La excusa planteada es que, en tanto no hay un sistema para corroborar quienes son beneficiarios de planes y ayudas sociales, no se puede habilitar la compra. Las medidas del gobierno establecen que quedan excluídos de la posibilidad de compra quienes tienen ayuda social.

Esta dilación sólo perjudica al ahorrista de a pie, a los miles de trabajadores que encontraban en esa compra el único método de ahorro ante la incertidumbre de la economía nacional y de la devaluación permanente de la moneda argentina.

Por otra parte, las medidas tomadas por el gobierno no frenan la fuga de capitales ni las diversas maniobras financieras realizadas por los especuladores de las finanzas.

Mientras se perjudica a los ahorristas, se evita tomar medidas que vayan contra los intereses de los grandes capitalistas. En estas condiciones, la aspiración desesperada de reducir la sangría de dólares del BCRA cae en saco roto.

El gobierno, en lugar de suspender el pago de la deuda externa, exigir el reingreso de fondos en cuentas privadas de los multimillonarios del país u obligar la liquidación a los agroexportadores, apunta contra los trabajadores y su capacidad de ahorro. Una situación que pone de manifiesto su carácter capitalista y de concesión a los poderosos.