Por Agustín Vargas

Los calabozos de la comisaría tercera de Echeverría, situada en el barrio de Transradio, habían sido declarados inhabitables por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora por sus pésimas condiciones, dando orden de clausurarlos. Sin embargo, la clausura fue ignorada por el Poder Ejecutivo de la Provincia y la Tercera alojaba hasta el 15 de noviembre a 27 detenidos (teniendo una capacidad para 10).

La mayoría llevaba varios meses detenidos ilegalmente (más allá del límite legal de días que alguien puede permanecer en un calabozo de comisaría, y por delitos excarcelables como tenencia de estupefacientes) en las peores condiciones imaginables: se turnaban para dormir en el piso, sobre una frazada porque no había colchones, les habían cortado la luz y el agua. La policía de la comisaría, que quiso instalar la hipótesis de que el incendio había sido fruto de un motín, no fue capaz de apagar el fuego y evacuar los calabozos, siendo que la comisaría se ubica al lado de un destacamento de bomberos.

Con el transcurso de las semanas fueron falleciendo varios de los detenidos heridos, alcanzando la cifra de 10 el 12 de diciembre, con el fallecimiento de Fernando Martín Argüello.

Las pésimas condiciones de detención y la superpoblación no son un fenómeno aislado sino que se repite en toda la provincia. Según un relevamiento de la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) la cantidad de detenidos en comisarías de la Provincia aumentó un 93% durante el mandato de Vidal, mientras que 252 comisarías se encuentran inhabilitadas (el 55% del total), de las cuales 109 siguen siendo utilizadas, y la superpoblación en de las seccionales asciende al 246% (1).

Estos datos dan cuenta de que la masacre de la Tercera de Echeverría no es un accidente sino consecuencia directa de la política del gobierno de Vidal – Macri. Se está viviendo una escalada represiva del gobierno de Cambiemos, que se hace especialmente brutal en los barrios populares del conurbano y el interior del país (con hechos como el asesinato de dos militantes de la CTEP en La Matanza y Córdoba y la legalización del gatillo fácil con el Protocolo Chocobar de Bullrich).

En este contexto, el sistema penitenciario cumple el papel de disciplinador social. Las comisarías se usan como depósito humano para personas provenientes de los sectores más empobrecidos de la población, los más golpeados por el ajuste del gobierno de Cambiemos, que son detenidos sin justificación alguna durante meses y en las peores condiciones.

Es claro que la responsabilidad de la muerte de los 10 detenidos no es solo de los policías que operaron negligentemente en la Comisaría Tercera (hasta ahora 5 de los efectivos que se encontraban en funciones esa noche fueron desafectados de sus tareas), sino que hay una eminente responsabilidad política del gobierno Provincial de Vidal, de su Ministro de Seguridad y de la Justicia Provincial.

Notas:

• https://www.tiempoar.com.ar/nota/denuncian-a-vidal-y-dos-ministros-por-las-10-muertes-en-la-comisaria-clausurada