Para entender el anuncio de Llaryora del aumento de las jubilaciones es necesario considerar dos cosas importantes.
Por un lado, la cercanía de las elecciones nacionales: en octubre deberán renovarse decenas de bancas en el Congreso, y los gobernadores —incluso los aliados del gobierno nacional, como Llaryora— buscan desmarcarse de la gestión de Milei para fortalecer a sus propios candidatos. En este contexto, la cuestión jubilatoria se vuelve un recurso para diferenciarse del gobierno «libertario» y ultracapitalista del presidente, que ha puesto los haberes previsionales y los derechos laborales en el centro de sus ataques, con la complicidad de gobernadores que hoy prefieren mirar para otro lado.
A esto se suman las tensiones entre las provincias y la Nación por los giros de fondos que la administración libertaria se niega a enviar, generando conflictos constantes.
Por otro lado, las jubilaciones tocan un nervio sensible en la población trabajadora argentina, que las considera un derecho legítimo y rechaza cualquier intento de recortarlas. Esto se evidencia en las marchas semanales de los miércoles, reprimidas sistemáticamente por el gobierno. Estas movilizaciones mantienen el tema en la agenda pública y afectan la imagen de Milei y sus ministros. La represión y el ajuste a las marchas de los jubilados generan repudio popular. Un caso emblemático fue cuando el fotoperiodista Grillo estuvo a punto de ser asesinado por las fuerzas represivas durante la represión.
En Córdoba, el reclamo jubilatorio tiene un peso similar. Al igual que en Buenos Aires, cada miércoles hay movilizaciones por esta causa. Aunque Llaryora busque hoy diferenciarse con este aumento, no se debe olvidar que fue durante la gestión de su partido y en plena pandemia, con distintos gobernadores, que se eliminó el 82 % móvil, por el que aportaron miles de trabajadores que ahora perciben un magro 67%.
Además, el aumento anunciado por Llaryora tiene un alcance limitado: solo beneficiará a 18.000 jubilados y depende de los giros de la Nación, por lo que ni siquiera está garantizado. En este contexto, la medida parece más un acto de demagogia electoral capitalista que una verdadera solución.
Al respecto, Julia Di Santi, referente del Nuevo MAS en Córdoba, declaró en una entrevista con este medio:
“Se llenan la boca hablando de la mejor jubilación del país; lo mismo hacen con el sueldo docente. Ocultan que fueron ellos quienes, en plena pandemia y bajo el gobierno de Juan Schiaretti, aprovecharon para modificar la ley de jubilaciones. Hoy la planta provincial se jubila con un 67 %. Ellos destruyeron el 82 % móvil. Lo de Llaryora es pura demagogia y pose; sigue sin diferenciarse de Milei.
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En Córdoba, como en el resto del país, vemos la destrucción de la educación, la salud, las jubilaciones y el empleo. El gobierno nacional busca llevar a la Argentina al ultracapitalismo y acabar con el derecho a una jubilación digna. Vamos a seguir reclamando por el 82 % móvil. Queremos un salario y una jubilación que nos permitan vivir: $2.000.000”.
El ataque a las jubilaciones es parte del avance ultracapitalista que quiere imponer Milei en nuestro país, al que Llaryora de ninguna manera se está oponiendo. El FMI le demanda la aplicación de reformas estructurales, entre ellas la jubilatoria, que significará un nuevo ataque a conquistas históricas de la clase trabajadora. Todos los derechos conquistados se encuentran cuestionados por el capitalismo del Siglo XXI y la ultraderecha se ha lanzado en todo el mundo a la tarea de avanzar sobre ellos.
Estas elecciones estarán sin duda atravesadas por el debate estratégico del plan económico de los gobiernos nacional y provinciales. Tenemos la tarea de dar visibilidad a las enormes problemáticas que se acumulan entre las/os trabajadoras/es, mujeres, juventud, comunidad LGTTBI y jubiladas/os y que no serán resueltos por las contrarreformas que preparan el FMI y Milei a favor de los capitalistas.
