y persecución de las y los luchadores se pone a la orden del día. Enfrentar estos zarpazos reaccionarios desde abajo, sin dudas también. Tras los allanamientos, las y los abogados que llegaron a Jujuy se toparon con al menos 58 denuncias sobre de hechos de represión, detenciones arbitrarias, torturas, intimidaciones, desalojos y robo de tierras y violencia sobre comunidades originarias.

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