El gobierno cedió a la derecha y Fernández enviará personal del Ejército a Rosario

El gobierno anunció la movilización de 1.400 policías federales y miembros del Ejército a Rosario. Un programa represivo que no soluciona la complicidad estatal con el narcotráfico.

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Los sucesos de las últimas 72 horas obligaron al gobierno nacional a sentar posición y accionar frente a la situación que atraviesa Rosario. Y no se trata de que el problema narco sea nuevo. Todo el arco político es consciente de que esta situación data de hace años.

Tanto la centroizquierda que gobierna Rosario (y gobernó la Provincia largo tiempo) como el peronismo y la oposición (que gobernó el país durante 2015 – 2019) decidieron, cuando tuvieron la oportunidad de actuar, dejar correr los acontecimientos. Sucede que hay grandes intereses dentro de sectores del propio Estado que empujan a dejar que el negocio narco siga sus operaciones normalmente. Se trata del entramado de policías, comisarios, jueces y políticos que hacen negocios con el crimen organizado.

En términos políticos, quizá nadie estuviera tan interesado en no actuar como el propio Fernández. Está comenzando el calendario electoral. Y, tras cuatro años de una gestión desastrosa en todos los planos, el fernandismo no desea pagar el recibo por el desastre narco en Rosario. A eso se debieron las interminables gambetas de Aníbal Fernández y del propio Alberto al ser cuestionados por la responsabilidad del gobierno federal sobre la situación.

El barrio que dijo basta

Fueron lo sucedido el lunes en el barrio Los Pumitas lo que terminó de instalar el problema en el centro del debate público nacional. La micropueblada que expulsó a los transas del barrio ubicado sobre la ribera del río Ludueña demostró dos cosas. Primero, que el accionar de las bandas narco que operan con la complicidad del Estado está generando estragos sobre las condiciones de vida de los sectores más humildes de la población rosarina. Por detrás del circo mediático montado por los medios para facilitar las operaciones electorales de la oposición hay una población que ha sido tomado como rehén.

Segundo, que si el Estado no actúa sobre el problema, la situación podría salirse de control. El narcotráfico se convirtió en parte de la gestión capitalista normal del país, como sucede en casi todo el planeta. Ni el gobierno ni la oposición están realmente interesados en terminar con los negocios que funcionan en los márgenes de la sociedad, justamente porque es el funcionamiento normal de la sociedad capitalista (que genera cada vez más desigualdad y pobreza) lo que crea el negocio narco, sus clientes y sus víctimas.

La oposición de derecha busca instrumentalizar el problema para conseguir rédito electoral e instalar la idea de que se necesita más represión. El gobierno, por otro lado, sólo intenta mantener el problema narco dentro de los límites de lo administrable.

El Estado capitalista argentino está dispuesto a aceptar la presencia y extensión del negocio de la droga. Lo que no está dispuesto a aceptar es cualquier tipo de estallido social (como el visto en Los Pumitas, aún a pequeña escala) que desafíe el dominio de las fuerzas represivas sobre los barrios populares. Sucede que los vecinos no cuestionaban únicamente la presencia narco, sino la complicidad de la Policía y el Poder Judicial con el crimen organizado.

Hincando la rodilla ante la derecha reaccionaria

Pero el gobierno es incapaz de plantear una salida real e integral al problema. La razón es simple. Para eso haría falta remover las bases de la economía (terminar con la miseria y la marginalidad) y desmantelar el aparato represivo y judicial que permite y regentea el narcotráfico.

Por eso Fernández decidió recurrir a las recetas que la derecha viene agitando desde hace días. «He dispuesto el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario», decía esta mañana en un video grabado en la quinta de Olivos.

«En segundo lugar, he decidido que el Ejercito Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución». 

Se trata únicamente de medidas represivas: movilizar una mayor caudal de efectivos sobre el territorio rosarino. Pero Fernández no dijo ni una palabra sobre la toma de medidas al interior del aparato represivo. ¿Qué se hará para terminar con la complicidad de la policía y el Poder Judicial con el narcotráfico? Esa complicidad es la piedra basal del narconegocio.

Sin atacar ese problema, el aumento del personal represivo sólo redundará en una mayor represión sobre la población civil en general. Aumentar el control sobre el territorio de fuerzas demostradamente cómplices sólo puede fortalecer la corrupción policial y los negocios turbios.

La movilización del Ejército, por otro lado, sienta un precedente sumamente peligroso. Desde la caída de la dictadura, la participación de las FFAA en tareas de seguridad interna quedó tácitamente prohibida por el rechazo masivo de la sociedad. Fernández lo sabe y por eso redundó en que el cuerpo de ingenieros sólo realizaría «tareas de urbanización» y habló de «las Fuerzas de nuestra democracia».

Pero esto último son puras palabras. Es sabido que dentro de las Fuerzas Armadas siguen operando elementos de continuidad con la dictadura. Fue el caso de Milani, premiado por la propia CFK durante su mandato. Lo mismo sucede con la Policía Federal y los organismos de inteligencia, oprobiosamente involucrados en el atentado contra la vicepresidenta ocurrido en septiembre.

Fernández tampoco aclaró el volumen de efectivos que sería movilizado. En todo caso se trata de una concesión simbólica al programa represivo de la derecha. Durante semanas los sectores más reaccionarios del arco político presionaron sobre el debate público para instar el envío de las FFAA a Rosario. El peronismo ha cedido sin chistar para intentar salvar su imagen pública.

 

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