A tono con el resto de las sentencias que salen de las salas justicieras, una condena tardía, pero paradigmática de la participación empresarial en el plan y la ejecución del golpe militar del 76.

La empresa de la provincia de Salta, La Veloz del Norte,  y sus empresarios fueron uno de los íconos de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad. Esa “chapa” se la ganaron no sólo, como muchos otros, tener secuestrados en su área empresarial, así como en la Comisaría Cuarta, sino por la contundencia y eficacia con que ejercieron la represión ilegal en su zona de influencia, no dejando rastros muy visibles de su accionar criminal. La Veloz del Norte se ganó, con la sangre, el sufrimiento y secuestro de varias decenas de trabajadores/as, una “chapa” de oro de los cómplices empresariales.

La población fue testigo de los hechos y los testimonios se transmitieron a través de las generaciones y, aunque el principal responsable, el empresario Marcos Levín, recibió su sentencia post mortem (falleció el año pasado), otros responsables importantes fueron  alcanzados por la pena de 16 años de prisión por los delitos cometidos contra 17 trabajadores (las víctimas fueron más). Ellos son el que fuera jefe de personal de la firma, José Antonio Grueso y el comisario Víctor Hugo Almirón. Así lo dictaminó la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, después de años de recorrido judicial.

Es muy poco en relación al número de trabajadores/as y población de la zona afectado/as y sus consecuencias dramáticas, pero grande en dimensión en relación a uno de los grupos económicos más “disciplinados” en llevar adelante el genocidio perpetrado bajo las órdenes del gobierno de los jefes de las FFAA en 1976.

La lucha por la condena a más represores con uniforme o sin él, a cómplices de todo tipo y pelaje, sigue en pie y hacia adelante, aunque nos pongan piedras en el camino, cierren Espacios de Memoria y otros ataques siniestros.